Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa. La detención y enjuiciamiento del dirigente del equipo hondureño Marathón, Yankel Rosenthal Coello y la inminente quiebra del holding Continental y su ícono, Banco Continental, propiedad del patriarca Jaime Rosenthal Oliva, por presunto lavado de activos para narcomafias, abre una de las muchas cajas de pandora que podrían hacer temblar el régimen nacionalista de Juan Hernández, no por la profunda corrupción que lo caracteriza, sino por presuntos vínculos con tramposos.
Ese extremo demuestra que las movilizaciones populares, surgidas por el vulgar latrocinio contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que supera los 350 millones de dólares, no han hecho gran daño a Hernández y pasarán al baúl de los recuerdos de la corrupción que han marcado a los gobiernos nacionalistas.
El chinazo, petrolazo, gasolinazo, zapatazo, etcétera, dan fe que estas administraciones nunca fueron honestas. El “caiga quien caiga” es una mera falacia.
Pero la captura en Miami de Yankel –que en la contienda interna de 2013, dijo que apoyaría a Hernández financieramente y con el voto–, y una salida negociada con la DEA y EEUU para reducir penas, siempre y cuando dé detalles comprometedores, que avala la legislación penal norteamericana, destaparía un brutal entramado de relaciones que sostiene al actual gobierno con algunos cárteles del narcotráfico, con los que incluso, hicieron pactos para no verse tocados.
Los Rosenthal fueron varias veces a celebrar la independencia de EEUU; hasta el embajador James Nealon los ha mandado al patíbulo, al escribir en Twitter que no permitirán más impunidad.
Sin embargo, ya es tarde para esta familia: Continental pasará a la historia, con más pena que gloria, porque dejará en la calle a más de 100 mil personas en toda Honduras, que dependen directa o indirectamente de la actividad económica del conglomerado con base en San Pedro Sula.
Incluso, sus dos puntas de lanza mediáticas, Diario Tiempo (con eternas crisis económicas) y Canal 11 –competidor directo de Televicentro– ya tienen sus días contados…el efecto dominó que hizo el Departamento del Tesoro al nombrar las empresas y corporaciones inscritas en Panamá e Islas Vírgenes Británicas, las lleva de encuentro.
Por tanto, desaparecería un periódico que en la década de 1980, durante la “Guerra Fría”, asumió una postura crítica, que desgraciadamente ha venido decayendo en su enfoque de objetividad, sobre todo ahora con el actual gobierno, pues se ha plegado a las manipulaciones, intereses y caprichos de Juan Hernández y un canal que ha venido creciendo y ha hecho sombra al conglomerado mediático controlado por Rafael Ferrari.
Aunque ambos medios habían pactado un maridaje con el gobierno nacionalista, la maltrecha libertad de expresión recibiría un certero golpe. En últimas líneas, es un “daño colateral”.
El extraño anuncio de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) –hecho en la denominada ‘semana morazánica’, cuando la burocracia se fue a vacacionar y la cobertura informativa es flaca–, de liquidar (a grandes rasgos, cerrar operaciones de forma progresiva, con la devolución de capitales aportados por el público, recuperación de mora, vender activos y pasivos para recuperar plata) pone en jaque al sistema financiero, que se dedicó a prestar plata al gobierno con altos intereses y plazos muy cortos, que nunca quiso competir para ofrecer a los clientes dinero barato (bajas tasas de interés) para que el sector privado y las Mipymes se pusieran a trabajar.
Aunque la CNBS, en el comunicado del 7 de octubre anterior mandaba a decir que “es un caso aislado no sintético y no afecta a ninguna de las demás instituciones del sistema financiero y bancario. Banco Continental, S.A. seguirá operando normalmente para lo cual mantiene la suficiencia patrimonial adecuada para la realización habitual de sus operaciones nacionales”.
“La Comisión Nacional de Bancos y Seguros ratifica al público en general que el sistema financiero nacional cuenta con los niveles adecuados y suficientes de solvencia y estabilidad financiera, que reflejan la fortaleza del sistema financiero, tal y como lo refleja el informe de competitividad global 2014-2015 que sitúa al sistema financiero nacional en una posición sobresaliente a nivel mundial por su solidez”, añade la postura oficial del ente regulador.
