Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Sectores de la sociedad civil y de la prensa hondureña esperaban datos contundentes que devalaran la podredumbre que aún persiste en el sistema sanitario, pero Transparencia Internacional prefirió presentar un informe que dista de la realidad y lo acerca más a la manipulación oficial.
El organismo internacional, que en el 2014 firmó un convenio con el gobierno de Honduras, presentó este miércoles el Informe Línea Base de la Secretaria de Salud 2016, que recoge algunos elementos que desfavorecen la gestión del presidente Juan Hernández, pero abordadas únicamente como debilidades y no como actos de corrupción.
El presidente de Transparencia Internacional capítulo Honduras, Carlos Hernández, dijo que tomando en consideración los resultados de 2012 y 2013 se llega a la conclusión que han existido avances muy importantes.
“Vamos por buen camino, todavía no logramos los niveles óptimos, pero celebramos la apertura de la Secretaría para darnos información y por admitir que hay debilidades y muchos retos”, expresó el también presidente de la Asociación por una Sociedad Más Justa (ASJ).
Hernández dijo que los problemas en la secretaría de Salud son sistemáticos, pero hay voluntad política porque las autoridades se han sometido a la rendición de cuentas. Aunque obvio hablar sobre la Ley de Secretos Oficiales que impide el acceso a la información pública.
A juicio de Hernández, los supuestos avances que hay en cuanto a la compra y adquisición de medicamentos, se debe a que ahora todas estas transacciones son manejadas mediante un fideicomiso con un banco privado. En este sentido, no mencionó que el fideicomiso implica tráfico de influencias y la privatización de cierta manera del sistema sanitario.
CORRUPCIÓN
Hernández apuntó además que las normas establecidas para la compra de medicamentos podrían fomentar la corrupción al permitir que empresas extranjeras no revelen en su totalidad como se ejecutan dichas gestiones.
Sobre el caso Astropharma y Laboratorios Internacionales (LAIN), respondió que Transparencia Internacional les ha dado seguimiento, pero aclaró, “no somos fiscales, no somos jueces, sólo somos un actor de sociedad civil que hemos hecho investigaciones, que señalamos irregularidades”, determinar si esas irregularidades son o no actos de corrupción es algo que le corresponde al Estado.
