Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-A juicio de la Alianza por los Derechos Humanos, el proceso de selección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es ilegítimo porque las representaciones en la Junta Nominadora no representaron los intereses del pueblo sino de grupos que pretenden imponer un Poder Judicial para que no opere contra la impunidad.
La instancia de sociedad civil, integrada por el Centro para la Investigación, Protección y Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH), el Centro de Prevención de la Tortura (CPTRT) y el Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), expuso su posición este miércoles mediante un pronunciamiento que resume el proceso que se ha llevado a cabo en Honduras para integrar la CSJ para el período 2016-2023.
Los defensores de los derechos humanos hicieron una sinopsis de lo ocurrido en Honduras durante el golpe de Estado y el papel que jugó la CSJ en ese oscuro capítulo de la vida democrática hondureña, lo que según ellos, ha validado la concentración de poder del que goza en la actualidad el Presidente de la República, Juan Hernández.
Amparados en ese contexto, apuntaron que el nuevo proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia se está llevando a cabo con las mismas normas de los dos últimos procesos que evidenciaron no funcionar para fortalecer la independencia judicial y la democracia.
“Este proceso se hay llevado a cabo por con la participación de un grupo de instituciones, organizaciones y un sector de la iglesia evangélica, que no han cumplido con el principio democrático de publicidad y transparencia, al no abrir el proceso al escrutinio social, así como desobedeciendo resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública”, cuestionaron.
Asimismo, indicaron que les preocupa que los aspirantes a magistrados/as hayan cedido al derecho a la integridad física y psicológica cuando no se opusieron a las pruebas de confianza relacionadas con el polígrafo y los exámenes físicos humillantes y que la Dirección de Inteligencia, que está bajo la jerarquía del Presidente de la República, haya realizado las pruebas en una clara injerencia de un poder del Estado sobre otro.
“Denunciamos que este proceso no es legítimo porque las representaciones en la Junta Nominadora no representaron los intereses del pueblo sino de grupos que pretenden imponer una Corte Suprema para que no opere contra la impunidad. En estas condiciones, la nueva Corte Suprema de Justicia obedecerá el plan de consolidación de la concentración de poder en el Poder Ejecutivo, así como para proteger los intereses contrarios a la justicia”, expusieron.
