Pueblo Garífuna enfrenta a corporaciones y al Estado de Honduras en defensa de sus tierras

Por: Redacción CRITERIO

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El Estado hondureño se rehúsa a reconocer su condición de pueblo indígena y le niega el derecho a la tierra. Corporaciones y terratenientes avanzan con el monocultivo de palma africana, amenazando la soberanía alimentaria.

En octubre pasado, la Alianza Estadounidense por la Soberanía Alimentaria (USFSA por su sigla en inglés) decidió distinguir a la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) con la sección internacional del Premio Soberanía Alimentaria 2015. Dicho premio se otorga cada año a activistas de base que trabajan por un sistema alimentario más democrático, y que promueven y defienden el derecho a la soberanía alimentaria.

Creada en 1978 para proteger los derechos económicos, sociales y culturales de las 46 comunidades garífunas situadas en la costa caribeña de Honduras, la Ofraneh lleva casi cuatro décadas organizando a su pueblo y defendiendo su territorio ancestral de la expansión de los monocultivos a gran escala, de la amenaza de los megaproyectos turísticos, hidroeléctricos y mineros, del narcotráfico y de los embates del cambio climático.

Proyectos como las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) promovidas por el gobierno hondureño, mejor conocidas como “ciudades modelo”, que incluirían al menos a 20 comunidades garífunas en cinco de las diez zonas señaladas para la subasta al capital transnacional, se suman ahora a las amenazas que se ciernen sobre el pueblo garífuna.

“Los garífunas, que ya han sobrevivido a la esclavitud y al colonialismo, están ahora defendiendo y fortaleciendo la tenencia de la tierra, la agricultura y la pesca sostenible a pequeña escala. La Ofraneh reúne y organiza a las comunidades para enfrentar estos desafíos”, se lee en las motivaciones del premio.

Principalmente lo hace impulsando demandas legales -tanto nacionales como internacionales-, promoviendo la cultura garífuna y apoyando “la construcción de un movimiento donde se prioriza el desarrollo del liderazgo de los jóvenes y las mujeres”.

Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh, explica que el propio Estado de Honduras se ha convertido en una de las principales amenazas para el pueblo garífuna. “Sigue negándose a reconocer nuestra condición de pueblo indígena y pretende relegarnos a una condición de minoría étnica no autóctona, sin derechos jurídicos internacionalmente reconocidos”, afirmó Miranda a Opera Mundi.

Esta actitud de negación trae consigo el desconocimiento del derecho ancestral que el pueblo garífuna tiene sobre sus territorios, pretendiendo así eludir la aplicación del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre pueblos indígenas y tribales.

“De esa manera se niega el legítimo derecho que tenemos los garífunas a la Consulta Previa, Libre e Informada, consignada en el Convenio 169 y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”, señaló la dirigente garífuna.

“Sin la aplicación del derecho a la Consulta, nuestras comunidades serán sepultadas por un supuesto desarrollo a favor de la élite de poder y el capital transnacional”, agregó Alfredo López, vice coordinador de la Ofraneh.

López sufrió en carne propia la represión. Fue detenido en 1997 con falsas acusaciones y estuvo bajo prisión preventiva durante más de 6 años por su lucha contra el proyecto turístico Marbella, que había despojado a la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz de una parte de sus tierras.

Su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que condenó al Estado de Honduras y facilitó su liberación.

“El Estado de Honduras fue condenado porque el líder garífuna no fue tratado con el debido respeto a su dignidad humana, al violentarse sus derechos como detenido. Durante su privación de libertad, López vivió en condiciones carcelarias infrahumanas y se le prohibió hablar en su idioma materno, el garífuna”, señala el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en un informe de 2006.