Por: Redacción CRITERIO
El informe de la situación de los derechos humanos en Honduras presentado por la Organización de Estados Americanos (OEA), establece que la violencia y la inseguridad son problemas graves a los que se enfrenta la sociedad hondureña, con grandes repercusiones en el goce y ejercicio efectivo de los derechos humanos en el país.
En el 2013, el índice de homicidio en Honduras fue el más alto a nivel mundial, con una tasa de 79 por cada cien mil habitantes conforme a las cifras publicadas por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Para el 2014, el Estado indicó que tomando como base las cifras de la UNAH, la tasa de homicidios en Honduras disminuyó a 66.4, mientras que la UNAH publicó una tasa de 68.
A pesar de la discordancia en las cifras, la CIDH saluda estos números que apuntan a una disminución. Sin embargo, la tasa de homicidios continúa siendo una de las más altas de la región y del mundo y afecta particularmente a la población joven y ahora que se han puesto de moda las masacres donde se cometen asesinatos múltiples de 6 y 8 personas.
La CIDH observó que los niveles de violencia registrados —y el impacto particular en defensores y defensoras, pueblos indígenas, mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas LGBT, migrantes, personas campesinas del Bajo Aguán y periodistas y trabajadores de la comunicación y operadores de justicia— son el resultado de varios factores entre los que destacan el incremento del crimen organizado y el tráfico de drogas, el reclutamiento de niños y adolescentes, una deficiente respuesta judicial que conlleva a la impunidad, la corrupción, y a altos niveles de pobreza y desigualdad.
Además, según la información recibida, parte de esta inseguridad provendría del mismo cuerpo policial, de la policía militar y del ejército a través del uso ilegítimo de la fuerza, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado.
Preocupa particularmente a la CIDH el hecho de que estos índices de violencia e inseguridad se encuentran exacerbados por la falta de políticas públicas y de otro carácter para dar frente a las desigualdades y exclusión social de grandes sectores de la población. Así, la situación de los grupos en condición de vulnerabilidad, debido a su discriminación histórica, y analizados en el presente informe, enfrentan en forma persistente obstáculos en el goce pleno de sus derechos y una falta de acceso a la justicia.
Durante la visita en diciembre de 2014, la Comisión constató la grave situación que enfrentan las defensoras y los defensores de derechos humanos, quienes son blancos de ataques por parte de aquellas personas que han sido señaladas como
responsables de violaciones a derechos humanos, o bien, de sectores y grupos que tienen intereses opuestos a sus causas. Asimismo verificó que el riesgo a perder la vida o padecer un daño a la integridad personal, ha ocasionado que un número importante de defensoras y defensores de derechos humanos en Honduras
En el transcurso de la visita, organizaciones de la sociedad civil presentaron información a la Comisión sobre lo que describen como represión y persecución política de la que serían víctimas las defensoras y los defensores de derechos humanos en todo el país, en particular las y los defensores de comunidades y pueblos indígenas en relación con la defensa de su territorio. Los defensores y defensoras de las personas LGBT también enfrentan un contexto de violencia que se agrava por las actitudes estereotipadas y discriminatorias contra este grupo.
Igualmente, la Comisión observó con preocupación que la situación de violencia generalizada en el país durante los últimos años ha conllevado a un incremento significativo de refugiados y en el número de solicitantes de asilo en otros países de la región, incluyendo niños, niñas, adolescentes y jóvenes no acompañados o separados de sus familias.
La CIDH pudo constatar además la grave situación de inseguridad en la que laboran los periodistas y comunicadores por el ejercicio de la libertad de expresión, que los convierte en un grupo especialmente vulnerable de la población.
Los altos niveles de violencia persistente en el país han traído como correlación una elevada demanda de justicia que no ha tenido una respuesta eficaz por parte del Estado, configurándose una situación de impunidad estructural. Cifras oficiales hechas públicas en el 2013, indicaban que 80% de los homicidios cometidos en Honduras quedaban en la impunidad por falta de capacidad de los órganos de investigación. Durante la visita, organizaciones de la sociedad civil entrevistadas indicaron que los niveles de impunidad persistente en Honduras serían mayores.
La policía nacional ha perdido la confianza de la ciudadanía debido a una falta de respuesta eficaz, denuncias de corrupción y vínculos con el crimen organizado. Por ello el Estado ha enfocado sus esfuerzos en reformas legales e institucionales por medio de las cuales las Fuerzas Armadas han ido ganando participación en funciones que no necesariamente corresponderían con su naturaleza, relativas por ejemplo, a tareas regulares de seguridad ciudadana.
Diversos actores entrevistados durante la visita se refirieron a la existencia de un proceso creciente de militarización para abordar la inseguridad, y por lo tanto una mayor presencia de militares en las zonas de mayor conflictividad así como a una “lucha abierta contra el crimen organizado”, sin un claro proceso para fortalecer a la policía nacional.
En este marco, se creó la Policía Militar y también un grupo de jueces y fiscales de
jurisdicción nacional cuyo objetivo es acompañar a la Policía Militar para asegurar
que sus actuaciones estén enmarcadas en la ley.
