¿Un quinta columna en la MACCIH?

Por: Sandra Marybel Sánchez

A casi siete meses de las elecciones generales, ni con la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, desaparecerá la amenaza de que la campaña electoral sea penetrada por el dinero sucio de la corrupción y otras actividades ilícitas.

La embarrada que hizo en una corte de Nueva York uno de los líderes del cartel de Los Cachiros, a reconocidos políticos, empresarios y funcionarios públicos, y el emblemático caso de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, son suficientes para revelar una nítida radiografía de la grave situación en que se encuentra el país en esa materia.

Por eso hoy más que nunca, las bandas criminales que buscan la continuidad de su accionar delictivo en total impunidad, tienen como objetivo la captura de la institucionalidad pública, a través del proceso electoral.

Quizás sea esa la razón por la que la propuesta de ley para sancionar a quienes financien campañas electorales con dineros mal habidos impulsada por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), tuvo buena acogida en diversos sectores de la sociedad, hartos de que personajes de toda calaña ocupen los más importantes cargos públicos.

En contraste, la Casa Presidencial no recibió con alegría el proyecto de ley, ni siquiera porque su aprobación es parte de los acuerdos del convenio suscrito entre la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Honduras, para sacarle las castañas del fuego al gobierno de Juan Orlando Hernández, y apagar las antorchas de los indignados contra la corrupción que recorrían todo el país.

Y el Congreso Nacional? Ese Poder del estado ofrece más razones para dudar que para confiar. Allí se engavetan proyectos de ley importantes para postergar su aprobación y aplicación, o se aprueban de la noche a la mañana porque interesa a alguien con mucho poder. Y aunque en teoría los diputados son representantes de la voluntad de sus electores, en la práctica permiten frecuentemente que se impongan los intereses de reducidos grupos de poder fáctico.

Así aprueban leyes cuyo contenido es muy bueno, pero que nacen muertas por la incorporación maliciosa de dos o tres artículos, que desnaturalizan su razón de ser. Ese podría ser el caso de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, aprobada a finales del año pasado y alterada en artículos fundamentales, a la hora de publicarla.

Irrespeto a la votación de los diputados

La ley fue discutida, aprobada y sancionada, bajo la presión permanente del Jefe de misión de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, y de la comunidad internacional que frecuentemente hacía notar la importancia de su aprobación. Pero posteriormente publicada con cambios de fondo, que reducen su ámbito de acción y que no fueron discutidos por el pleno de la Cámara Legislativa.

En el Poder Ejecutivo, necesitados de convencer a toda la sociedad que hay voluntad política para combatir la corrupción, se montó todo un evento para la sanción de la ley, que en honor a la verdad, recibió el respaldo casi unánime de todas las bancadas. ¡Nadie quiere exhibirse como patrocinador de la corrupción, aunque lo sea!

¡En ese espectáculo todos brincaban de alegría! ¡Había tanta felicidad, que casi nos la creímos! Hasta el propio Luis Almagro, Secretario General de la OEA, se dejó venir desde Washington a la celebración del gran acontecimiento, que tuvo como marco la propia Casa Presidencial. Esa, donde el proyecto original no se recibió con alegría.

“Hoy es un día histórico para el país, hoy sancionamos la Ley de Financiamiento para las campañas políticas y eso indica que Honduras está avanzando. Esta ley pone a Honduras a la vanguardia en la regulación de las instituciones políticas”, dijo visiblemente emocionado el presidente Juan Orlando Hernández, para luego sentenciar: “¡Con esta ley se garantiza que ningún partido recibirá dinero del crimen organizado! ¡Esta iniciativa forma parte de un proceso de cambio de nuestra realidad!”

Pero los milagros no existen. Y menos en la política, donde cada consecuencia tiene una causa. El balde de agua fría de la cruda verdad cayó prontamente. Apenas a unas semanas de la gran celebración. Fue el propio Jiménez Mayor, quien lo lanzó de golpe, alertando a la sociedad hondureña, sobre la posibilidad de que la ley aprobada por el Congreso hubiese sufrido alteraciones.

