Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa. En uno de los recesos de las sesiones plenarias para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en Riga, Letonia, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, habló con Conexihon sobre el cumplimiento de este derecho en Honduras. Explicó que la Relatoría Especial monitoreo de manera permanente la situación de violaciones de este derecho, agresiones contra periodistas y muertes de comunicadores. En los próximos días se dará a conocer el informe de la visita hecha por la Relatoría.
En Honduras, hay vulneración del derecho de protesta, adelantó el relator especial. Durante su visita al país, Lanza se reunió con autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) para conocer sus percepciones sobre la protesta estudiantil. El relator destacó también que se tiene en conocimiento la condena contra Gladys Lanza. Esta sentencia podría traer repercusiones para el país por la connotación que tienen en materia de violentar el derecho a la libertad de expresión, advirtió el relator.
Gladys Lanza, coordinadora del Movimiento de Mujeres por La Paz Visitación Padilla, fue condenada a un año y seis meses de prisión por participar en un plantón de mujeres y dar una entrevista al canal Hondured sobre el acompañamiento a una denuncia de acoso sexual, supuestamente cometido por el director ejecutivo de Fundevi, Juan Carlos Reyes. El relator especial enfatizó además la necesidad de despenalizar la querella por difamación e injuria y pasar esto al ámbito civil tal como lo recomienda el sistema interamericano.
Este paso al área civil debe ser un cambio que efectivamente muestre la voluntad del Estado para respetar la libertad de expresión tal como lo establece el sistema de protección, de tal forma que las cuantías no vayan encaminadas a intimidar o a perseguir porque, en ese sentido, de nada serviría pasar de la justicia penal a la civil, explicó.
El funcionario de la OEA respondió así al consultarle sobre el argumento de quienes están en desacuerdo con que las querellas por difamación pasen del área penal al civil, que aduce que los periodistas o quien ejerce su libertad de expresión puede ser condenado a pagar grandes sumas de dinero en la jurisdicción civil. En la actualidad la nación, con mayor énfasis desde 2014, sufre una escalada de intimidación judicial contra periodistas y defensores de derechos humanos, querellados por comentar e informar sobre casos de corrupción de funcionarios públicos, alcaldes o empresarios. (Fuente: Conexihon).
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