Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-La Fiscalía para la Defensa de la Constitución (CSJ) ha recomendado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que decrete sin lugar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Coalición contra la Impunidad y la Alianza por los Derechos Humanos en contra de la “ley de secretos”.
La determinación de la instancia del Ministerio Público ha sido lamentada por las partes recurrentes que consideran como una rústica interpretación de los estándares internacionales sobre libertad de expresión y acceso a la información pública.
Los integrantes de las dos plataformas de sociedad civil, temen que el recurso de inconstitucionalidad sea declarado sin lugar por la Sala de lo Constitucional, “porque generalmente cuando la Fiscalía de Defensa de la Constitución se pronuncia que se decrete sin lugar un recurso de inconstitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia se pronuncia como lo dice la Fiscalía y eso es preocupante, más cuando el presidente de la Corte era el director de fiscales”, dijo el presidente del Comité para Libre Expresión (C-Libre) Edy Tábora.
El 10 de febrero pasado, la Coalición contra la Impunidad y la Alianza por los Derechos Humanos, interpusieron ante el Poder Judicial un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Clasificación de Documentos Públicos relacionados con Seguridad y Defensa Nacional, más conocida como “ley de secretos” y en contra del decreto 69-2014 que decreta secretividad en 18 instituciones del Estado.
Para el presidente C-Libre, la normativa es un obstáculo real y verdadero para tener un Estado democrático, “porque cada vez hay más actos que se convierten en secreto” como los contratos de las Alianzas Público Privadas (APP), las resoluciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) e información de la secretaría de Seguridad, las Fuerzas Armadas y la Presidencia de la República.
Para el defensor de los derechos humanos es inconcebible que bajo la resolución 69-2014, emitida por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, aún se mantenga en secreto información importante como la relacionada al saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público.
Tábora resaltó como algo positivo el hecho que cada vez haya más personas y organizaciones que alcen su voz en contra de la secretividad de la información. “Sin embargo, el Estado que ha dicho que le va a apostar a la transparencia, a la rendición de cuentas, no vemos ninguna voluntad para que esta ley sea decretada inconstitucional”, subrayó.
MACCIH
Sobre la postura de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) apuntó que no solo ha emitido su oposición a la ley de secretos sino que a otras normativas que atentan contra la transparencia.
Recordó que la instancia internacional enviará una propuesta para reformar todas las normas de secretividad, por lo que aconsejó a la sociedad hondureña a que ejerza mayor presión y haga pronunciamientos concretos sobre situaciones concretas que afecten el mandato de la MACCIH.
Analizó que la normativa impedirá a la instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) abrir procesos de investigación en algunos casos que deberá investigar.
