Por: OFRANEH
Después de 17 días donde se efectuaron seis intentos para elegir la nueva Corte Suprema de Justicia del país, finalmente se eligió los candidatos impuestos por el Poder Ejecutivo. Los hondureños estuvimos siguiendo con atención la telenovela, en la cual buena parte de los “honorables” diputados se fueron despojando de su dignidad y confabulando para elegir una corte a la medida de las necesidades de la Casa Presidencial.
Desde la elección de la Corte vigente a inicios del año 2009, se fueron creando las condiciones para el golpe de estado de junio de ese año, cuando el Congreso Nacional se alió con la Corte Suprema para defenestrar a la administración de Manuel Zelaya Rosales.
El “golpe suave” promovido por la ultraderecha hondureña y estadounidense, se tornó en una manual que posteriormente fue puesto en práctica en el Paraguay y se ha convertido en el recurso del método para amedrentar a gobiernos indóciles a los mandatos del capital transnacional.
Los correos de la Secretaria de Estado Hillary Clinton que han salido a la luz pública, demuestran el doble discurso de la administración Obama, que sí bien entre dientes condenó el golpe, al mismo tiempo hizo todo lo posible para diluir la posibilidad de un retorno de Zelaya al solio presidencial.
Con las elecciones efectuadas en noviembre del año 2009, promovidas por la misma Clinton y la OEA, en un ambiente enrarecido por la violencia y sin la existencia de oposición alguna al Parido Nacional de ultraderecha, se consolidó en Honduras la administración de Pepe Lobo, la cual fue adquiriendo cada día más el matiz de una dictadura civil, donde el crimen organizado se insertó en el poder legislativo; y la policía nacional se convirtió en controladores aéreos al servicio de los carteles de las drogas.
En medio del caos surgido por la destrucción de la incipiente democracia surgió el plan económico del régimen de Pepe Lobo: la subasta del país por retazos a inversionistas extranjeros con la novedad de permitir la creación de mini estados cuasi independientes, con sus propias leyes y fuerzas de seguridad. Bajo el rótulo de Regiones Especiales de Desarrollo (Ley RED) conocida también como “ciudades modelo”. La élite de poder asociada a la dictadura comenzó a promover la entrega de Honduras, logrando el apoyo de los libertarios de ultraderecha estadounidenses.
Ante la oposición surgida en el país y la declaración de inconstitucionalidad de la Ley RED por parte de la Corte de lo Constitucional, el Congreso Nacional procedió a defenestrar a la Corte Constitucional, suplantando a los cuatro magistrados que señalaron las incongruencias legales de las ciudades modelo. El único magistrado que se libró de la vendetta del legislativo, el abogado Oscar Chinchilla, pasó a ser el Fiscal General, en un posterior golpe al Ministerio Público, acontecido en agosto de 2013.
Como parte de la tormenta política que atraviesa Honduras, producto de la enorme corrupción suscitada por el partido en el poder, los que saquearon el Instituto Hondureño de Seguro Social (IHSS) entre otras instituciones gubernamentales; además de las extradiciones de “honorables” hondureños ligados al narcotráfico y al lavado de activos, la actual administración consideró más que indispensable asegurarse una nueva corte suprema fiel a sus intereses, ya que existen rumores de una larga lista de políticos, empresarios y lancheros asociados a los carteles de la droga y la corrupción, y que aparentemente son solicitados por los Estados Unidos.
Juan Hernández, fue elegido en una borrasca electoral, donde los señalamientos de fraude e intervención del crimen organizado pasaron inadvertidos tanto por la embajada estadounidense, OEA y ONU que corrieron a felicitar al antiguo presidente del Congreso Nacional. Hernández, confeso admirador del dictador Tiburcio Carías (1933-1949) más de un vez ha declarado su aspiración a gobernar durante cincuenta años, para lo cual su correligionario, el recién extraditado expresidente Rafael Callejas inicio las gestiones ante la Corte Suprema destinadas a modificar la constitución y así poder crear las condiciones para perpetuar la actual dictadura civil.
La africanización de la política hondureña es cada día más evidente y va más allá del “mes de la herencia africana”. Para el capital transnacional un país con instituciones débiles representa la posibilidad de mayores ganancias. África se ha convertido en un modelo económico de saqueo y de irrespeto a los derechos humanos.
Uno de los paradigmas de la entrega de recursos y desplazamiento poblaciones es Yoseweri Museveni, el que desde 1986 se ha mantenido en el poder con el apoyo irrestricto de los Estados Unidos y la Unión Europea, países que han ignorado el lago de sangre en los países de África central, consecuencias de los abusos para perpetuarse en la presidencia a través de farsas electorales. Museveni con su discípulo y Paul Kagami -presidente de Rwanda desde el final del genocidio ocurrido en ese país a mediados de los años 90- han sentado cátedra del desprecio hacia sus propios pueblos y han participado en el saqueo de la República Democrática del Congo, donde han sido asesinados más de cinco millones de personas en nombre del mineral coltan.
La elección de la nueva Corte Suprema coloca a Honduras más cerca del régimen autocrático de Uganda que de la vecina Costa Rica, la que sin ejercito alguno ha logrado escapar a de la violencia y guerra silente padecida por los países del triángulo de la muerte.
La nueva Corte se convierte en un recurso para que la dictadura se afiance en el poder y pueda continuar el saqueo de los recursos e instituciones estatales. Mientras tanto la ola migratoria hacia los Estados Unidos continúa como una hemorragia imparable, ya que para la gran mayoría de los hondureños la violencia y la pobreza forman parte del colapso de la “república mafiosa” en la que estamos obligados a sobrevivir.
