Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- Las organizaciones internacionales se solidarizan con la reconocida defensora de derechos humanos de las mujeres, Suyapa Martínez, directora del Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H), ante la demanda civil que enfrenta en Hondura, interpuesta en su contra por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
Las organizaciones consideran que el proceso civil iniciado busca tener un efecto intimidatorio en toda la comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos, reza el comunicado.
COMUNICADO
El proceso se origina en las manifestaciones que hiciera la defensora en un programa de televisión señalando los vínculos de funcionarios de dicha empresa con el asesinato de Berta Cáceres Flores. En efecto, dos gerentes intermedios de DESA guardan prisión en Honduras por su supuesta participación en el asesinato. La empresa reclama un daño a su imagen y exige el pago de aproximadamente 42 mil dólares. La audiencia para recibir pruebas será el próximo 21 de marzo.
Suyapa Martínez, es una reconocida defensora de los derechos humanos de las mujeres, y actualmente es representante de la sociedad civil en el Consejo Nacional del Mecanismo Nacional de Protección de Derechos Humanos de Honduras.
Las organizaciones consideramos que el proceso civil iniciado busca tener un efecto intimidatorio en toda la comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos.
Ambeyi Ligabo, ahora ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, en su oportunidad dijo que “el derecho a poner en tela de juicio ideologías, figuras políticas y agentes económicos y sociales, especialmente para fines de investigación, es perfectamente legítimo y constituye una parte importante del ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión. […] Si bien la protección de los derechos y la reputación de otras personas y la defensa de la seguridad nacional son ciertamente objetivos legítimos, el verdadero desafío radica, en mayor medida, en proteger y promover la libertad de expresión sin crear barreras adicionales”.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Santander Tristán vs. Panamá señaló que una “[…] reparación civil sumamente elevada, puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal, en tanto tiene la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia […]”
Exhortamos a las autoridades judiciales a tomar en cuenta los estándares internacionales señalados, así como a considerar la condición de defensora de derechos humanos que ostenta Suyapa Martínez, y el contexto de criminalización y persecución en el cual se enmarca esta denuncia civil.
Asimismo, solicitamos que se garantice el derecho de defensa y el debido proceso en todas las etapas procesales, evitando que se utilice el proceso civil como un medio para intimidar y restringir indebidamente la libertad de expresión.
Finalmente, instamos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la comunidad internacional, para que observen el proceso civil y exijan tanto el respeto por las garantías judiciales como la protección del derecho a defender derechos humanos.
Amnistía Internacional
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Asociación ENTREPUEBLOS-España.
FIDH, Federación Internacional de Derechos Humanos, en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos
Front Line Defenders
Global Witness
Just Associates (JASS)
Plataforma Internacional Contra la Impunidad
Protection Internacional (PI)
Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos
Diakonia de Suecia
Impunity Watch
TROCAIRE
