Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- La Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos, que está en Honduras desde la semana pasada, consideró que el asesinato de Berta Cáceres es un crimen político.
Asimismo la misión comparte con la familia de Berta Cáceres, el llamado a crear una comisión de investigación independiente para que investigue el asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres.
La misión que hoy se encuentra en el municipio de Tocoa en reuniones con los campesinos del Bajo Aguán, condenó además la represión contra los miembros del Copinh el pasado lunes 9 de mayo y exige la inmediata liberación de los detenidos e instó al gobierno de Juan Hernández a evitar cualquier forma de criminalización contra la protesta social.
En su visita al Bajo Aguan han podido constatar que se mantienen las amenazas, ataques e intentos de asesinatos en contra de los líderes y personas defensoras de derechos humanos en la zona así como en contra de dirigentes comunitarios que protegen el agua, los ríos y el medio ambiente.
Reza además el comunicado emitido hoy que continua la criminalización de las personas que lideran la lucha por el acceso a la tierra, la defensa de los territorios y de los derechos humanos, mientras la impunidad prevalece en más de 150 asesinatos perpetrados en la región desde el golpe de Estado, siendo la masacre del Tumbador un caso emblemático.
Asimismo señalan que las amenazas sistemáticas, el desplazamiento forzado, las torturas, el exilio, los desalojos forzados, los despojos y difamación permanecen en la impunidad.
En esta persecución cada vez más selectiva participan Fuerzas de Seguridad privada y escuadrones de la muerte, que estarían amparados por el estado que ha militarizado la región con el patrocinio y provecho de los poderes económicos regionales.
El conflicto agrario tiene su raíz en la Ley de Modernización del Sector Agrícola de 1992, además de no resolverse con los acuerdos relativos a la compra de tierras, firmados en el 2010 y que actualmente se ha agudizado por la falta de voluntad política y la vinculación y convivencia del estamento militar, la policía, los terratenientes, las corporaciones internacionales, los narcotraficantes y sectores políticos de Honduras.
Señala el comunicado que de acuerdo a los testimonios obtenidos en la zona, la Hoja de Ruta para buscar una solución al conflicto agrario, propuesta por el banco Mundial no cuenta con los mecanismos de consulta participativos con las organizaciones campesinas.
La misión hizo las siguientes recomendaciones:
- La Fiscalía debe asegurar la investigación de los crímenes cometidos como premisa fundamental para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las vistimas.
- El gobierno de Honduras debe asegurar que se cumplan los acuerdos relativos para garantizar el acceso de las organizaciones campesinas a la tierra.
- El gobierno hondureño debe proteger y no estigmatizar a quienes ven su integridad amenazada por defender sus derechos.
- Es Obligación del Estado garantizar el estricto cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIHD y destinarse los recursos necesarios, puesto que der no hacerse supone la responsabilidad y convivencia del Estado con las múltiples y graves violaciones a los derechos humanos.
- Crear mecanismos de consulta participativos con las organizaciones campesinas en cuanto a los proyectos que se implementan en sus territorios.
- Finalmente hicieron un llamado a la comunidad internacional para que esté vigilante ante la situación que enfrenta el pueblo hondureño y en particular las personas que defienden los derechos humanos y más concretamente las comunidades campesinas del Aguán.
