Por: Joaquín Mejía R.
Pese a la campaña mediática gubernamental de que “ahora se puede caminar tranquilamente por las calles”, la realidad de criminalidad a la que se enfrenta la gente de a pie es tan macabra que es imposible convencer a la población de que “Honduras está cambiando”.
En este sentido, la teoría del político alemán nazi, Joseph Goebbles, de que “una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad”, fracasa estrepitosamente en Honduras.
Las 4 masacres en solo cuatro días que dejaron 27 personas asesinadas refleja la tragedia diaria de la población y el rotundo fracaso de la política de seguridad del gobierno de Juan Orlando Hernández empecinado en militarizar hasta el espacio más pequeño de la vida nacional.
Es un fracaso y un error monumental seguir creyendo que los militares son los guardianes de la democracia y de la seguridad cuando se atribuye al narcotráfico y al crimen organizado el incremento de la violencia.
Debemos recordar que los militares siempre han tenido el deber constitucional de proteger las fronteras marítimas, aéreas y terrestres. Por eso hay que cuestionarse que si el narcotráfico ha aumentado su poder, es lógico que hayan usado el espacio aéreo, marítimo y terrestre para transportar la droga. ¿Y dónde han estado los militares que no se dieron cuenta que ha habido un aumento del tráfico de drogas por las fronteras que ellos tienen el deber de custodiar?
Argumentar que los militares son la salvación para la lucha contra el narcotráfico ya que la Policía Nacional ha sido penetrada por el crimen organizado, es darle más poder a quienes no pudieron o quisieron combatir seriamente el tráfico de drogas por las fronteras que permanentemente han estado bajo su control.
Militarizar la vida pública, debilitar a la Policía Nacional con un supuesto proceso de depuración que mantiene a los criminales en sus filas y provocar la falta de independencia, competencia e imparcialidad de los entes de investigación y judiciales, son los ingredientes perfectos para que germine con fuerza la impunidad, que no solo constituye una denegación de justicia para las víctimas, sino que también envía un mensaje social de que la violencia es tolerada por las autoridades.
Insistimos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que las Fuerzas Armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, la cual debe corresponder exclusivamente a una fuerza policial civil, eficiente, capacitada y respetuosa de los derechos humanos.
