DIVORCIO INCONVENIENTE

Por: Víctor Meza

Eso es precisamente  lo que sucede cuando la academia y el gobierno se distancian: una separación inconveniente. La primera genera conocimiento calificado, insumos clave, que el segundo debe utilizar en el diseño de las políticas públicas. Ambas partes se necesitan y requieren, aunque no siempre se quieran y toleren públicamente.

La decisión del gobierno, más concretamente de la Secretaría de Seguridad, de construir su propia red de Observatorios de la violencia, en menosprecio evidente del trabajo tesonero y continuado que ha estado haciendo la Universidad Nacional desde su propio Observatorio, proporcionando cifras útiles y creíbles sobre los índices de la violencia y el crimen, especialmente los homicidios, en todo el territorio nacional, no parece ser una medida muy racional ni apropiada. Crea una impresión, y por lo mismo genera corrientes de percepción, negativa y sospechosa. Genera la duda sobre las verdaderas intenciones de un gobierno que cada vez parece más inclinado a sucumbir al llamado “pensamiento ilusorio”, más conocido en el lenguaje político por la expresión inglesa “wishful thinking”, es decir considerar la realidad no tal como es sino como uno quisiera que fuera. Fuente de engaño, base de ilusiones y, por lo mismo, punto de partida para adoptar decisiones que a menudo resultan tan indebidas como erradas.

La academia debe interpretar la realidad en base a los instrumentos científicos de los que dispone, utilizando para ello la ciencia y elaborando conocimiento tan riguroso como auténtico. Produce y reproduce “saber científico”, lo más lejos posible de lo ilusorio y fantástico. Sus datos deben ser comprobados por la vía del análisis minucioso y la recolección objetiva, libre de prejuicios “políticos” y de manipulación engañosa. La academia está obligada a ser cuidadosamente objetiva e imparcial al momento de estudiar los hechos e interpretar los fenómenos – sociales en este caso – al margen de los condicionamientos – políticos en este caso – y los afanes puramente mediáticos.

El gobierno, por su parte, está obligado a elaborar y mantener con rigurosidad y conocimiento las políticas públicas que habrá de aplicar en el manejo y procesamiento de los problemas a los que se enfrenta el país que administra. Entre más y mejor conocimiento utilice, mayores son las posibilidades de que sus políticas atiendan a la raíz y esencia de los problemas, asegurando soluciones positivas y necesarias. Cuando la política se auxilia de la ciencia las cosas van mejor y las soluciones se vuelven menos utópicas, así como más reales y posibles. Es una lógica sencilla, cuya aplicación no requiere mayor lucidez ni especial talento. Basta con un  poco de sentido común, auxiliado por una buena dosis de racionalidad básica.

Pero parece que esto,  que luce tan simple, en la práctica se vuelve muy complejo y difícil. Al menos eso es lo que se desprende de la decisión oficial de invertir un millón y medio de dólares para que un centro académico del exterior venga a enseñar a los hondureños cómo medir la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, en qué forma registrar la información cotidiana y crear las bases de datos necesarias, de qué manera diseñar los mapas de la violencia en el territorio nacional y desagregar por diferentes categorías la información general relacionada con la criminalidad y la violencia en Honduras. Creíamos que ya nuestros profesionales de las “ciencias policiales” habían aprendido a hacer eso y, por lo mismo, eran capaces de crear su propio centro de estadísticas con el rigor científico requerido para asegurar su confianza y credibilidad. Para eso, al menos, podría servir la flamante Universidad de Policía con que cuenta el Ministerio de Seguridad.

Todo indica que la decisión de crear una red de Observatorios regionales (se habla de comenzar con 30 en los municipios más “calientes”) es el corolario de esa disputa macabra que la Policía, vale decir sus jefes principales, han entablado con la Universidad Nacional para medir el número de hondureños que mueren diariamente, víctimas de la violencia criminal. Si es así, las sospechas sobre una posible manipulación calculada de las cifras por la parte oficial no dejan de tener lógica y sustento. Parece que el gobierno siente una necesidad obsesiva de creer en sus propias cifras, acomodando los datos para dar sostenibilidad al “pensamiento ilusorio” del que es prisionero. Al querer escuchar sólo su propia voz, sucumbe a la tentación de repetir siempre el mismo eco. Y, lo que es peor, a divorciarse de la realidad y dar la espalda a los hechos y a la vida misma. El que se autoengaña generalmente necesita engañar a los demás para crear la falsa impresión de una verdad distinta.

El trabajo que ha venido haciendo desde hace ya varios años la Universidad Nacional en el registro de las tasas de violencia y muerte en el país, ha sido un trabajo meritorio y valioso. Goza de credibilidad pública, dentro y fuera de Honduras. Al cerrarle las fuentes de información policial, los responsables de esa absurda medida no nos hacen un favor. Ni se lo hacen ellos mismos. Al contrario, nos causan un gran daño a la sociedad entera y sumen al país en más desconcierto y confusión. Y, además de todos esos males, le provocan al Estado, que ya casi está en bancarrota fiscal, un gasto tan millonario como innecesario. Pareciera una cosa de locos, pero, desgraciadamente, no lo es. El “wishful thinking” a menudo desemboca en una demencial mitomanía.