Hugo Noé Pino
La reciente decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de permitir la reelección presidencial en franca violación a la Constitución de la República, marca uno de los niveles más bajos de la institucionalidad del país. Cuando el ente encargado de preservar la integridad de la Constitución es quien se encarga de violarla, la sociedad se da cuenta que la legalidad se encuentra en entredicho.
La decisión no fue del todo sorpresiva porque se deriva de una serie de acciones que se vienen acumulando en Honduras, a fin de impedir que las nuevas fuerzas políticas tengan la posibilidad de acceder al poder. Es la respuesta de la élite económica y política del país (incluidos militares) a la posibilidad que la estructura de poder existente pueda ser modificada.
Se asustaron con la posibilidad de que no fueran los sectores conservadores de los partidos tradicionales los que pudieran detentar el poder. Ello indujo a una alianza para consumar el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Pero el regreso de Zelaya y la creación de Libre y PAC restablecieron los temores de perder el poder. De ahí surge la decisión de destituir cuatro magistrados de la Sala Constitucional el 12 de diciembre de 2012, con el objetivo de poner magistrados incondicionales que se plegaran a cualquier disposición del ejecutivo y de los grupos de poder.
El siguiente paso fue destituir en forma irregular al fiscal general del Estado y nombrar en la misma forma su sustituto. Precisamente este último dictamina a petición de la Sala Constitucional que la reelección es válida. Iguales irregularidades ocurrieron con el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que en su composición siempre ha tenido representantes de los partidos políticos en contienda, pero que ahora solo lo tiene para los dos partidos tradicionales y por un tercero aliado de los dos primeros.
La continuación del golpe de Estado siguió con la aprobación de la nueva Ley Orgánica del Congreso Nacional que sustituye en forma, pero no en contenido, al anti-democrático reglamento interno del Congreso que rigió en el pasado. En este decreto se limita fuertemente la participación de la oposición en el pleno del Congreso, así como prevé que para la nueva Corte Suprema de Justicia a asumir sus cargos en 2016, de no haber dos tercios de los votos para los candidatos a magistrados, continuarán los que ahora ejercen los cargos. Es decir, todo continúa igual.
Podríamos continuar con otros ejemplos, pero sería muy extenso, que muestren como los organizadores y ejecutores del golpe de Estado de 2009 han estado detrás de todas estas acciones que restringen la participación democrática de los hondureños y hondureñas y que busca cimentar un continuismo en la presidencia de la República que les permita mantener sus privilegios económicos y políticos.
Lo que no parecen advertir estas elites es que al forzar más sus acciones llevándolas a flagrantes violaciones de leyes y de la propia Constitución, las formas hegemónicas de consensos se les van terminando. En otras palabras, que poco a poco van surgiendo voces disidentes dentro de los nuevos partidos y aún dentro de los partidos tradicionales que cuestionarán las formas de gobernar anti democráticas y poco transparentes de la estructura de poder.
Lo que no se puede anticipar es las formas específicas que estos cambios puedan adoptar, desde figuras políticas que surgen espontáneamente hasta coaliciones que permitan cambiar el rumbo del país. Es difícil predecir cuándo será esto, pero cuando se haga sus dirigentes y simpatizantes recordarán muy bien el cerco mediático a que han sido sometidos, los privilegios fiscales de las élites económicas, la escasa ética de profesionales que han jurado defender las leyes, y tanto otros abusos y crímenes que se han hecho a nombre de la “democracia” que dicen defender.
Todavía es tiempo de rectificar buscando acuerdos nacionales que permitan tener objetivos comunes como el fortalecimiento de la institucionalidad del país, el combate al desempleo, la reducción de la pobreza, y el mejoramiento de la seguridad ciudadana, entre otros. Honduras parece estar recorriendo el camino que otros países centroamericanos transitaron antes de las guerras de los 70s y 80s, en donde la exclusión política y social fueron factores originarios de los conflictos. Es claro que la manifestaciones de inconformidad no se repetirían de la misma manera, pero si bajo formas que afectan el tejido social.
Honduras encontró formas de diálogo y entendimiento en los 70s, aún durante gobiernos militares, lo que ayudó a que el país no se tornara violento. Debemos recuperar esas fórmulas para bien de la Nación.