Un tuit con el mensaje “@OEA_MACCIH solicitó al Congreso Nacional grabaciones de la sesión en que se aprobó Ley de Financiamiento xra verificar artículos aprobados”, fue como reguero de pólvora provocando múltiples reacciones. El Jefe de Misión de la MACCIH no tenía otra opción! No vino al país a hacer relaciones públicas. Llegó para evitar que la indignación ciudadana contra la corrupción, acabara votando al gobierno de Hernández.

Algunos diputados y diputadas de los partidos de oposición que respaldaron la aprobación de la ley, reaccionaron molestos porque los cambios retorcieron su voluntad, expresada en el hemiciclo legislativo.

Desde la bancada del partido de gobierno, los diputados Mario Pérez y Tomás Zambrano, secretario y prosecretario de la Junta Directiva del Congreso Nacional, corrieron a explicar lo los que según ellos fue una “publicación errónea” o “errores de dedo”, asegurando que se rectificaría fácilmente con una Fe de errata.

Antonio Rivera Callejas, diputado vicepresidente, no los escuchó, por eso al ser consultado por la prensa dio una explicación distinta. Dijo que las modificaciones que se hicieron a la ley, fueron producto de reconsideraciones que él mismo presentó el día que se aprobó el acta que contiene la ley. Pero en privado comentó a diputados de su confianza, que todo se había hecho ¡Vaya sorpresa! en acuerdo con el enlace de la MACCIH con el Congreso Nacional, Jacobo Domínguez Gudini.

No es la primera vez

Abogados consultados al respecto, que sin excepción pidieron no ser citados, consideran que al cambiar el texto de la ley se cometieron dos delitos, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos. Pero como quienes los cometieron son personas con mucho poder, que gozan de impunidad, creen que seguramente nunca se les presentará requerimiento fiscal, dando paso a la repetición.

Pero no todos guardan silencio frente a los abusos legislativos. Aunque sea por intereses de grupo, Luis Napoleón Larach, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), expresó en carta enviada el 27 de marzo al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, su preocupación por la publicación de varias leyes cuyos contenidos difieren de lo aprobado por los diputados, citando como ejemplo, un cambio de fondo hecho al artículo 72 de la Ley de Inspección del Trabajo. Y recordándole, que lo mismo sucedió con la Ley Marco del Sistema de Protección Social (de la que se publicaron más de 20 Fe de Errata por supuestos “errores involuntarios”) y el Código Tributario.

El líder de la empresa privada advirtió que eso podría ser constitutivo del delito, porque fueron acciones que usurparon funciones indelegables del Congreso Nacional, y se despidió con una petición muy clara “que se verifique e indague sobre lo que está ocurriendo para cumplir debidamente con el proceso de formación de la ley que manda la Constitución de la República y que se tomen las acciones correspondientes contra los funcionarios que han actuado con falta de diligencia o dolo…”.

Que cambiaron y por qué?

Ante el cuestionamiento creciente y la alerta del Jefe de Misión de la MACIH, el pasado 20 de marzo, La Gaceta publicó Fe de Errata sobre tres artículos de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos. La publicación advierte que “por un error involuntario” los artículos 24, 73 y 76 “se publicaron erróneamente”.

¿Qué cambiaron y por qué? Uno de los “errores involuntarios” de quienes mandaron a publicar la ley, fue la eliminación total de un inciso del artículo 24 de la misma. En el proyecto original presentado por la MACCIH ese párrafo era copia fiel del inciso 3 de artículo 83 la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas que dice: “Se prohíbe a los sujetos obligados, aceptar en forma directa o indirecta: 1)…; 2)…; 3) Contribuciones de ejecutivos, directivos o socios de las empresas mercantiles que tengan concesiones con el Estado y las que explotan los juegos de azar o vinculadas con actividades mercantiles ilícitas, prohibición que es extensiva a empresas matrices subsidiarias, sucursales y personas particulares.

