Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- La Procuraduría General de la República enjuiciará al presidente del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), Eduin Natividad Romero García, por negarse a pagar la sanción pecuniaria impuesta por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), al resistirse a entregar información sobre la situación financiera y administrativa del ente de pensiones.
El organismo, que representa al Estado se preparara para presentar la demanda en un juzgado de lo civil para obligar a Romero García a pagar la sanción de 7,999.32 lempiras, después que en una audiencia extrajudicial con una funcionaria de la Procuraduría, se negará a pagarla.
En la audiencia en la que se intentó efectuar un cobro extrajudicial “no se llegó a ningún acuerdo de pago, por lo que se hizo de su conocimiento – a Romero García – que se procedería a entablar las acciones legales pertinentes en los juzgados correspondientes, en virtud que dicha multa es totalmente exigible por ser una resolución firme” se indicó en un documento de la Procuraduría obtenido por Criterio.hn a través de una petición de acceso a la información pública.
Romero García, fue sancionado por el IAIP a pagar como multa un salario mínimo, tras negarse a entregar al periodista Gustavo Palencia, información vital para conocer el estado financiero del IPP, solicitada en 12 peticiones presentadas en el último semestre del 2015.
Los directivos del IPP, que también son dirigentes del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), esconden la información del ente de previsión, que es pública debido a que legalmente capta transferencias del Estado en cumplimiento de su ley de creación.
Los directivos del IPP han entrado en una situación de desobediencia al negarse a entregar la información solicitada por Palencia y por lo que han sido sancionados por el IAIP.
El IPP, que ha administrado desde que empezó a funcionar en 1987 hasta el 2016, más de 300 millones de lempiras, es el único ente de previsión que no ha sido supervisado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), pese a que la ley de este organismo la obliga a auditar a los organismos de pensiones privados y públicos.
Los fondos del ente destinado a garantizar las pensiones de los periodistas afiliados, tampoco han sido auditados por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), a pesar que su ley lo obliga, debido a que el IPP recibe transferencias del Estado.
Los directivos del IPP tratando de evadir la supervisión y vigilancia de la CNBS y la auditoría del TSC, desistieron ilegalmente a partir del 2014 de requerir las transferencias estatales asignadas en el presupuesto nacional, de manera que el ente de previsión ha registrado hasta 2016 una pérdida de 2.8 millones de lempiras.
El Estado transfirió al IPP desde 1987 a 2013, 53.2 millones de lempiras que se han multiplicado debido a utilidades por inversiones colocando fondos en bonos estatales y privados, créditos para vivienda y personales a los periodistas afiliados.
“Los fondos del IPP han sido administrados al antojo de sus directivos, no han rendido cuentas a nadie y se niegan a dar información. La pensión de los periodistas afiliados está en precario pues donde no hay transparencia se corre el peligro de manejos oscuros”, dijo Palencia a Criterio.hn.
Los directivos y la gerencia del IPP han adoptado medidas administrativas y financieras que conspiran contra los periodistas afiliados como la firma de un contrato con una operadora privada de pensiones, en el que se establece que para financiar la jubilación, se transferirá únicamente las aportaciones personales.
La decisión perjudica evidentemente a los afiliados pues el sistema de pensiones de los periodistas, se capitaliza además de las aportaciones personales con las de los empleadores de medios, las transferencias estatales y las utilidades generadas por inversiones.
Las aportaciones personales generaron al sistema de 1987 a 2013, 26.8 millones de lempiras; las de los empleadores 56.6 millones de lempiras, las estatales 53.2 millones de lempiras; y las utilidades por inversiones 124 millones de lempiras.
“No es posible que si el sistema capta 261.1 millones de lempiras en ese período de 1987 a 2013 para financiar las jubilaciones, los directivos del IPP y su gerencia pretendan que la pensión se financie sólo con la aportación personal que es la cantidad menor”, comentó Palencia.
“Dónde o qué destino tienen o tendrían el resto de los fondos que se han capitalizado para financiar las pensiones de los periodistas. Estas son las cosas que no sabemos al no tener acceso a la información financiera del IPP que ocultan tan celosamente”, agregó.
Los directivos del IPP escamotean los beneficios a los afiliados. En otra medida, la pensión por invalidez, que en la ley del ente se establece como el pago vitalicio mensual, los directivos lo han convertido en el pago de un seguro de vida.
“Es escandaloso que pretendan que la jubilación por invalidez, que en la ley se establece como una renta vitalicia mensual, sea un seguro de unos 400.000 lempiras. Una vez pagado ese seguro, de que va a vivir el periodista que desgraciadamente esté invalido”, comentó Palencia.
“Dónde está el dinero que se ha captado para financiar los beneficios del sistema”, se preguntó Palencia, “es que no existe ese dinero o qué ha pasado con las finanzas del IPP. Nos tendrían que dar una respuesta los directivos y la gerencia del IPP, pero ellos persisten en el ocultamiento”.
