Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- Actualmente en Honduras se lleva a cabo un proceso de rediseño del Estado que impulsa una nueva generación del modelo neoliberal y una política asistencialista basada en la distribución de bonos y que concentra el poder en el Presidente de la República, con el propósito de consolidar su proyecto reeleccionista.
Lo anterior se sintetiza en el estudio “Rediseño del Estado en Honduras: ¿Avances o retrocesos en la democratización?, elaborado por el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) con el patrocinio de TROCAIRE, en el marco del proyecto: “Fortaleciendo capacidades de los socios del Programa de Gobernabilidad y Derechos Humanos”.
El informe, plasmado en 38 páginas, refiere que estamos frente a una reforma parcial del Estado, con una orientación políticamente conservadora, que descansa en tres propósitos: Centralizar el poder en el Presidente de la República, a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para asegurar el “orden social”; Adecuar el marco jurídico y la institucionalidad estatal a las necesidades del capital privado, ya sea éste nacional o extranjero para impulsar una nueva generación del modelo neoliberal y Desarrollar una política social asistencialista con base a la distribución de bonos sociales y de esa manera consolidar y ampliar la base social electoral del partido de gobierno.
Asimismo apunta que Honduras está atravesando por un difícil proceso de transición política con una profunda fragilidad institucional y el deterioro del Estado de Derecho, que hace converger a los sectores políticamente más progresistas y a la derecha, en la necesidad de un cambio para hacerle frente a la diversidad de problemas y aunque los enfoque de cambios son muy diferentes, todos pasan por la reforma y/o readecuación del Estado.
En ese sentido se identifican tres imaginarios: la refundación del Estado, a través de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, como respuesta a la ruptura constitucional del 28 de junio de 2009; una Asamblea Constituyente Constitucional, expresada en la convocatoria a los partidos políticos para formar una Asamblea Constituyente y redactar una nueva Constitución; y otros piensan que sólo se requiere de reformas parciales.
PROGRAMA DE GOBIERNO DEL PARTIDO NACIONAL
Este programa se encuentra resumido en el “Plan de Todos para una Vida Mejor 2014-2018” y se sustenta en la creación del Consejo Nacional de Inversiones, las Alianzas Público Privadas (APP), las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE) y el Programa de Reactivación del Sector Agroalimentario de Honduras.
En general, se trata de un programa económico asentado en la utilización del territorio y extracción de los recursos naturales: el bosque, minería, fuentes de agua (energía) y las ZEDE o “ciudades modelo”. Con este plan de gobierno se han privatizado también las empresas y servicios públicos a través de las APP.
El informe devela que para llevar a cabo este plan han surgido nuevos grupos económicos nacionales y transnacionales provenientes de Sur América y Asia. En conclusión se trata de un proyecto bien montado para delinear el modelo neoliberal con una mirada regional (Centroamérica) y de ahí la relevancia del llamado corredor logístico o del canal seco.
DISCURSO ASISTENCIALISTA Y CONSOLIDACIÓN REELECCIONISTA
El texto nos habla sobre la existencia de un discurso de “inclusión social”, en el marco del Programa Vida Mejor, que impulsa acciones asistencialistas y de emergencia social para la población pobre, que excluyen de los beneficios del crecimiento económico a las grandes mayorías.
“Esta cultura clintelista ha creado una institucionalidad pública nacional/departamental/ local concebida para visibilizar y promocionar la figura presidencial en búsqueda de asegurar el respaldo electoral al partido de gobierno y a una eventual reelección del actual Presidente de la República”, añade el informe.
CONCENTRACIÓN DE PODER
El estudio nos resume que el gobierno del Partido Nacional, además de militarizar el Estado y la sociedad, ha posesionado el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad al más alto nivel para la toma de decisiones y ha efectuado modificaciones a la Ley de Administración Pública, en virtud de las cuales el Congreso Nacional renuncia a funciones propias delegándolas al Poder Ejecutivo, es decir al Presidente de la República, con lo que se ha concentrado el poder alrededor de esta figura.
BLOQUEO A LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO
El estudio del CESPAD hace referencia a la ruptura de la cultura de diálogo, consulta y concertación entre organizaciones de sociedad civil, movimientos sociales, y las instituciones estatales que se había establecido a raíz del huracán Mitch en 1998 hasta el gobierno de Manuel Zelaya en junio de 2009.
Pero lo más lamentable de todo, es que además del debilitamiento de los sectores y movimientos sociales, se ha limitado el acceso a la información pública no solo por la aplicación de la Ley de Secretos Oficiales, sino también por acuerdos adoptados y que a futuro podrá seguir emitiendo el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad sobre áreas o aspectos que considere de “interés nacional”.
