Por: Víctor Meza
Desde el inicio del proceso de instalación formal y material de la Misión de apoyo de la OEA contra la corrupción y la impunidad (MACCIH), la opinión pública hondureña dividió sus simpatías o rechazo entre la discreta esperanza y el modesto escepticismo, entre la negación abierta y el prudente beneficio de la duda. Era inevitable que sucediera así. Después de todo, la llegada de los comisionados de la OEA, en última instancia, no fue otra cosa más que el resultado inevitable de las multitudinarias marchas de protesta de los centenares de miles de ciudadanos indignados en todo el territorio nacional. Las llamadas “marchas de las antorchas” fueron la mayor expresión de hartazgo social, de hastío colectivo y de ira contenida en contra del sistema de corrupción integral que tiene atrapado al Estado y buena parte de la sociedad hondureña.
La población reclamaba la presencia de una comisión internacional parecida a la que funciona en Guatemala – la CICIG – bajo el patrocinio de la Organización de las Naciones Unidas y buena parte de la comunidad cooperante internacional. El gobierno, por supuesto, asustado y acorralado por la masiva expresión de furia e indignación social que saturaba las calles de las principales ciudades del país, no tuvo más alternativa que retomar la iniciativa ciudadana, matizarla en la medida de lo posible, mediatizar su contenido y pedirle ayuda a la OEA para que viniera a moderar el conflicto en ascenso. Pero la OEA y su primer enviado especial, John Biehl, no se tragaron el anzuelo fácilmente y, luego de analizar con mucho cuidado la propuesta oficial del régimen hondureño, la rehicieron, introduciéndole nuevos elementos y cláusulas para crear una comisión diferente pero, al mismo tiempo, parecida a la CICIG. Así surgió el texto final del convenio que da vida a la MACCIH, el que fue firmado por el Estado de Honduras el 19 de enero del presente año, a pesar de que su texto final ya estaba listo desde octubre o noviembre del año anterior. Era evidente que el régimen local ofrecía resistencia y hacía esfuerzos por seguir introduciendo salvaguardas y obstáculos en el contenido del convenio. Y, al parecer, hay indicios de que sigue tratando de hacer lo mismo.
O sea que la MACCIH llegó al país como consecuencia de una transacción entre la indignación ciudadana, la propuesta interesada del gobierno y la intervención solicitada de la OEA. Era inminente, entonces, que la opinión pública local dividiera su actitud ante el nuevo organismo. Mientras unos, los más radicales, la rechazaban y condenaban de antemano al fracaso, otros, los menos exaltados y más racionales, le concedían el beneficio de la duda y abrían un compás de espera para conocer sus resultados. Todo habría de depender de las acciones que hiciera la MACCIH para demostrar la energía potencial del convenio y la voluntad política suficiente para convertir esa energía en fuerza transformadora.
Era cuestión de esperar. El roce o confrontación con el régimen dependería de las acciones concretas que la MACCIH llevara a cabo en contra de la impunidad y la corrupción. Si sus iniciativas se mostraban tibias y vacilantes, el gobierno se mostraría anuente y satisfecho. Y al revés: si la MACCIH revelaba la decisión necesaria para ir al fondo de los casos, desentrañar su laberinto interior y sacar a flote y castigar las redes delincuenciales que articulan y alimentan el sistema de corrupción integral que Honduras padece, entonces vendrían de manera inevitable la discordia y el prudente distanciamiento.
Las observaciones críticas hechas por la MACCIH al opaco proceso de escogencia de los magistrados del “nuevo” Tribunal Superior de Cuentas (TSC), a pesar de que fueron expresadas en el calculado y prudente lenguaje de la diplomacia tradicional, provocaron la reacción desmesurada, a mi juicio, del gobierno actual. El propio presidente salió en defensa de la opacidad y en rechazo a la “intromisión extranjera”. Otros voceros, caza menor en la selva burocrática, fueron más allá y rozaron la grosería y el desprecio hacia los invitados extranjeros. El Congreso Nacional, en lamentable comunicado público, se atrevió a defender el cuestionado procedimiento de selección, saturado y contaminado desde ya por la nociva politización partidaria de las instituciones estatales.
Y por todo esto, no es extraño entonces que el pasado día viernes 18 de noviembre se haya producido en Washington una reunión de última hora entre los representantes del régimen continuista y los delegados de la OEA. Ahora han empezado a darse cuenta que la MACCIH, si se propone avanzar en serio, como parece que ya ha empezado a hacerlo, será realmente un factor verdadero de lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Como reza el dicho cervantino: “Si ladran, Sancho, es señal que avanzamos…”
