Por: Joaquín Mejía Rivera
El 22 octubre de 2011 la sociedad hondureña despertó con la noticia del asesinato de los jóvenes universitarios Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda Rodríguez a manos de miembros de la Policía Nacional.
El primero era hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, y el segundo de Aurora Pineda.
En circunstancias similares, el 1 de febrero de ese mismo año, los jóvenes Narzy Neguib Bonilla Barahona, Guillermo Nahún Murillo Anariba y Neptalí Galeano de 20, 27 y 19 años, respectivamente, originarios de la comunidad de Agua Blanca Sur, en El Progreso, también fueron asesinados por miembros de la Policía Nacional.
Aunque afortunadamente en ambos casos ha habido sentencias condenatorias contra algunos de los responsables, no se puede ignorar el tratamiento diferenciado dado a estos casos por las autoridades de investigación y judiciales, lo cual refleja las gigantescas disparidades en el acceso a la justicia que desvirtúan la garantía de la igualdad ante la ley establecida en el artículo 60 de la Constitución.
En este país donde la violencia se ensaña contra nuestra juventud, la mayoría de las muertes en las que ha habido involucramiento policial o militar, no son investigadas y sancionadas efectivamente. En gran medida, el Poder Judicial tiene una alta cuota de responsabilidad ya que en muchos casos ha actuado de modo tal que ha provocado que muchos crímenes se encuentren en la impunidad.
Por ello, es preocupante que desde el inicio del debate sobre la reforma en materia de seguridad ciudadana, se advierte como un gran ausente en la discusión al Poder Judicial. El impacto de sus resultados o la falta de ellos, es directamente proporcional a los altísimos niveles de impunidad que se viven en el país.
En este sentido, es fundamental buscar los mecanismos para anular la politización partidista en la designación de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, y reducir la interferencia política en el sistema judicial que influye para que no funcione o funcione selectivamente.
Ya es tiempo que la sociedad hondureña asuma que la justicia es un derecho humano esencial y que nos merecemos contar con juezas y jueces profesionalmente idóneos, honestos, motivados y valientes.
