Por: Edgar Soriano Ortiz
Desde el siglo XIX cuando se gestaba el Estado nación la Corte Suprema de Justicia paso a convertirse en un lugar privilegiado y negociado por las distintas facciones. Durante el proceso liberal de fundación de instituciones con el fin de centralizar el poder y fortalecer la gobernanza la Corte fue un ente parcial frente el poder de los caudillos. Por ello, cuando se hacían alianzas la CSJ pasaba a ser repartida entre abogados files a las facciones del caudillo.
Hay diversos ejemplos históricos, como el caso de 1904 la última estocada del general Manuel Bonilla fue disolver el parlamento mientras el poder judicial ya estaba en su absoluto control, y en enero de 1924 Tiburcio Carías negocia con Juan Ángel Arias el reparto de la CSJ con el fin de que el primero asumirá la presidencia de la republica mientras el segundo adquiriera una cuota de poder en el sistema judicial.
La negociación entre Carías y Arias no prospero frente a la absoluta oposición de la otra facción del partido “Liberal” que dirigía el candidato Policarpo Bonilla, lo que finalmente desató una violenta revuelta armada que obligo al Departamento de Estado estadounidense a intervenir con mayor fuerza en la política nacional.
Luego de era “presidencialista centralizadora” que con la venia de Washington lideró Tiburcio Carías Andino (1933-1948) y en los siguientes procesos, el liberal (1956-1963) o el militar (los 1960 y 1970) la CSJ siguió en mano de los distintos grupos políticos de poder.
Años después cuando el contexto geopolítico centroamericano fue prioridad para el intervencionismo estadounidense y con el fin de la “guerra fría” del siglo XX, la CSJ sería dominada por los partidos políticos tradicionales, el reparto estaba en manos de grupos de poder económico que tras bambalinas convirtieron en una verdadera comparsa teatral garante de la impunidad y el control de los recursos.
La presión externa manifestada por el FMI, la llamada “cooperación” internacional y el Departamento de Estado obligaron a impulsar el proceso de selección de magistrados mediante una “junta nominadora” integrada por entes de “sociedad civil” luego de firmase el decreto 140-2001.
Sin embargo, los poderes facticos lograron seguir manipulando a beneficio propio este vital poder del Estado, tal como lo hizo la CJS bipartidista encabezada por Vilma Morales que le entrego en 2006 las últimas cartas de libertad al ex presidente Callejas Romero tras los enormes escándalos de corrupción.
En el 2009 la CSJ bipartidista cerró filas junto a las demás instituciones estatales para garantizar el dominio factico de las elites hondureñas. Ahora en 2016 el descaró impositivo en la selección de la nueva CSJ inició con un proceso viciado con la selección de la “junta nominadora” en una clara artimaña autoritaria de JOH por garantizar su continuismo. Las compras de diputados y las presiones negociadas son los síntomas de una enfermiza administración estatal que urge ser refundada.
