Los residentes de la comunidad de Diamond Rock, en el municipio de José Santos Guardiola ubicado en Islas de la Bahía, han hecho un llamado a la comunidad nacional e internacional para que se solidaricen con su causa y exijan al gobierno hondureño que ponga fin a la persecución y el despojo de los territorios de los pueblos indígenas y negros
El 28 de enero de 2025, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal en el que solicitó órdenes de captura y detención judicial contra los 13 imputados
Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos consideran que la acusación presentada contra la comunidad de Diamond Rock por el Ministerio Público constituye, una vez más, el uso abusivo del derecho penal para criminalizar la defensa de los territorios ancestrales
Tegucigalpa, Honduras. -Residentes de la comunidad Diamond Rock, en el municipio de Santos Guardiola, Islas de la Bahía, han denunciado que están siendo desalojados y desplazados de manera forzosa, además de ser criminalizados por intentar recuperar sus tierras ancestrales.
Según un comunicado emitido por la familia McLaughlin, miembros del Pueblo Negro Nativo de estas islas y respaldados por la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), la propiedad colectiva en la que residen está ubicada en la comunidad de Diamond Rock y se encuentra distribuida en tres lotes contiguos denominados: Alligator Nose, Wilks Pointe y Black Creek, todos dentro de la jurisdicción de José Santos Guardiola.
En el documento, la familia McLaughlin señala que, sin fundamento jurídico, el Ministerio Público, en conjunto con acusadores privados, solicitó ante los juzgados el requerimiento fiscal con órdenes de captura y detención judicial contra 14 miembros de la comunidad negra de habla inglesa, hombres y mujeres, acusados de daños, robo e incendio de propiedad.
El 28 de enero de 2025, el ente acusador del Estado presentó un requerimiento fiscal en el que solicitó órdenes de captura y detención judicial contra los 13 imputados, incluyendo a miembros de la familia McLaughlin.
Los denunciantes califican como «nefasta, vergonzosa y racista» la labor del Ministerio Público en este caso, al considerar que la criminalización y judicialización de los pueblos indígenas y negros forman parte de una estrategia para despojarlos de su territorio ancestral.
Asimismo, responsabilizan al Instituto de la Propiedad (IP) y a la Municipalidad de José Santos Guardiola de cometer actos de corrupción y abuso de poder para manipular el sistema de registro de la propiedad. De acuerdo con la denuncia, estas instituciones han emitido documentos con información falsa, lo que ha facilitado la supuesta venta, traspaso, donación y permuta de terrenos que históricamente han pertenecido a la comunidad.
Los residentes de Diamond Rock aseguran que han sido víctimas de hostigamiento, amenazas y persecución, lo que ha generado un clima de temor e incertidumbre en la comunidad. Señalan que el desalojo al que están siendo sometidos vulnera sus derechos fundamentales y pone en riesgo su cultura, identidad y formas de vida tradicionales.
En ese sentido, solicitan al Estado de Honduras que garanticen la protección, seguridad e integridad física de los miembros de la comunidad, la familia McLaughlin, los voceros y quienes acuerpan la lucha por la defensa de sus territorios ancestrales.
Asimismo, la comunidad exige que se respeten sus derechos territoriales y se detenga la criminalización de sus miembros. Piden que se reconozca la propiedad colectiva de la tierra y que se anulen los registros fraudulentos que han permitido el despojo de sus territorios.
DESALOJOS Y CRIMINALIZACIÓN CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS Y NEGROS LLEVAN DECADAS
Durante varias décadas la Ofraneh ha señalado que estas acciones, que hoy se repiten en contra del pueblo negro de comunidad Diamond Rock, son parte de un patrón sistemático de desplazamiento forzado que afecta a las comunidades garífunas y negras en Honduras.
La organización ha denunciado que existe una política de Estado orientada a beneficiar a intereses privados, en detrimento de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Mientras tanto, los afectados manifiestan que defenderán su territorio hasta las últimas consecuencias y están dispuestos a llegar hasta instancias internacionales para que prevalezca el derecho de su pueblo para garantizar el respeto a sus territorios ancestrales.
Este conflicto en Diamond Rock es un reflejo de la lucha histórica de las comunidades garífunas y afrodescendientes en Honduras, quienes enfrentan constantes amenazas a su territorio y formas de vida debido a la expansión de intereses privados y estatales en sus tierras ancestrales.
Finalmente, la comunidad reitera su demanda de justicia y solicita el cese inmediato de las acciones de desalojo, así como la anulación de los procesos judiciales en su contra, enfatizando que su única intención es recuperar lo que históricamente les pertenece.
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ORGANIZACIONES DE DDHH SE SOLIDARIZAN CON RESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE DIAMOND ROCK
El Instituto Calan (Calan Institute for Transterritorial Justice) y 35 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos enviaron una carta pública al fiscal general de la República, Johel Zelaya, por el proceso de criminalización y despojo en contra de la familia McLaughlin, quienes pertenecen al pueblo negro de habla inglesa de la comunidad de Diamond Rock.
Las organizaciones consideran que la acusación presentada por el Ministerio Público constituye, una vez más, el uso abusivo del derecho penal para criminalizar la defensa de los territorios ancestrales.
Asimismo, manifiestan su preocupación con relación a ese proceso de criminalización, porque persisten las irregularidades encaminadas a sostener una acusación infundada en contra de la comunidad de Diamond Rock, entre ellos la familia McLaughlin.
