Por: Redacción CRITERIO
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TEGUCIGALPA.- El nuevo presidente de la Junta Directiva de la Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), Dagoberto Rodríguez, fue urgido a requerir las transferencias estatales establecidas legalmente y a someter al ente a una auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Los ex presidentes de las dos juntas directivas precedentes, Juan Ramón Mairena y Eduin Natividad Romero, desistieron de requerir las transferencias desde el año 2014, cuando se debatía la Ley de Protección Social que obliga a los entes de previsión que captan directa o indirectamente fondos estatales a registrarse en la CNBS.
La decisión de ambos directivos causa un daño considerable en las finanzas del IPP, al perderse 2.8 millones de lempiras hasta diciembre de 2016, sin contar las utilidades que hubiesen generado estos fondos. La aportación estatal está establecida en el Decreto 190-85 y todos los gobiernos han hecho las asignaciones presupuestarias.
El inaudito desistimiento por parte de los directivos del IPP de estas transferencias, afecta a los periodistas afiliados activos y a los que están jubilados, que reciben en su mayoría pensiones insuficientes para vivir de manera digna.
“Ahora, nos dirigimos a usted, como presidente de la Junta Directiva del IPP, para demandar que, en apego a la ley, cumpla con la obligación de requerir los fondos que el Estado ha presupuestado como aporte al IPP en el 2017, que son 900,000.00 lempiras”, dijo el periodista Gustavo Palencia, en una misiva dirigida a Rodríguez.
Ni Rodríguez ni la junta directiva del IPP habían respondido hasta el viernes a la misiva de Palencia, casi dos semanas después de que se entregó la carta en las oficinas del ente en Tegucigalpa.
Los directivos del IPP –que han administrado unos 300 millones de lempiras– se resisten a que las finanzas y operaciones del ente sean supervisadas y auditadas, amparándose en una inconstitucional interpretación de la ley, del año 2000, que eximía al ente de la vigilancia por parte de los organismos estatales especializados, y que, según juristas, ya es inaplicable.
Pero la ley de la CNBS y reformas posteriores al año 2000 establecen, sin excepciones, que el organismo vigilará y supervisará los institutos de previsión, entre otras instituciones del sector bancario y financiero en el país.
Y, más recientemente, la Ley de Protección Social aprobada en el año 2015, establece que los institutos de Previsión que captan directa o indirectamente fondos públicos deben registrarse en la CNBS y que si no lo hacen no podrán incorporar nuevos afiliados, y los que tiene actualmente podrán migrar a otros entes, sin ningún castigo monetario. El IPP es el único instituto de previsión en Honduras que no ha sido auditado por la CNBS.
Palencia, desde principios del 2015 reclama que se transparenten las operaciones financieras y administrativas del IPP, y se sometan a una auditoría de la CNBS, en busca de esclarecer la real situación financiera del ente para ofrecer beneficios a los afiliados, lo que los directivos rechazan sistemáticamente.
Un grupo de periodistas, desde el año 2015, envió misivas al ex presidente de la directiva del IPP, Eduin Natividad Romero, exigiendo se cumpliera con el requerimiento de las transferencias estatales, dirigidas a el otorgamiento de una pensión digna a los periodistas.
Romero no atendió la petición sus colegas y trató de justificar el desistimiento de los recursos, asegurando que las finanzas del IPP son sanas y capaces de atender las pensiones y servicios de los afiliados, aunque es sabido que los periodistas reciben pobres jubilaciones y, en un caso reciente, al veterano comunicador Mario Valladares denunció que le ofrecieron una pensión de 1.000.00 lempiras.
“Nosotros como Instituto, gracias a Dios y a la buena administración, podemos sobrevivir sin ese dinero que da el Estado”, dijo Romero a finales del año 2015, desestimando los 53.2 millones de lempiras que transfirió el Estado hasta el año 2013, y las precarias pensiones que se otorgan a los periodistas.
Los periodistas jubilados reciben pobres pensiones y los que acuden a solicitar su retiro, salen decepcionados por los escasos montos que les ofrecen, mientras los directivos se dan el lujo de dejar que se pierdan 2.8 millones de lempiras por las aportaciones estatales no requeridas, y que sumarán 3.7 millones en el 2017, si Rodríguez no procede a solicitar lo presupuestado.
Los directivos al omitir el requerimiento de las transferencias estatales, incurren en delito al violentar la ley del IPP, que les manda a gestionarlo, y al provocar un daño pecuniario a los periodistas que esperan que el ente se fortalezca para recibir una pensión justa.
La ley del IPP dice que “el Instituto tiene como objetivo la percepción, administración e inversión de todos sus recursos económicos, la prestación de los beneficios brindados por el sistema de Previsión Social del Periodista, conforme lo dispone la presente Ley”.
En la carta entregada en la oficinas del IPP se exhorta además a Rodríguez, a que la “actual junta directiva resuelva pedir a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que realice una auditoría de las operaciones del Instituto”, lo que también se solicitó en su momento a Romero, sin ningún éxito porque hablar de la CNBS es como mencionarles el demonio.
Un comentario
Talvez Mauricio Oliva le puede devolver el favor que éste Señor le hizo cuando se dejó convencer de que la ley mordaza que se aprobó no sería tan «mordaza»