El texto aprobado por la cámara legislativa modificó la esencia la propuesta, eliminando la prohibición de recibir financiamiento de las concesionarias del estado y las empresas matrices subsidiarias, sucursales y personas particulares, limitándola solo a las “Contribuciones o donaciones de Ejecutivos, Directivos o socios de las Empresas Mercantiles vinculadas con actividades ilícitas”. ¡Pero en la publicación simple y sencillamente se eliminó!

Con la obligada publicación de la Fe de Errata se restituyó sólo en texto arriba entrecomillado, pues la mutilación del texto original la hizo la Comisión Dictaminadora, encabezada por Mario Pérez, antes de ser presentada al pleno de la cámara.

La modificación autoritaria de la ley, provocó también la preocupación de los miembros del G-16, quienes el 24 de abril remitieron una carta sobre el tema al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, a través de su presidente Pro Témpore y embajador de Francia, Pierre Christian Soccoja,

En ella manifestaron su preocupación por los cambios que sufrió la ley en general y específicamente por el inciso antes citado. “Fue modificado de manera que limita su alcance original y modifica el espíritu del texto que fue plasmado por los legisladores en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, en su artículo 83, dijeron”.

Y también enfatizaron en que “ en su forma actual, tanto el espíritu como el alcance original del texto legal, ha sido reducido, lo cual podría limitar el actuar de las autoridades electorales, en particular de la nueva Unidad Técnica de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, adscrita al Tribunal Supremo Electoral.”

Los otros dos artículos reformados fueron el 73 y 76. Con los cambios hechos a espaldas de los diputados, la vigencia se extendía hasta 90 días después de publicada la ley (76), mientras que la activación de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización se retrasaba otros 90 días (73). Más 30 que se otorgan al TSE para aprobar el reglamento que regulará sus operaciones, la unidad prácticamente iniciaría su trabajo, siete meses después de creada. La Fe de Errata devolvió al texto aprobado. Vigencia de la ley a partir de su publicación en La Gaceta y el inicio de funciones de la unidad técnica veinte (120) después.

Queda que claro que el propósito era impedir o retrasar el mayor tiempo posible, la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos y candidatos en el actual proceso electoral. ¡Y lo lograron!

Por lo menos para las elecciones primarias, donde por falta de vigilancia, personas altamente cuestionadas se colaron en las listas de los que competirán en las elecciones generales del mes de noviembre. Basta revisar la declaratoria final del Tribunal Supremo Electoral sobre las elecciones primarias de los partidos Nacional, Liberal y Libre, para confirmar que varios de los personajes mencionados por el cachiro en la corte de Nueva York, fueron ungidos como candidatos a cargos de elección popular, en las primeras o segundas posiciones de sus departamentos o municipios.

Mientras tanto, la MACCIH qué?

No se puede negar que el Jefe de Misión de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, ha estado poniendo el dedo sobre la llaga constantemente, sobre todas aquellas situaciones o actos que puedan implicar corrupción.

Sus señalamientos incomodan, irritan a funcionarios y políticos de cúpula, que lo consideran un foráneo advenedizo que vino a meter la nariz donde no debe, al extremo que un experto en conspiraciones que ha ostentado cargos relevantes en los últimos gobiernos y que ahora monitorea de cerca la actividad de la MACCIH, tocó las puertas de la OEA en Washington, para expresar su fastidio por no poder tenerlo “bajo control”.

Pero una cosa parece ser el rol que desempeña el Jefe de Misión y otra el que juega el jefe de la División de Reforma Política Electoral, Jacobo Domínguez Gudini, quien en su vinculación permanente con el Congreso Nacional y su desmedido afán de quedar bien con ellos, actúa como quinta columna dentro de la estructura de la MACCIH.

