Desde 2004 a la fecha, Honduras ha documentado la muerte violenta de 150 mujeres trans, lo que posiciona a este grupo como la segunda población LGBTIQA+ más afectada por este fenómeno violento
Tegucigalpa, Honduras. – A casi tres meses de su desaparición, el Observatorio de Violencia hacia las personas LGBTI+ de Honduras KAI+, informó durante la tarde del pasado martes 25 de febrero, el hallazgo de los restos de la activista trans Vayolet Espinoza, un hecho que fue condenado por las organizaciones que conforman dicho centro de monitoreo.
El caso de la activista, se suma a los 149 casos registrados en Honduras desde 2004 hasta el 31 de diciembre de 2024, detallados en el Informe Anual del observatorio KAI+.
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¿QUIÉN ERA VAYOLET MENDOZA?
Vayolet Espinoza Mendoza era una activista trans de 28 años de edad, originaria de la ciudad de Tegucigalpa, y residente de Guaimaca en la zona norte del departamento de Francisco Morazán. Dedicó parte de su vida a la defensa y promoción de los derechos de las personas LGBTIQA+, a través de la Red de Derechos Humanos de dicho municipio.
Fue reportada como desaparecida el 29 de noviembre de 2024, siendo la única desaparición contabilizada por el Observatorio KAI+ durante ese periodo. Los datos expuestos en el informe anual, indican que la última vez que se le vio con vida se encontraba en un punto cercano a la calle del Comercio de Guaimaca en compañía de un grupo de amigos.
Cámaras de seguridad de negocios aledaños a la zona en la que se encontraba, detallan que fue captada subiendo a un vehículo en compañía de otra mujer, misma que declaró haber abandonado el automóvil, dejando a Vayolet en compañía de dos hombres y desde entonces no se volvió a saber de ella.
El 1 de febrero de 2025, se reportó el hallazgo de una osamenta humana en la orilla de la carretera a Olancho, en el desvió de Sanquín en el Municipio de Guaimaca. Según información expuesta por el Observatorio KAI+, los familiares de la activista reconocieron la vestimenta y el calzado haciendo constar que se trataba de Vayolet Espinoza, sin embargo, aún no se cuenta con un informe oficial por parte de las autoridades correspondientes.
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POSICIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
El pasado 25 de febrero, el Observatorio de Violencia hacia las personas LGBTI+ de Honduras KAI+, emitió un pronunciamiento público en el que expusieron su consternación y condenaron el crimen en contra de la activista, que se suma a larga lista de homicidios en contra de la población trans del país.
A través de este, las ocho organizaciones que conforman el observatorio, solicitaron a la Policía Nacional, Ministerio Público y demás entes investigativos la realización de una investigación exhaustiva que permita esclarecer las circunstancias de la muerte, asimismo, se solicitó la aplicación de los debidos procesos y la garantía del acceso a la justicia.
Además de ello, señalaron la necesidad de crear políticas públicas efectivas, campañas de sensibilización y educación dirigidas a la ciudadanía hondureña que contribuyan a prevenir crímenes de odio, a través del respeto a los derechos humanos.
SITUACIÓN DE LOS CRÍMENES DE ODIO Y LA DEBILIDAD EN LA LABOR INVESTIGATIVA
Criterio.hn intentó comunicarse con personal del Ministerio Público para conocer el manejo y seguimiento que el ente investigador realiza en los crímenes de odio en contra de personas LGBTIQA+, específicamente hacia las personas trans, que poseen una alta tasa de impunidad, y se solicitó información del caso de la activista, sin embargo, se obtuvo una respuesta parcial.
Katya Moncada, de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, declaró inicialmente que se desconocía el caso, sin embargo, tras averiguaciones internas explicó posteriormente a este medio digital, que la osamenta se encuentra en Medicina Forense y que se está a la espera que se efectúen las pruebas de ADN para garantizar la plena identificación, además agregó que ya se había enviado un auto de requerimiento para que se evacuen las respectivas diligencias.
Moncada señaló, que los casos como el de Vayolet, se rigen bajo el protocolo de Minnesota y al consultar si se cuenta con protocolos de recolección de información en las muertes violentas de las personas trans, sugirió remitir la consulta a la oficina de transparencia del Ministerio Público, lo que evidencia el desconocimiento y la posible inexistencia de esa parte de la labor investigativa.
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La activista y representante de Somos CDC, Tiara Barriento, lamentó el desconocimiento expuesto por el Ministerio Público ante el caso de Vayolet Espinoza, pues señaló que existe una demanda histórica en la investigación y judicialización de los casos.
Barrientos explicó, que desde Somos CDC, se han realizado diversas giras a nivel nacional en los departamentos donde se registran mayores índices de asesinatos violentos de personas LGBTIQA+, y afirmó que han encontrado la falta de personal investigativo, por lo cual, los casos no tienen un proceso de respuesta pronta.
La activista manifestó, que muchos casos siguen sin judicialización y que otros han sido cerrados debido al paso del tiempo. No obstante, enfatizó que, de los 150 casos documentados en las últimas dos décadas, apenas cuatro han obtenido sentencias condenatorias, lo que evidencia el alto nivel de impunidad al que está expuesto esta población LGBTIQA+.
Barrientos apuntó que existe una gran debilidad en el tema de registros de personas LGBTIQA+, y que se ve reflejado aun más en los casos de muertes violentas de las personas trans, debido a que legalmente no cuentan con un registro como tal.
La defensora cerró remarcando la importancia de hacer un llamado a las instituciones garantes del acceso a la justicia, para que implementen un protocolo de protección y de investigación que brinde respuestas a las poblaciones que históricamente han sido invisibilizadas y poco priorizadas.
Vayolet Espinoza Mendoza, de 28 años de edad y activista de los derechos de las personas LGBTIQA+, se suma a larga lista de crímenes de odio en contra de personas trans, develando la invisibilización y los niveles de impunidad a los que son sujetas estás poblaciones que históricamente han sido olvidadas por el Estado hondureño.
