Las exoneraciones fiscales y el sector turismo

Por: Hugo Noé Pino

El Congreso Nacional aprobará en los próximos días una ley de incentivos al sector turismo, para lo cual el sector gobierno ha montado una campaña publicitaria señalando los potenciales beneficios en generación de inversión, divisas, empleo, etc.  Lo interesante de la discusión es que, pese a que dan cifras de potenciales beneficios en cuanto a generación de empleos, divisas e impuestos futuros, no se presenta ningún estudio que muestre estos resultados.  En otras palabras, tenemos que confiar en las palabras de los funcionarios públicos y de los empresarios que se benefician de las exoneraciones. A esto hay que agregar como varios sectores aceptan estas explicaciones sin cuestionarlas.

El proyecto en discusión merece diferentes consideraciones. La primera, como ha sido tradicional en el presente gobierno, y cuya manifestación principal es el mal llamado Plan 20-20, la promoción de la inversión está basada en exoneraciones fiscales, es decir la renuncia del Estado hondureño a ingresos. Diversos estudios a nivel internacional y regional muestran que la exoneración de impuestos no es el camino para promover la inversión; el último de estos trabajos es el titulado “La eficacia de los incentivos fiscales a la inversión en Centroamérica” publicado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) el año pasado (el documento se puede encontrar en http://icefi.org/sites/default/files/icefi_ints_la_eficacia.pdf). Estas investigaciones muestran que la seguridad ciudadana, la seguridad jurídica, infraestructura, el acceso al crédito y la capacitación de la mano de obra son factores decisivos en la decisión de invertir en un país.

Algunas veces las exoneraciones fiscales se justifican cuando las empresas empiezan a operar y el objetivo es consolidar el rubro; pero el proyecto de ley en discusión no se remite a nuevas inversiones, sino que además de las exageradas exoneraciones, se quiere extender los beneficios a inversiones ya realizadas, es decir con efectos retroactivos. 

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Segundo, se utiliza el argumento que el desarrollo del sector turismo está paralizado porque no cuenta con incentivos suficientes, cuando en la actualidad existe una ley que data de 1998 con beneficios claros para el sector. Por los abusos de los diferentes sectores con las exoneraciones es que el Decreto 278-2013 (que estableció el aumento de impuestos a la mayoría de la población) con el fin de justificar los nuevos impuestos, señalaba: “Considerando: que los diferentes sectores de la sociedad que han gozado por más de medio siglo de beneficios tributarios, deben contribuir al bienestar de los sectores más pobres de la población, a fin de contribuir a una sociedad más justa y equitativa.” Claramente este discurso no se concretizó dado que las exoneraciones no se revisaron ni disminuyeron, al contrario, se han aumentado.  

Una tercera consideración tiene relación con la equidad horizontal en el pago de los impuestos. En Honduras existen otros grupos empresariales que arriesgan capital y crean empleo, pero también pagan impuestos. Cuando el gobierno exonera selectivamente, no solo mina la moral tributaria, sino que también crea grupos privilegiados, que en su mayor parte se benefician por sus contactos políticos. En el caso de turismo hay sectores que ha venido recibiendo exoneraciones y que ahora quieren que se les aumenten; por ejemplo, extender las exoneraciones del pago del impuesto sobre la renta de 10 a 15 años.  

El proyecto de ley también incluye aspectos negativos como la expropiación de tierras denunciadas por OFRANEH; la violación a la autonomía municipal al prohibir establecer tasas o impuestos más allá de la de bienes inmuebles; así como incentivos migratorios. Todos ellos deben analizarse con mucho cuidado.

Una última consideración tiene que ver el sentido político del proyecto de Ley. El gobierno actual en su afán reeleccionista sabe muy bien que no ha podido resolver el problema número uno de la mayoría de la población, como es el desempleo. Por lo tanto, se requiere de una estrategia publicitaria que presente que en los próximos cinco años del Plan 20-20 se crearán seiscientos mil empleos. De esos 600,000 empleos, 250,000 se crearán en el sector turismo. La pregunta válida es por qué en vez de esperar los próximos cinco años (por cierto, ya van casi dos desde que el Plan 20-20 fue anunciado), esos empleos no se crearon en los últimos cinco años, porque esperar hasta el año electoral para “descubrir” que el turismo tiene un fuerte potencial en el país.

Se espera que esta Ley sea ampliamente discutida en el Congreso y que prevalezcan el principio de equidad tributaria. Honduras tiene cerca de treinta mil millones de lempiras en exoneraciones, su aumento crea mayor desigualdad en todos los sectores. Lo contrario, la aprobación de la ley, con todos los privilegios que otorga, solamente aumentará las ganancias de los que más tienen, profundizará la desigualdad y tendrá escasos efectos sobre el nivel de empleo.

Pagar impuestos es una obligación ciudadana, así como también la ciudadanía otorga derechos. Pero cuando esas obligaciones se les quitan a sectores económicamente fuertes bajo el pretexto de fomentar la inversión, lo que se está haciendo es arrebatando la posibilidad que más niños y jóvenes vayan a la escuelas y colegios, que más centros de salud y hospitales se construyan, que más proyectos de agua potable y alcantarillas se ofrezcan, entre otras cosas. Esto no solo obstaculiza el desarrollo, sino que es una de las razones de que Honduras sea uno de los países más desiguales del continente y del mundo.