Varias parlamentarias y parlamentarios, consultados sobre el papel del asesor internacional en el proceso de aprobación de esa ley, comentaron que el funcionario más parecía estar haciendo incidencia a favor de las posiciones oficiales, que promotor de los cambios propuestos por la Misión.

Coincidieron además, en que en sus frecuentes visitas al legislativo, era notoria la relación de cercanía de Domínguez Gudini con los diputados Pérez y Zambrano, designados por Oliva para custodiar que la ley fuera aprobada a su medida. “La relación entre ellos es más estrecha de la que normalmente mantiene un asesor con la autoridad”, expresó una parlamentaria.

Ambos directivos ni siquiera intentan disimular esa proximidad. Todo lo contrario! Un día después que llegara la carta del presidente del G-16 expresando preocupación por los cambios a la llamada “Ley de Política Limpia”, el diputado Mario Pérez, Secretario del Congreso Nacional y miembro del primer anillo de poder político del presidente Juan Orlando Hernández, compartió un tuit oficial del Congreso, instrumentalizando políticamente imágenes en las que aparece rodeado de periodistas y flanqueado por Jacobo Domínguez Gudini.

Ambos salían de una reunión donde se discutió sobre el proceso de selección de los comisionados de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, y el parlamentario corrió a escribir: “@Mario_perezSB pide a la sociedad civil acompañar proceso de selección de magistrados #CampañasLimpias junto a Jacobo Domínguez@OEA_MACCIH.”

Esa cercanía podría explicar por qué flexibilizó el cumplimiento de la tarea encomendada por la MACCIH, que era vigilar e incidir para que el proyecto de ley fuera aprobada lo más cercano posible a la versión original. En lugar de alertar sobre lo que estaba pasando, el funcionario informaba que todo iba bien, mientras en el Poder Legislativo se conspiraba para desteñir la propuesta de ley que estaba obligado a defender.

Formalmente son tres son los artículos que se desnaturalizaron al publicar la ley, pero hubo otros cambios relevantes al proyecto propuesto por la MACCIH, que fueron tolerados sin enfado por el funcionario en cuestión.

Uno fundamental, relacionado con la creación de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización. El proyecto establecía la elección de un solo comisionado para dirigirla, pero se impuso un acuerdo político bajo la mesa para nombrar tres y adscribirla funcionalmente al Tribunal Supremo Electoral (TSE), organismo altamente politizado y de escasísima credibilidad. Igualmente se le asignó al TSE, la atribución de aprobar el reglamento con el que operará la unidad.

No hay duda que el propósito del negociado, es controlar o neutralizar por otras vías, los alcances de la ley. De nuevo, todo sucedió ante la vista y paciencia de Jacobo Domínguez Gudini, quien por alguna razón, esta vez no advirtió oportunamente al pueblo hondureño sobre la gravedad de la situación, ni siquiera por ser el protagonista de las protestas que dieron origen a la creación y presencia de la MACCIH en el país.

Violaron la Constitución y nada pasó!

Dos semanas habían transcurridos apenas desde la aprobación de la Ley, cuando los nacionalistas volvieron a la carga a través de Antonio Rivera Callejas, quien presentó un proyecto de ley para derogar artículos de la LEOP, que según dijo “ por un lapsus no se habían derogado ni reformado y que no eran congruentes con la nueva ley”.

Pero la verdad, uno era el artículo de su interés, el 83. El mismo que fue mutilado por la Comisión Dictaminadora para eliminar la prohibición de que los candidatos y partidos puedan recibir contribuciones de ejecutivos directivos o socios de las empresas mercantiles que tienen concesiones del Estado, las que explotan los juegos de azar, las empresas matrices subsidiarias, sucursales y personas particulares.

Y como en el cuento de Aladino y la lámpara maravillosa, en un abrir y cerrar de ojos se le concedió el deseo a Rivera Callejas. En un mismo día se nombró comisión dictaminadora, se hizo el dictamen, fue sometido a discusión y aprobado por el pleno, con dispensa de dos debates a solicitad del proyectista.

