Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-En medio de la mayor crisis institucional de su historia y con un proceso de depuración y modernización en plena ejecución, hoy 9 de junio se celebra el día nacional del policía de Honduras.
En diferentes tramos de su vida la entidad fundada el 15 de enero de 1888, ha sufrido avatares de una sociedad nacional convulsa, conforme a los va y vienes de intereses geopolíticos que siempre se mueven en la región.
En la década de 1980 la entidad funcionó para combatir a sectores populares afines a la lucha revolucionaria, en un afán imitativo a lo que sucedía en Nicaragua, Guatemala y El Salvador.
Esto trajo denuncias de violaciones de derechos humanos que fueron documentados por los cuales honduras enfrentó sanciones y reparaciones económicas a favor de las víctimas de torturas y de desaparición forzada.
Los conflictos ideológicos y armados de la región concluyeron con la firma de los acuerdos de Esquipulas, época en la que el gobierno del presidente, Rafael Leonardo Callejas, decretó una amnistía que trajo de regreso a una cantidad de perseguidos.
En el dos mil el ex secretario de seguridad, Gautama Fonseca, intentó depurar a la policía y despidió a un buen número de efectivos por mal comportamiento; sin embargo, éstos recurrieron a instancias judiciales y fueron reintegrados. Ni el ejecutivo ni el congreso nacional apoyaron este proceso. Algunos de esos policías siguen dentro de la institución.
Posteriormente Oscar Álvarez, desde la titularidad de la secretaría de seguridad, intentó depurar pero salió del cargo por presuntas presiones de oficiales de la policía.
En 2013 el congreso nacional aprobó, a puertas cerradas, un decreto de ley especial para depurar a la policía, declaró estado de emergencia en el sistema policial por un lapso de 6 meses para la pronta limpieza de dicha institución.
Este proceso absorbió más de 200 millones de lempiras de presupuesto sin resultados tangibles, pese a la contribución de expertos de Colombia, Chile y Naciones Unidas
Por años existió una dirección de asuntos internos dentro de la policía, en la que en su momento la comisionada en retiro, María Luisa Borjas, intentó su adecentamiento, pero fue separada del cargo y purgada de la policía.
El congreso nacional creó la dirección de investigación y evaluación de la carrera policial. Un mes después su director renunció por falta de apoyo del ejecutivo.
En abril de 2016 el poder ejecutivo decretó un nuevo estado de emergencia y nombró una junta de notables para adelantar un proceso de depuración y transformación de la policía nacional.
Hasta la fecha 3 ex jefes, con rango de general, 34 comisarios y más de 30 subcomisionados han sido separados de la policía; otros 4 subcomisionados están suspendidos por la comisión especial de depuración.
La comisión evaluó a 108 comisarios al contrastar sus hojas de vida con información del Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público, Poder Judicial y otros órganos del estado, según los depuradores que a la fecha han emitido 10 comunicados desde su funcionamiento.
