Por: Carlos Zelaya Herrera
Aún sin reglamentar el proceso judicial de entrega de connacionales a gobiernos extranjeros por delitos de crimen organizado y ahora de corrupción, el 7 de abril de 2014 el legislativo ratificó la reforma constitucional para extraditar a hondureños vinculados con el narcotráfico, crimen organizado y terrorismo.
El decreto legislativo 02-2012, que ratifica la reforma del artículo 102 de la Carta Magna, permite la extradición de hondureños por altos delitos y fue publicado un día después en el diario oficial La Gaceta.
Sin embargo y derivado de la traumática experiencia del golpe de estado, es urgente un mayor avance del derecho penal en el país, particularmente en sancionar con extradición los delitos de lesa humanidad contenidos en el tratado de la corte penal internacional, que aún no se instituyen en el país.
En cuanto al combate de la corrupción, en abril de este año el diputado el diputado Renán Inestroza introdujo una iniciativa para reformar el artículo 102 de la Constitución que habilita la entrega por casos de corrupción.
El convenio de la misión de apoyo para el combate de la corrupción e impunidad en honduras Maccih, suscrito entre el gobierno y la organización de estados americanos, OEA, refleja el clamor popular de atacar el flagelo de la corrupción.
Su ratificación por el parlamento hondureño crea mecanismos de extradición activa y pasiva de personajes requeridos por delitos de corrupción tal como lo pide el convenio de la Maccih.
Según Edmundo Orellana Mercado, ex fiscal general de la república, la corrupción se institucionalizó en honduras a partir del golpe de estado del 28 de junio de 2009, contra el ex presidente Manuel Zelaya Rosales.
Fuera del esquema formal del estado, el país y la sociedad entera se han estremecido por escándalos de corrupción de un impacto y grado de organización nunca antes vistos.
Golpes bajos infringidos a la vida, dignidad y economías nacionales en el plano local e internacional en casi toda la escala de la administración pública y parte de la privada.
Perlas negras de terrible fulgor como la implicación de un ex presidente de la república, Rafael Leonardo Callejas, junto al ex vicepresidente de la Federación Nacional de Fútbol, Alfredo Hawit, confesos de corrupción en el escándalo denominado FIFAgate por los cuales enfrentan la justicia estadounidense.
Corrupción en el consejo de la judicatura con tráfico de influencias, despilfarro presupuestario, nepotismo y juicios amañados.
Latrocinio del instituto hondureño de seguridad social, donde se coluden la corrupción público-privada para desviar millones de dólares y financiar la campaña política del partido nacional, tal como lo documentaron radio globo y globo tv.
Con empresas de maletín que lavaron dineros en el extranjero y costó la vida a casi 3 mil derecho habientes que dejaron de recibir servicios y medicamentos oportunos; mientras sus autores materiales, como Mario Zelaya, su ex director y cómplices compraban amores en chile, el país y bienes en Estados Unidos.
Saqueo que originó al movimiento indignado que pidió instalar la comisión contra la corrupción e impunidad en honduras, causa y origen de la actual Maccih.
Corrupción en la secretaría de seguridad, donde de lo administrativo pasó a la terrorífica conspiración y ejecución de los crímenes de los zares antidrogas, Julián Arístides Gonzáles y Alfredo Landaverde, hace 11 y 3 años, respectivamente.
El golpe de estado del 28 de junio de 2009 es un parte aguas en la historia nacional, la terrible ruptura de la endeble democracia hondureña es un corte transversal del daño y lo trágico que vive hoy este país y sus indicadores se siguen incrementando con el nuevo capítulo de una dictadura en proceso de ratificación, como es la reelección presidencial del régimen actual.
Desde 2009 a la fecha la pobreza en áreas rurales del país se incrementó en 1,2 por ciento, según datos difundidos por el instituto nacional de estadísticas (INE).
En 2010 se registraron 100 mil personas más en estado de pobreza, lo cual señala que el índice ascendió de 58,8% a 60% en los últimos 12 meses.
Desde que Porfirio Lobo Sosa, asumió la presidencia en enero de 2010, se produjeron nuevos actos de violencia e intimidación contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos.
El informe de la organización vigía de los derechos humanos, (Human Rights Watch), después del golpe de estado del 2009, documenta 47 casos, incluidos 18 asesinatos. Si bien es posible que algunos podrían resultar de delitos comunes, existen indicios —como amenazas explícitas— que sugieren que responden a motivaciones políticas.
En fin, tantos daños infringidos al país y a la hondureñidad que ante la débil institucionalidad hoy obligan al estado a buscar apoyos en la comunidad internacional para que estos delitos no queden en impunidad.
