Por: Redacción CRITERIO
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Salvaguardar es un término cuyo significado depende de quién lo use. Puede resultar en una acción positiva en términos de derechos o del ambiente, o simplemente puede resultar en una mera retórica para no perder inversiones y ganancias. Hoy se habla mucho alrededor del mundo sobre las salvaguardas para la implementación de proyectos llamados REDD+ o “Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación ambiental, la conservación, la gestión forestal sostenible y el aumento de reservas forestales de carbono”.
Las salvaguardas tienen un origen en la economía. Así fue que con el nacimiento de la Organización Mundial del Comercio en 1995 ya se hablaba de salvaguardas comerciales. La idea fue la de proteger o cuidar los intereses nacionales frente a los problemas suscitados por los intercambios comerciales. Sin embargo, se generaron infinidad de controversias, declarándose a la totalidad de las salvaguardas como ilegales. Esto demuestra que al momento de contraponer los intereses mercantiles a cualquier otro, siempre ganan los primeros. Con este antecedente, no podríamos esperar otra cosa con las salvaguardas en el caso de REDD+.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) también establecieron sus propias salvaguardas y estándares sociales y ambientales para sus proyectos. Sin embargo, sabemos que en lugar de proteger a los pueblos o a la naturaleza, lo que buscan es la protección de sus proyectos o de “los activos de los recursos naturales implicados en la ejecución de un proyecto” .
En la actualidad, el BM se encuentra en un proceso de revisión de sus políticas de salvaguardas y estándares, para peor, pues busca una incluso mayor flexibilización de los “requerimientos” ambientales y sociales para sus proyectos. Esto tiene graves consecuencias, pues el BM incide y orienta normas para muchas instancias públicas y privadas, internacionales y nacionales, en cuanto a políticas socioambientales. Esta revisión no es fortuita. Se enmarca en el nuevo escenario internacional de la aplicación del mecanismo REDD+.
Las 7 salvaguardas para REDD+ aparecieron en los documentos de las negociaciones sobre clima de la ONU de 2010. Estas son la complementariedad y compatibilidad con los sistemas forestales nacionales y de conservación de bosques naturales, transparencia y eficacia, participación, respeto al conocimiento y respeto de pueblos indígenas y otras dos “salvaguardas” claramente mercantiles frente a la reversión y desplazamiento de las emisiones.
Las salvaguardas en los proyectos REDD+ aparecen como un mero requerimiento, casi en forma de check-list, no para respetar los derechos las poblaciones locales, sino como una manera de procurar que con una inversión mínima se puedan evitar conflictos sociales, mientras que se garantice que el mercado de carbono funcione. Las salvaguardas estarían en efecto buscando la efectiva implementación de REDD+, minimizando –no evitando- los riesgos socioambientales inherentes a las actividades REDD.
Como en todo proceso similar, para avalar las salvaguardas a nivel nacional, el programa REDD+ de la ONU (ONU-REDD) ha abierto falaces procesos de participación de los diferentes actores involucrados y consultas para llegar a un “consenso” sobre cuáles deberán ser las salvaguardas a ser dictadas para el éxito de REDD+ . Y por si fuera poco, además de las salvaguardas, existen una serie de herramientas, “directrices”, “principios”, sistemas de “participación”, “asignación justa de valores” y otros, que, con sus propias jergas, tienen detrás meros intereses mercantiles.
La inclusión de los pueblos indígenas en estas salvaguardas es evidente pues ellos son los propietarios de la mayor parte de los últimos bosques naturales que existen todavía en el mundo. No tardaron en incluir a las mujeres como componente en los programas nacionales de REDD+. Decisión que forma parte del apaciguamiento social ante los crecientes conflictos y rechazo –sobre todo por parte de las mujeres de las comunidades- a los proyectos y políticas públicas de corte extractivista y de otra índole. Asimismo, para dorar la píldora del desarrollo, pueblos indígenas y mujeres fueron incorporados como “componentes” a todo proyecto de inversión, incluyendo REDD+.