Estos jueces y fiscales no cuentan con suficientes garantías de independencia e imparcialidad para conocer violaciones a derechos humanos conocidas por los miembros de dicha Policía. Con base en su análisis, la CIDH ha identificado una serie de preocupaciones entre otros, que fuerzas militares realizan actividades que no implican la defensa del país sino hacer cumplir la ley, cuestiones que deberían corresponder a la policía.
La CIDH destaca la apertura del Estado de Honduras al escrutinio internacional y las medidas que el Estado ha tomado para hacer frente a la situación presentada en el informe. En particular reconoce la aprobación de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, aprobada por unanimidad por el Congreso Nacional el 15
de abril de 2015.
Asimismo, la CIDH saluda la decisión del gobierno de invitar una mayor presencia en el país de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuyo acuerdo de sede habría sido firmado el 4 de mayo de 2015. Asimismo, la CIDH resalta el Convenio de Colaboración y de buena fe para la promoción de la Transparencia, Combate a la Corrupción y Fortalecimiento de Sistemas de Integridad, suscrito entre el Gobierno de Honduras y Transparencia Internacional el 6 de octubre de 2014. La Comisión reconoce también como un avance la Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos que se encuentran en proceso de implementación, y el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2014-2022.
La Comisión asimismo destaca avances en materia legislativa en los últimos años en materia de derechos humanos tales como como la armonización de la legislación en materia penal a los estándares internacionales, la Ley contra la Trata de Personas, la Política Nacional de la Mujer y el II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras, la creación del Instituto Nacional de Migración y la Fuerza de Tarea del Niño Migrante.
También en relación al acceso a la justicia, la Comisión saluda las iniciativas como la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán y la creación de agencias de investigación criminal con la finalidad de centrar los esfuerzos en las investigaciones, aunque en la práctica se requiera, según la información recibida, mayor coordinación entre las unidades existentes y transferencia de capacidades.
La CIDH valora asimismo las iniciativas del Estado para fortalecer y mejorar a las diferentes entidades que participan en la administración de justicia. Sin embargo, toma nota de algunas objeciones a ciertos aspectos de la metodología. Por otro lado, la CIDH nota que la creación de Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, ha mostrado una efectiva capacidad de coordinación entre las instituciones, y espera que la misma sea dotada de suficientes recursos financieros para cumplir de forma eficaz con su mandato.
Respecto a la administración de justicia, durante la visita la Comisión recibió información sobre medidas adoptadas con el propósito de recobrar la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de la administración de justicia, fortalecer la lucha contra el crimen organizado y reducir la corrupción.
Noobstante, la CIDH advierte que persisten importante desafíos para que las medidas adoptadas sean efectivas. Varios de estos desafíos derivan del marco normativo dispuesto por el Estado para regular los procesos de selección y disciplina de las y los operadores de justicia. Específicamente, la Comisión notó con preocupación el funcionamiento del Consejo de la Judicatura, que según la información recibida, genera inquietudes en cuanto a que en la práctica sus procedimientos —en particular los procesos de selección y nombramiento— no estarían siendo conducidos con transparencia ni garantizando el acceso a las y los operadores dejusticia en condiciones de igualdad y con base en los méritos. Asimismo, recibió información respecto del proceso de depuración judicial y la aplicación de pruebas de confianza a varios funcionarios estatales —incluyendo operadores de justicia—,que presenta posibles riesgos al actuar independiente de jueces y fiscales.
Por otro lado, durante la visita la Comisión constató la persistencia de altos niveles de desigualdad y exclusión social que afectan a grandes sectores de la población.
Específicamente observó las graves dificultades y desafíos en el acceso a necesidades básicas, oportunidades de empleo, recursos naturales como la tierra y medios de supervivencia. La situación de mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes son algunos de los grupos poblacionales que se encuentran en
una situación de mayor vulnerabilidad como resultado de la discriminación y exclusión económica y social persistente, lo cual a su vez se traduce en violaciones
a sus derechos humanos. En particular, la CIDH recibió testimonios sobre la grave
situación que enfrentan las trabajadoras de empresas textiles transnacionales y los
buzos Miskitos.
Respecto a las personas privadas de libertad, la CIDH analiza los que considera siguen siendo algunos de los problemas más graves que enfrenta el sistema penitenciario hondureño, tales como el control interno de cuestiones de seguridad y disciplina y la correlativa falta de control efectivo de las autoridades y riesgo de violencia; el hacinamiento y las deplorables condiciones de reclusión; y la falta de clasificación de las personas privadas de libertad, incluso de separación entre hombres y mujeres en algunos centros penales, separación de personas condenadas y no condenadas, así como grandes dificultades en el ámbito de la justicia juvenil.
La Comisión espera con el presente informe coadyuvar al Estado hondureño en romper el ciclo de impunidad imperante y a ajustar los mecanismos que ha creado en los últimos años a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos. En este contexto, la CIDH realiza una serie de recomendaciones al Estado de Honduras