La resolución del 9 de octubre da otro giro inesperado: la decisión de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de EEUU, de castigar al clan Rosenthal y el holding, llevó a la CBNS a declarar la liquidación, alegando varias razones: la SB-1034/09-10-2015, justifica que el banco tiene un índice de adecuación de capital (que mide la solidez del banco) de un 5.20 por ciento, inferior al 6 por ciento requerido por la Ley del Sistema Financiero Nacional y que Banco Continental resolvería ese impasse con un aporte inmediato de 100 millones de lempiras.
Si la CNBS –según la resolución que manda a liquidar Continental y leyendo entrelíneas– afirma que el banco no cuenta con la solidez que requiere para seguir operando, y pasa por alto la norma emanada en la resolución 056/2004, que ordena al sistema financiero que el índice de adecuación de capital debe ser del 10 por ciento, ¿por qué permitió durante mucho tiempo que un banco mantenga en riesgo su solidez financiera? ¿Por qué dice que el índice es del seis por ciento cuando la resolución, que es de cumplimiento legal y obligatorio para el sistema financiero es del 10 por ciento? ¿Por qué no solicitaron con tiempo a Continental que pusiera la plata restante para que garantizara la operatividad del banco? ¿Por qué permitió hasta ahora que Continental presentara 100 millones para adecuar el capital? ¿Por qué entra en contradicción la CNBS y se siente presionada por la OFAC, que ha “prohibido” hacer tratos con el holding para liquidar la entidad financiera? ¿Qué intereses se juegan en esta trama? ¿Qué los llevó a reunirse de “emergencia” la noche del 10 de octubre para orillar la liquidación forzosa de Continental?
Resulta que la comisionada, Ethel Deras, salió de forma presurosa a hablar sobre el banco, que tomarían control de la institución…Pero resulta que Deras, que aspira a ser presidenta del Poder Judicial, no sabe nada de números –a decir por su profesión–, fue colocada por Juan Hernández en el cargo. Detrás de ella, se encontraba el actuario e interventor del IHSS Roberto Carlos Salinas, más conocido por su activismo político en el Partido Nacional, que por sus aportes como actuario y que da un oscuro mensaje sobre el futuro del banco, que de hecho, ya decidieron el destino de la institución.
Por su parte, el cuestionado fiscal general, Óscar Chinchilla, –recoge un cable de AP redactado en Tegucigalpa y publicado por El Nuevo Herald de Miami–, que desconoce sobre el proceso penal contra los Rosenthal ordenado por EEUU y que la justicia de Honduras “no tiene información” sobre la declaración como narcotraficantes a la familia señalada.
“Sobre la acción de un tribunal de Nueva York contra los Rosenthal no puedo opinar porque no conozco el asunto”, declaró el acusador del Estado
“El Ministerio Público responde solo por las acciones que entabla o que conoce en Honduras”, agregó el funcionario, que no explicó si el operador de justicia ha iniciado o prepara acusaciones en contra de los Rosenthal, que se han declarado inocentes de cualquier vínculo con el narcotráfico.
Independientemente de sus posturas y resulta hasta curioso la nula cobertura mediática durante 2014, sobre el proceso al grupo. Sino, basta ver una citación edictal librado por el Juzgado de Privación de Dominio, con expediente 071-2014, publicado el 23 de abril de 2015, que pide la privación (confiscación) del ingenio Chumbagua, SA de CV, “representado por el señor Yankel Antonio Rosenthal Coello, en su condición de apoderado legal” y de Inversiones Alianza, SA, “representada por Virgilio Alberto Moncada Díaz y administrador del ingenio Chumbagua, Sociedad Anónima de Capital Variable” de un bien inmueble “destinado a la comisión de actividades ilícitas para procesar cocaína consiste en: un predio de naturaleza rural…en la jurisdicción de Nueva Arcadia, Copán…”, que son dos terrenos de 166 y 146 manzanas, de manera respectiva.