Sólo el diputado Rassel Tomé, del Partido Libertad y Refundación, pidió explicaciones sobre esta iniciativa, recibiendo una respuesta confusa por parte de Rivera Callejas, quien de esa manera logró ocultar el verdadero propósito del decreto, que era eliminar también la prohibición en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.

Y como lo manifestó el presidente de los empresarios hondureños en su carta al presidente Oliva, esas prácticas irregulares se han vuelto habituales en el Congreso Nacional.

Pero en este caso, los directivos de ese poder del estado, se superaron a ellos mismos, al reformar la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, violando el mandato constitucional.

El artículo 51 de la Constitución de la República ordena que “La Ley que regule la materia electoral únicamente podrá ser reformada o derogada por mayoría calificada de los dos tercios (2/3) de votos de la totalidad de los miembros del Congreso Nacional, el que deberá solicitar el dictamen previo del Tribunal Supremo Electoral, cuando la iniciativa no provenga de éste.”

Jurídicamente, la reforma a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas es inconstitucional porque no fue aprobada bajo el mecanismo que ordena la constitución, pero eso es teoría. De facto la reforma será aceptada como válida, porque favorece a personas poderosas que otorgaron concesiones, para recibir en retorno “contribuciones” de las empresas favorecidas.

Lo grave, es que ni los partidos políticos de oposición, ni el encargado de División de Reforma Política Electoral de la MACCIH, Jacobo Domínguez Gudini, dijeron nada al respecto.

La complacencia con el poder corrupto por parte un funcionario internacional que vino a Honduras supuestamente a combatir la corrupción y la impunidad, golpea la dignidad de un pueblo que durante meses salió masivamente a las calles a condenarla y a exigir cárcel para los delincuentes de cuello blanco. La hondureñidad no puede olvidar que los protagonistas del saqueo de miles de millones de lempiras del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), son en su mayoría, miembros del partido en el gobierno.

Por eso resulta inadmisible que Domínguez Gudini, exhiba sin pudor ni ética, su cercanía con quienes fueron acusados de financiar parte de su campaña electoral, con el dinero robado a los derechohabientess.

Como en el acto político partidario realizado la tarde de ayer en la sede del Comité Central del Partido Nacional, bajo el pretexto de una jornada capacitación sobre la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, en el que compartió mesa principal con el candidato a la reelección, Juan Orlando Hernández, directivos del Congreso Nacional y otros aspirantes a cargos de elección popular.

Vaya ironía! Los que antes alteraron la ley, suscribieron allí un documento llamado Compromiso de Integridad por Honduras, encabezado con los logos de la MACCIH y del Partido Nacional , en el que se comprometieron a “cumplir y hacer cumplir en todos sus alcances la llamada “Ley de Política Limpia” que –junto a las demás organizaciones políticas de Honduras- y con el asesoramiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), se aprobó recientemente en el Congrseo Nacional.”

El personaje de la MACCIH que corteja a los políticos en el poder en Honduras, estaba allí.

El sujeto en cuestión

Una investigación rápida de sus antecedentes, reveló que fue acusado de plagio por publicar como suyo un artículo que en realidad había elaborado conjuntamente con Blanca Castaneyra Chavez, su compañera concejala del Instituto Electoral Veracruzano (IEV).

“El factor socioeconómico en los topes de las campañas: elecciones más baratas” fue el nombre original del artículo de autoría compartida entre Domíguez Gudini y Castaneyra Chavez, publicado posteriormente en un compendio sobre Derecho Procesal Electoral de la Secretaría de Gobernación Federal, como “Financiamiento y Fiscalización de las Campañas de Gobernador, la experiencia de Veracruz”, supuestamente escrito por el ahora funcionario de la MACCIH.

