Diez verdades innegables en torno al asesinato de Berta Cáceres Flores

Por estas diez verdades documentadas, el Congreso de la República de Honduras, a través de los diputados y diputadas del Partido Liberal, Nacional, Anticorrupción, Libre, Pinu, Democracia Cristiana y Unificación Democrática deben instruir a la SERNA para que proceda anular el contrato a DESA

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- El asesinato de Berta Cáceres no solo implica el haberle quitado la vida de manera violenta, implica una serie de hechos que ella venía denunciando durante todos sus años de lucha en defensa de su pueblo y de los recursos naturales de su territorio.

Estos hechos cobran mayor fuerza a partir del año 2010 cuando se le otorga el permiso a la empresa DESA para que desarrolle el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, donde Berta pone todo su esfuerzo para pararlo porque esta ilegalmente concedido y porque a su alrededor hay una serie de anomalías e irrespeto al convenio 169 de la OIT.

Aquí presentamos diez verdades incontrovertibles sobre el asesinato de Berta Cáceres Flores que aparecen en el estudio Hechos y Circunstancias alrededor del Asesinato de Berta Cáceres Flores: En la búsqueda de los autores intelectuales, presentado por la familia ante la MACCIH y ante el Ministerio Público, exigiendo se investigue la red de corrupción que se teje en torno a la aprobación de proyectos hidroeléctricos y extractivistas.

1. Berta Cáceres denunció formal y públicamente ante el Ministerio Público, el otorgamiento y la aprobación ilegal de al menos 49 proyectos hidroeléctricos, transgrediendo la Consulta dispuesta por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (01T), sobre pueblos indígenas, dentro de ellos el proyecto «Agua Zarca» sobre el río Gualcarque, impulsado por la Empresa BESA S.A.
2. El adendum (ampliación) a la Contrata de Aguas y el Contrato de Operación fueron aprobados y publicados por la SERNA en el diario oficial La Gaceta en forma directa, siendo atribución del Congreso de la República, debido al impacto económico y la trascendencia del periodo de la ampliación por 20 años más.
3. De acuerdo con el informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas, «el proyecto Agua Zarca fue aprobado antes de su socialización y de firmarse el acuerdo con las comunidades locales (…) No se realizaron estudios de impacto social, ambiental y cultural antes de su aprobación». No hubo consulta previa e informada para obtener el consentimiento de los pueblos indígenas afectados.
4. Previo a su asesinato, Berta Cáceres fue perseguida, amenazada y acusada criminalmente por sus acciones en defensa del pueblo indígena lenca, de sus territorios y del río Gualcarque, y por su férrea oposición a la ejecución del proyecto Agua Zarca.
5. Al menos cinco asesinatos de miembros activos del COPINH se produjeron antes del asesinato de Berta Cáceres.
6. Cuatro miembros del Ejército Nacional y un empleado de la empresa CESA S.A. guardan prisión por indicios de participación en el asesinato de Berta.
7. Berta Cáceres gozaba de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, hecho que obligaba al Estado de Honduras a darle protección a su vida e integridad física.
8. Dos ex Viceministros de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) tienen auto de formal procesamiento por el delito de abuso de autoridad, debido a que otorgaron y ampliaron las licencias y concesiones del proyecto Agua Zarca, propiedad de DESA S.A., transgrediendo el Convenio 169 de pueblos indígenas y la Constitución de la República. Uno de los funcionarios se encuentra bajo prisión preventiva y otro con medidas sustitutivas a la prisión.

9. Existen fuertes indicios de la concurrencia del delito de tráfico de influencias, falsificación de documentos y otros en el otorgamiento de la concesión del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, ya que el ingeniero David Castillo Mejía, ex empleado de la ENEE es desde el primer momento, socio activo de la empresa DESA S.A.
10. El expediente original que contiene la investigación sobre el asesinato de Berta Cáceres fue robado del carro de la magistrada de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, abogada María Luisa Ramos, cuando ésta se trasladaba de la Corte de Justicia a su residencia llevando consigo el expediente, según manifestó: para su estudio y resolución. Este hecho fue calificado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y ex Director de Fiscales del Ministerio Público Abogado Rolando Argueta, como «intrascendente», mientras la MACCIH exigió una investigación enérgica.

Por estas diez verdades documentadas, el Congreso de la República de Honduras, a través de los diputados y diputadas del Partido Liberal, Nacional, Anticorrupción, Libre, Pinu, Democracia Cristiana y Unificación Democrática deben instruir a la SERNA para que proceda anular los contratos de operación, de aprovechamiento de aguas nacionales y de suministro otorgados por el Estado de Honduras a la empresa DESA S.A. por un periodo de 50 años.

No hay principio de legalidad ni de seguridad jurídica que justifique sostener un contrato otorgado por funcionarios públicos mediando el delito de abuso de autoridad y prueba indiciaria que señala provisionalmente como autores materiales del asesinato de Berta Cáceres a empleados de la empresa beneficiaria, de la concesión y militares.