El exfiscal del Ministerio Público, Jari Dixon Herrera, publicó en redes sociales un análisis respecto al tema: “Si revisan este documento encontraran en la parte de la esquina superior derecha un número de expediente 071-2014 , lo que significa que el proceso de aseguramiento de bienes, comenzó en el 2014 y si se revisa la fecha del documento es de abril del 2015, lo que significa que el Ministerio Público ya tenía conocimiento y actuaba contra los Rosenthal, la pregunta obligada es: ¿Quién había detenido el proceso o por orden de quién lo habían detenido?”.
¿Por qué el fiscal general no habló de este extremo, sabiendo que cada expediente pasa por sus manos o, al menos, los de “alto impacto”? ¿Será que sus asesores no le informaron de este proceso de confiscación o lo ocultó para desentenderse del caso? ¿Por qué el Ministerio Público no ha querido hablar del tema? ¿Por temor? ¿Intereses políticos?
La declaración de “liquidación forzosa” de Continental por el ente regulador, conlleva más dudas que respuestas claras al público, en un país donde la seguridad jurídica –que radica en el principio del respeto a la vida– es mero sustantivo.
¿A qué conlleva este extremo? Que los ahorrantes, inversionistas y todos aquellos que tengan relación con Continental serán los grandes perdedores, ya que la liquidación forzosa declarada por la CNBS, conllevará a que a cada persona, en caso que tenga ahorros superiores a los 210 mil lempiras, sólo reciba, por la suma asegurada, 208,680 lempiras, que exige la ley de los Fondos de Seguros de Depósitos (Fosede), aprobado en 2001, tras la masiva quiebra de bancos en la década de 1990, como Bancorp, Capital, Banpro y otras entidades.
O sea, si alguien tiene unos 500 mil lempiras ahorrados en la entidad bancaria y se declara la liquidación, sólo podría acceder a los 208,680 lempiras que exige Fosede. “Es un sistema de protección al ahorro, que se ha creado mediante la Ley en el año 2001, para garantizar la restitución de la cobertura dada a los depósitos en dinero efectuados por el público en los bancos privados, en asociaciones de ahorro y préstamo y en las sociedades financieras debidamente autorizadas que se hayan declarado en liquidación forzosa de conformidad con la Ley, por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros”, reza una de las respuestas que permanecen en el portal web del organismo.
El principal accionista de Continental, Jaime Rosenthal Oliva, pidió a la CNBS que le den oportunidad de una liquidación voluntaria y advirtió que si no se aplica esa medida, es inevitable una crisis económica y social de graves consecuencias para el país…los empleados dejarían de percibir sueldos y se frenaría de pronto las actividades del conglomerado de empresas.
Incluso, el expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Federico Álvarez, ve hasta raro que la entidad reguladora cambie de postura respecto a Continental; que el día de la detención de Yankel en EEUU, la comisionada Deras Enamorado, dijo que el banco sí contaba con el capital para que pudiera operar y en menos de 48 horas cambió de parecer, “es grave y genera desconfianza”.
En ese entramado de contradicciones, se refleja la mano política, que ha llevado al fracaso a la comisionada Deras, quien quería ser titular del Poder Judicial, con la venia de Juan Hernández, ¿tendrá otra carta el mandatario para sustituir a su amiga Ethel tras la pifia que cometió al confundir a los hondureños en el tema de Continental? ¿O es que el presidente dejó de la mano a los Rosenthal?
Este clan de ascendencia judía, apostó de lleno al actual gobierno que ha sido patrocinado por los árabes; ambas etnias son enemigas históricas. Yankel era el secretario de inversiones de Hernández, pero renunció en la oscuridad y sin dar explicaciones, algo que debió ser, al menos, media página en los diarios o, una nota principal en la portada de los periódicos o el tema del día de los noticieros. Nada de eso ocurrió. Se fue sin decir más y cuando fue capturado, trascendió ese extremo. Ningún miembro del gobierno, tampoco el presidente Hernández se ha pronunciado.