Ninguna “salvaguarda” liberará a las mujeres
Como parte del proceso de ONU-REDD, se ha integrado el concepto de igualdad de género para hacer “REDD+ más eficiente, efectivo y sustentable”. Sobre esto ya han surgido varias críticas, como la señalada por la Alianza Global de Pueblos Indígenas y comunidades locales sobre cambio climático y frente a REDD+, que señala que “está claro que REDD+ constituye una nueva forma de violencia contra la mujer porque limita o prohíbe el acceso a las mujeres a la tierra en donde cultivan, cosechan comida o consiguen agua para sus familias”, actividades que están en un 90% en manos de las mujeres en las comunidades rurales del mundo.
Considerando además que las mujeres poseen menos, heredan menos, y en general tienen menos acceso a los bienes de la comunidad.
También hay que añadir que bajo mecanismos de pagos por servicios ambientales – como los créditos de carbono negociados a través de REDD+ -, por lo general son los hombres de las comunidades quienes reciben los beneficios a través de los convenios firmados con las asociaciones o directivas de las organizaciones –en su mayor parte hombres-. Y en el caso de que sean las mujeres las que deban recibir el dinero, en su mayoría a través de la entrega de incentivos para instalar plantaciones forestales puede aumentar la violencia doméstica, ya que los hombres buscan acceder a estos recursos. Peor aún, recae en ellas la tarea de evitar la tala de bosques no siendo ellas las responsables del problema. Las mujeres entran de esta manera al contingente de “mano de obra” barata a nivel global que vigilan la mercancía (carbono, agua, biodiversidad, o cualquier servicio ambiental creado) con la cual lucra el capital. Deben desplazarse por horas para recibir el bono, deben ser no solo guardaparques de sus bosques, sino policías de sus propias comunidades, se han convertido en sujetos-trabajadoras explotadas con una mínima remuneración.
En un escenario de crisis económica como la que estamos viviendo debido a la sobreproducción y sobreacumulación, con el consecuente empobrecimiento, endeudamiento, desempleo, etc. – y ambiental, con serios efectos como el cambio climático, la deforestación, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación, etc. – siempre se agudizan las desigualdades, afectando principalmente a las mujeres y los pueblos indígenas. Lo que en realidad es redundante puesto que en el capitalismo –y las crisis que desencadena – son los más débiles evidentemente los más vulnerables. Se aplica la tesis de la doble exposición. Las mujeres se exponen a la explotación del capitalismo y luego a la opresión de las crisis generadas por él mismo.
De acuerdo a la feminista Silvia Federici (9), la ONU ha redefinido la agenda feminista con efectividad. El intento de incorporar el componente de género en instrumentos como REDD+ es un ejemplo de esto. Pero en la práctica puede resultar en una trampa. De acuerdo a la autora, las mujeres al recibir remuneración por su trabajo, en realidad no están ganando autonomía ni liberación.
No se trata de decir no a los subsidios diferenciados para las mujeres, sin embargo, en el capitalismo se devalúa el trabajo de cuidado –y las mujeres cuidan a sus familias, la chacra, el bosque- y eso significa que devalúa las vidas de las mujeres para continuar devaluando a los trabajadores. Con REDD+ el capitalismo está extrayendo el trabajo de millones de mujeres indígenas, es como una mercantilización de las emociones y de las necesidades particulares de las mujeres.
Esta última tesis es fundamental para entender por qué debemos oponernos a los servicios ambientales, y sus mercados. Una mujer, o una comunidad, que recibe un subsidio por cuidar el bosque, a través de REDD+ está indirectamente permitiendo que el capitalismo se reproduzca y fortalezca a través de la explotación de los trabajadores que producen mercancías, que extraen petróleo, que trabajan en las minas, etc. Con el pago de este subsidio, los Estados, los bancos, las empresas, están adquiriendo derechos para seguir sobre produciendo, sobre acumulando, a través de la explotación de los trabajadores y de la naturaleza.
Es un asunto fundamental que no se está teniendo en cuenta en el debate sobre REDD+ pero que es clave en una agenda de defensa de los derechos de las mujeres, de cambio climático, de bosques y de servicios ambientales.
