Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.-El Comité de la ONU contra la Tortura criticó hoy no haber recibido de una delegación oficial de Honduras informaciones relevantes sobre la supuesta implicación de un oficial en activo del ejército en el asesinato de la defensora del medio ambiente, Berta Cáceres, ocurrido el pasado marzo.
También lamentó la falta de comentarios en relación con informaciones que señalan que el nombre de la activista figuraba en una lista negra en manos de una unidad de elite del ejército.
El Comité esperaba informaciones adicionales sobre las investigaciones para sancionar a los autores de ese crimen -que conmocionó a la comunidad internacional de derechos humanos- durante la presentación en Ginebra del informe periódico de Honduras sobre la aplicación en este país de la Convención Contra la Tortura.
Otro aspecto sobre el cual el grupo de expertos se pronunció en sus conclusiones finales, publicadas hoy, tuvo que ver con las continuas «amenazas, agresiones y otros actos de intimidación contra defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad civil, así como la aparente impunidad de la que gozan los responsables».
Aunque consideró positiva la aprobación de una ley que busca defender a ese colectivo, así como a periodistas y operadores de justicia, el Comité señaló como «preocupante» que la delegación de Honduras no facilitara información sobre las medidas para responder a las 38 solicitudes de protección que se han recibido hasta el pasado junio.
De otra parte, el grupo de expertos de la ONU alentó al Gobierno hondureño a cumplir con su promesa de iniciar el repliegue de las fuerzas armadas en su apoyo a los cuerpos de seguridad en el último trimestre de este año.
Sobre esa situación, el Comité mencionó las numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos, incluidos actos de tortura, cometidas por miembros de las fuerzas armadas que cumplen funciones policiales desde finales de 2011.
En otro pasaje de su informe final sobre Honduras, el Comité también cuestionó la decisión de transferir el control y gestión de las cárceles a las fuerzas armadas y policiales, a pesar de lo cual hay centros penitenciarios donde impera el «autogobierno».
Consideró negativo que se hayan establecido centros de detención preventiva para reos comunes en al menos tres instalaciones militares.
Frente a ello, recomendó que se vuelva a encargar la gestión de las cárceles al Instituto Nacional Penitenciario y que se ponga fin a la práctica de confinar a presos comunes en recintos militares.
