Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-La magistrada del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Daysi Oseguera de Anchecta, pidió este miércoles a los medios de comunicación que le muestren una acción buena del Consejo de la Judicatura que presidía, Jorge Rivera Avilez y Teodoro Bonilla.
La magistrada fue categórica al expresar que los miembros de ese Consejo de la Judicatura “por vergüenza deberían de renunciar porque no han hecho nada. Porque el Consejo de la Judicatura fue un fracaso para el poder Judicial”.
Sobre la repartición de bonos en el mes de diciembre a los empleados del Poder Judicial, Oseguera dijo que, “no es ilegal porque ese poder tiene la potestad de emitir los reglamentos que estime necesarios para su funcionamiento, pero no es correcto, ni es probo, ni es ético”.
Señaló que, los bonos provenientes de la Tasa de Seguridad, eran para jueces, escribientes y secretarios de juzgados y otro personal que pusieran en riesgo su vida, pero aquí los bonos fueron otorgados a secretarias, administradores, conductores y vigilantes.
La magistrada del TSE confirmó que, los 15 parientes nombrados en el sur del país son familiares del concejal Teodoro Bonilla y agregó que el inspector de tribunales envió al TSE una documentación donde se establece esta información.
Ahondó que, en ese expediente hay testimonios de los empleados de las oficinas del Poder Judicial donde fueron nombrados los familiares de Bonilla, donde afirman que están personas no se presentaban a trabajar.
Sobre el cobro de viáticos y no salir de viaje es una forma de robarle al Estado y eso debe ser investigado a profundidad y el TSE solo puede investigar el daño patrimonial, lo penal corresponde a otras instancias.
Oseguera de Anchecta, se preguntó: ¿por qué hasta ahora salen estas denuncias?, ¿Por qué no se hicieron antes si esta situación viene dándose desde hace más de un año? Y señaló que ha habido colusión y corrupción también.
Se conoció además que 4 empleados fueron despedidos y canceladas sus prestaciones y luego los volvieron a contratar, violando la ley que dice que persona despedida y que se la han pagado sus prestaciones no pueden regresar a esa institución.
