Por: Annie Bird y Alexander Main/New York Times
WASHINGTON – Era una noche oscura y sin luna. Un pequeño barco de pasajeros casi había llegado al final de su viaje de seis horas río arriba cuando aparecieron helicópteros por encima y otro barco apareció a la vista. Se hicieron varios disparos, hiriendo a varios pasajeros. Cuando los aterrorizados hombres, mujeres y niños saltaron al agua, les dispararon de nuevo con una ametralladora desde un helicóptero. Cuatro personas murieron, dos de ellas mujeres y otra un niño de 14 años. Varios más resultaron heridos.
Podría haber sido otra trágica escena de la carnicería de Siria, Sudán del Sur o algún otro lugar destrozado por la guerra. Pero este horrible incidente ocurrió en la comunidad indígena Miskita de Ahuás en Honduras, durante una misión antinarcóticos de mayo de 2012, en la que participaron agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA), una unidad de la policía hondureña y helicópteros del Departamento de Estado equipados con ametralladoras.
La D.E.A. y la policía hondureña dijeron que el barco de pasajeros llevaba traficantes de drogas que dispararon primero. Los residentes locales contaron una historia diferente, que se trataba de un taxi acuático que transportaba viajeros desarmados sin vínculos con el tráfico de drogas.
Semanas después viajamos a Ahuas y trabajamos con defensores de derechos humanos locales para reconstruir los relatos de los pasajeros. Una madre afligida describió cómo su hijo adolescente fue asesinado a tiros ante sus ojos. Una enfermera nos contó sobre su hermana fallecida embarazada y su lucha por cuidar a su sobrina y sobrino huérfanos.
Los testimonios que recopilamos indicaron que los pasajeros estaban en el río por razones legítimas. Múltiples testimonios oculares sugirieron que los agentes de la DEA desempeñaron un papel de liderazgo en la operación.
De vuelta en Washington, la DEA y los oficiales de prensa del Departamento de Estado insistieron en que la operación había sido “dirigida por Honduras” y agentes antidrogas habían disparado en legítima defensa. Cinco años más tarde, la versión de los funcionarios de los Estados Unidos de los acontecimientos ha sido totalmente refutada por una revisión gubernamental que examina los disparos de Ahuas y otros dos “incidentes mortales de fuego” en Honduras. La revisión de 424 páginas, publicada en mayo por los inspectores generales de los Departamentos de Estado y Justicia, ofrece una visión sorprendente del mundo estrechamente sellado de la asistencia de seguridad de Estados Unidos en Centroamérica. La revisión no encontró evidencia creíble que demuestre que los pasajeros del barco abrieron fuego. El “testimonio de testigos” de la DEA sugiriendo lo contrario no era completamente fiable, como sabían los funcionarios. La unidad de la policía hondureña examinada por los Estados Unidos no fue “altamente capacitada y examinada”, como dijeron los funcionarios de la DEA. Los agentes “mantuvieron un control sustancial” sobre la misión. Un artillero de un helicóptero hondureño abrió fuego sólo después de que agentes de los Estados Unidos le ordenaran hacerlo.
Hilda Lezama se recupera en un hospital público tras un ataque
contra helicópteros estadounidenses en Ahuas.
Además, la revisión encontró que los funcionarios de la DEA y el Departamento de Estado engañó a sabiendas al Congreso y continuó citando evidencia alegada que apoyaba sus demandas después de que supieran que esta evidencia estaba comprometida.
También se negaron a cooperar con los investigadores del Departamento de Estado tratando de establecer los hechos en torno a los disparos de Ahuás. La revisión, al mismo tiempo que arroja una luz devastadora sobre el mal hecho de agentes de la ley de Estados Unidos y funcionarios del gobierno, también deja algunas preguntas grandes sin respuesta. En primer lugar, ¿las conclusiones de la revisión reflejan patrones más amplios de conducta en las instituciones de los Estados Unidos centradas en la guerra contra las drogas en el extranjero?.
Aunque las unidades involucradas en la misión de Ahuás han sido disueltas, muchas de las acciones atroces documentadas en la revisión implican altos funcionarios de nivel medio y americano. Por ejemplo, el actual secretario adjunto del Departamento de Estado para los asuntos internacionales de narcóticos y de aplicación de la ley rechazó duramente contra la cooperación de la DEA con los investigadores y discutió poner la investigación “de nuevo en la caja”.
En segundo lugar, ¿qué tan efectivo es el enfoque militarizado de seguridad y lucha contra el narcotráfico que Estados Unidos apoya en la región? Dado el secreto que rodea muchos programas de seguridad, es casi imposible evaluar su efectividad. Cientos de millones de dólares de los contribuyentes de los Estados Unidos han sido canalizados a la región a través de la opaca Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica; Poco se sabe sobre el destino final y el impacto de estos fondos.
Ahora es probable que la ayuda de seguridad a Centroamérica se vuelva aún más militarizada y menos transparente, con la actual administración tratando de transferir fondos y responsabilidades del Departamento de Estado al Pentágono.
Y aunque hay escasa evidencia de que el enfoque actual ha frenado el flujo de drogas o reducido la violencia y otros factores de la migración de América Central a los Estados Unidos, no hay duda de que ha contribuido a un tremendo sufrimiento humano.
Una investigación de ProPublica acaba de revelar que en el 2011una operación de la DEA provocó decenas de asesinatos en Allende, México, luego de que la información delicada sobre un cartel de la droga fue compartida con una unidad de policía mexicana, que fue notoriamente filtrada por los Estados Unidos.
La DEA ún no ha investigado el incidente. En términos más amplios, el aumento del gasto en seguridad de los Estados Unidos en Centroamérica ha ido acompañado de una mayor militarización y de informes sobre la participación de las fuerzas de seguridad en el crimen organizado y los atroces abusos contra los derechos humanos.
Esto es particularmente cierto en Honduras, donde hasta el ministro de seguridad del país está acusado de estar involucrado en el narcotráfico y militares estadounidenses entrenados recientemente fueron implicados recientemente en el asesinato de la reconocida activista ambiental Berta Cáceres.
Decenas de legisladores de Estados Unidos han pedido la suspensión de toda la ayuda de seguridad a Honduras. Es hora de que el Congreso y el público estadounidense examinen de cerca la asistencia en materia de seguridad y reconsideren las políticas que impulsan la costosa “guerra contra las drogas” de los Estados Unidos en la región.
Las cuestiones planteadas por la revisión de los inspectores generales son un buen punto de partida. El Congreso debería llevar a cabo su propio examen exhaustivo de la eficacia de los programas de seguridad de los Estados Unidos en América Latina, así como del sistema de unidades examinadas por los Estados Unidos.
Los legisladores también deben exigir información más detallada acerca de la iniciativa de seguridad regional y otros programas opacos y exigir que los indicadores que miden el impacto de estos programas se hagan públicos.
Por último, el Congreso debería considerar la posibilidad de nuevas investigaciones de la DEA y el Departamento de Estado de encubrir los tiroteos de mayo de 2012 y garantizar que los mecanismos de rendición de cuentas estén en su lugar para evitar que los funcionarios esquiven el escrutinio.
Los sobrevivientes y las familias de los fallecidos deben recibir reparaciones. Y las sanciones deben ser consideradas contra aquellos que trataron de mantener al Congreso y al público en la oscuridad sobre lo que realmente ocurrió esa noche en Ahuás.
*Annie Bird es directora de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala. Alexander Main es asociado senior de política internacional en el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas.