La defensa de Domínguez Gudini ante la prensa fue casi infantil. Reconoció la propiedad compartida del artículo, pero aseguró que lo publicado en la revista de la Secretaría de Gobernación era de su propia autoría y que no quiso citarse a sí mismo, porque nunca hace referencias a sus propios escritos anteriores.

Una comparación hecha entre ambos artículos por la acusadora, reveló que son similares casi en un 100%, por lo que Dominguez Gudini estaba ética y jurídicamente obligado a citarla. Sobre todo porque de acuerdo a su hoja de vida publica, su profesión de base es la de abogado, lo que hace imposible que no supiera que el plagiar, es un delito.

La búsqueda también reveló , que el ahora funcionario de Ia MACCIH fue elegido concejal ciudadano de Instituto Electoral Veracruzano (IEV) para el período 2009 – 2018, con el apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Cargo que ostentaba hasta antes de venir a Honduras.

Cuando apenas tenía un año en el mismo, Jacobo Domínguez Gudini, el hombre que vino a Honduras a enseñar cómo se hace “política limpia”, fue recusado por el Partido Acción Nacional (PAN) junto a otro concejal, por lo que sus denunciantes definieron como evidente parcialidad a favor de Javier Duarte, entonces candidato a gobernador de Veracruz por el PRI en contra del candidato del PAN, Miguel Angel Yunes Linares.

Se le cuestionó por actuar “como brazo electoral del gobierno del estado, para reciclar la camarilla en el poder”. Su desempeño en el organismo electoral fue muy cuestionado, por no esconder sus vínculos con Javier Duarte, el hasta hace poco gobernador de Veracruz, y sus simpatías por el PRI.

Duarte ganó la elección para gobernador el tercer estado con mayor población de México, y en pocos años acumuló, según las autoridades de ese país, una fortuna de 253 millones de pesos producto del saqueo de los fondos públicos. Lo acusan por lavado de dinero y delincuencia organizada. Actualmente se encuentra recluido en una Cárcel Militar de Guatemala, país en el que fue detenido cuando mientras andaba prófugo. Desde allí realiza todo tipo de maniobras legales, para evitar ser extraditado a México.

Si bien es cierto, nadie puede ser declarado responsable de los delitos que cometan otras personas, la sola vinculación con el personaje principal de una historia de corrupción de altos vuelos polítics como la que protagoniza el corrupto exgobernador, descalifica éticamente a Jacobo Domínguez Gudini, para el desempeño de un cargo donde la materia prima de su trabajo es la transparencia y el combate a la corrupción.

Resulta difícil entender cómo es que fue seleccionado para venir a Honduras a enseñarnos a combatir la corrupción de los políticos del patio, con esos antecedentes, más allá del voluminoso currículum que exhibe. Quizás la explicación sea su cercanía con Francisco Javier Guerrero Aguirre, Secretario para el Fortalecimiento a la Democracia de la OEA, de dónde depende la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).

Esa cercanía ha de ser mucha, porque hasta prologó el libro “El modelo sancionador de quejas y denuncias y el control de la legalidad electoral” de Guerrero Aguirre, con un artículo suyo bajo el nombre de “Vigilar y castigar en materia electoral: El estado de la cuestión”.

El tiene ahora mismo la oportunidad de reivindicarse, pues está inmerso en la formalidad del proceso de selección de los tres comisionados de la Unidad Técnica de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización. Fuera de esa formalidad, de antemano sabemos que los tres magistrados ya están escogidos!

Sobre ese tema, el G-16 dejó una advertencia colocada con su carta: “El G-16 considera sumamente relevante que el proceso de selección de los tres comisionados sea estrictamente basado en mérito, profesionalismo y conducta moral, dando menor relevancia a la afiliación política.”

Soñar no cuesta nada! Porque esperar que el Ministerio Público actúe de oficio contra los diputados violadores de la Constitución de la República y la Ley Electoral… Es una quimera!

Tegucigalpa, 11 de mayo del 2017