Los árabes podrían aprovechar este escenario para fortalecer su emporio económico, llenarse la faltriquera de más plata y, en consecuencia, acaparar los jugosos contratos con el Estado. Ficohsa, propiedad del poderoso Camilo Atala, se vería beneficiado del vacío que dejará Continental. Pero tiene una piedra en el zapato que también comprometería su existencia: Panamá lo acusa de lavar activos durante el gobierno del corrupto Ricardo Martinelli.
La familia Rosenthal reconoció que tuvo vínculos con la familia Rivera Maradiaga “los Cachiros”, en el plano comercial. El empresario aseguró que “desde el Grupo Continental teníamos dos relaciones: una es que la Empacadora Continental que está ahí señalada, le compraba ganado a una empresa que se llama Ganaderos y Agricultores del Norte que era de la familia Rivera Maradiaga, como también lo hicieron, creo, todas las empacadoras de Honduras”.
“La segunda operación, es que Banco Continental dio algunos préstamos a algunas de estas empresas, y esos préstamos, eso sí es importante lo que voy a señalar, jamás los pagaron con efectivo, siempre pagaron con cheques de los otros bancos e inclusive por transferencias con Siafi, que venían del Gobierno, mediante contratos que tenía esta familia u otras empresas relacionadas con el gobierno”, apuntó.
Fueron los mismos Cachiros que “amenazaron” al presidente Hernández, según denuncias hechas en 2013 y reafirmadas en 2014; fue el propio Hernández y el actual vicepresidente Ricardo Álvarez que negociaron con los Rivera Maradiaga, al calor de las cervezas y carne asada, el cese del ataque del presunto fraude que alega el entonces exalcalde de las elecciones internas y el financiamiento de la campaña electoral.
Fueron los propios Cachiros que decidieron entregarse a la justicia de EEUU, tras una intensa negociación que les permitió negociar cierta protección para sus familias porque temían ser ultimados de seguir en libertad, ya sea en Honduras o en cualquier parte del mundo. O qué decir de los Valle Valle, encarcelados en el país del norte, quienes gritaron la mañana del 18 de diciembre de 2014 cuando fueron enviados en una avioneta de la DEA, que sabían quiénes los traicionaron.
Es obligatorio recordar el reportaje de Ismael Moreno para la revista Envío de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” a propósito de los Valle: “La captura de esta poderosa banda familiar estuvo acompañada de la expropiación de decenas de propiedades y de varios millones de dólares encontrados en sacos enterrados en varias de sus propiedades. Los hermanos Valle Valle, dueños y señores de todos los movimientos narco que se hacían en la frontera entre Honduras y Guatemala, en los departamentos de Copán y Santa Bárbara, ponían y quitaban autoridades y, por sus vínculos con empresarios y banqueros, eran el enlace con los corredores de la droga controlados por los Cachiros. En el proceso que culminó con su captura fueron siendo abandonados por todo mundo. Antes de subirse en el avión que los trasladaría a Estados Unidos, Miguel Arnulfo, el jefe de la banda, amenazó: “¡Me voy con el archivo y con los nombres de los que nos traicionaron!”.
Cada extremo une la profunda madeja de la corrupción que asola Honduras; el director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Hugo Noé Pino, ha manifestado que el país pierde cada año unos 44 mil millones de lempiras por este flagelo. Por tanto, el convenio suscrito por Hernández y Transparencia Internacional, es otra mentira. La corrupción está enquistada en el sistema y se ha propagado cual metástasis en un cuerpo con cáncer terminal.
Si esos 11 mil empleados y los más de 100 mil dependientes quedan sin trabajo, agravará el panorama económico, político y social, y las protestas arreciarán a granel, cuya respuesta del Estado será la represión, perfilamiento de caras visibles por la inteligencia al servicio de Hernández y, será el escenario ideal para que el jefe de gobierno cumpla a cabalidad su pretensión continuista, porque alegará “convulsión social” para maniobrar a su conveniencia y colocará a la oposición como chivo expiatorio, donde irán a caer todas las culpas. ¿O es un plan extremadamente arriesgado del régimen para seguir con su agenda?
¿Estarán los Cachiros vengándose de la traición que recibieron?
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