Por: Hugo Noé Pino
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Tegucigalpa.-El edificio Watergate, situado en el corazón de Washington, D.C., fue el escenario de uno de los acontecimiento históricos en los Estados Unidos que llevó a la renuncia del entonces presidente Richard Nixon, algo impensable en los años precedentes. Esto ocurrió a principios de la década de los años setentas del siglo pasado.
El famoso escándalo se originó con el espionaje electrónico que el partido Republicano había montado en dicho edificio, sede de la campaña del partido Demócrata. Los detalles de dicha operación fueron revelados por el influyente periódico Washington Post, con la ayuda de informantes claves.
Parte importante de las investigaciones a nivel periodístico y de la fiscalía de Estados Unidos radicaba no solamente en la determinación de los actores materiales del espionaje, sino que también cuáles autoridades del gobierno tenían conocimiento de lo sucedido y en qué parte habían participado. La investigación llegó hasta la presidencia con la consecuente renuncia del presidente Nixon.
Manteniendo las distancias en diferentes campos, las últimas revelaciones sobre la participación de los altos mandos de la policía hondureña en asesinatos de alto impacto (y seguramente muchos más de bajo impacto), se puede derivar semejanzas y distancias con lo ocurrido en el caso Watergate. Un primer aspecto de distancia es que el Watergate se debió a un caso de abuso de poder, sin que se conozca que nadie haya pagado con su vida por estos abusos. Otro es la fortaleza institucional de los entes encargados de las investigaciones, derivada de su independencia y ética.
Sin embargo, el caso hondureño está lleno de sangre con asesinatos no solamente de otro funcionario público, como del zar contra la droga en Honduras, general Julián Arístides González, y otros miembros de la policía que participaron en su asesinato, sino también de civiles, entre ellos, el caso de Alfredo Landaverde.
En el caso hondureño la semejanza se deriva de: ¿qué conocimiento tenían las autoridades superiores tanto dentro de la policía, la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público, el poder Ejecutivo, el Legislativo y el poder Judicial en Honduras? Cualquier autoridad que haya tenido conocimiento de los hechos denunciados en Honduras por diario El Heraldo, y a nivel internacional por el New York Times, tiene que rendir cuentas por obstrucción a la justicia, y vaya y las investigaciones no arrojen complicidad también.
No habría que olvidar que el asesinato del general González (8 de diciembre de 2009) se dio en el marco del golpe de Estado en Honduras (28 de junio de 2009). En estos momentos la policía jugaba un papel de represión de las manifestaciones populares en contra del golpe de Estado, situación que se mantendría en los años siguientes. ¿Pudo haber influido factores como estos para que una investigación finalizada tres semanas después del asesinato del general González no terminara en el enjuiciamiento de los responsables?
Difícilmente uno puede creer que esferas altas del gobierno hondureño no estuvieran enteradas de los resultados de estas investigaciones, cuando el propio poder Ejecutivo contaba con una sección de inteligencia dirigida por el actual ministro de Seguridad. Ni que tampoco los compañeros de armas del general retirado en las Fuerzas Armadas, no tuvieran conocimiento de los hechos, dado el tradicional y bien informado servicio de inteligencia.
Los familiares de los asesinados y toda la sociedad hondureña tienen el derecho de conocer no solamente los autores materiales e intelectuales de estos crímenes, sino también quiénes conociendo los hechos se abstuvieron de actuar por más de 6 años. En este sentido, la depuración que se habla no debe limitarse a la policía, sino que también a aquellos que conociendo los hechos permitieron que todo siguiera igual en el transcurso de los años.
La crisis institucional que vive Honduras no se limita a los altos mandos de la policía y a su castigo, si es que llega algún día, sino que se extiende a las instituciones que debiendo velar por el cumplimiento de la ley no lo hacen, incluyendo el sistema de justicia. En días recientes se ha recordado que Gautama Fonseca (QEPD), cuando fungió como ministro de Seguridad despidió varios altos oficiales de la policía vinculados a hechos irregulares; sin embargo, los tribunales de justicia ordenaron su reintegro. Nadie se pregunta, sin embargo, quienes fueron los jueces y si tenía suficientes elementos para ordenar esos reintegros o formaban parte de la cadena de impunidad que prevalece en Honduras.
Infortunadamente, las instituciones de aplicar justicia en Honduras sufren una crisis de credibilidad sin precedentes. Menuda tarea tiene la MACCIH en los próximos años en Honduras.
