Tegucigalpa, Honduras.– En los 56 días transcurridos de 2025, la violencia y la criminalidad siguen marcando el panorama en Honduras. Hasta el 25 de febrero, se contabilizan alrededor de 315 homicidios, lo que representa aproximadamente un 6%. Al mismo tiempo, la extorsión mantiene su dominio, expandiéndose en distintos sectores del país, pese a los esfuerzos oficiales por minimizar su impacto.
De acuerdo con el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), entre el 1 de enero y el 24 de febrero de 2025, se han registrado 315 asesinatos en diferentes regiones, siendo Francisco Morazán, Cortés, Colón y Olancho los departamentos con mayor incidencia. Si bien las cifras reflejan una reducción respecto a años anteriores, en las que se reportaban hasta 20 homicidios diarios, los datos oficiales contrastan con la percepción de inseguridad que persiste en la población.
Según la Policía Nacional, el promedio diario de homicidios en Honduras oscila entre cinco y seis, un número que contrasta con la realidad de territorios donde la violencia no ha cedido. Zonas que hace cinco años eran focos de criminalidad, como Cerro Grande, Los Pinos y Villa Nueva en la capital, continúan figurando entre las áreas más conflictivas. La aparente disminución en las cifras oficiales no se traduce en una mejora palpable en la seguridad ciudadana, dejando en evidencia la brecha entre las estadísticas y la realidad en las calles.
En esa misma dinámica se encuentran las redes de extorsión vinculadas a estructuras criminales, cuya erradicación fue el argumento central para la implementación del estado de excepción desde el 6 de diciembre de 2022, una medida que sigue vigente sin que existan pruebas contundentes de su efectividad. Lejos de disminuir, este delito ha hecho metástasis y se ha expandido por todo el país, afectando tanto a las zonas industriales como a las rurales. Su epicentro sigue siendo el sector del transporte urbano e interurbano, donde los cobros ilegales continúan afianzando el control territorial de las pandillas sin una respuesta integral por parte del Estado.
Departamentos como Francisco Morazán, Cortés, Atlántida y Yoro se han visto particularmente afectados por la extorsión, con el sector del transporte urbano siendo uno de los más perjudicados. Según informes, en 2023 y 2024, los transportistas llegaron a pagar sumas millonarias a grupos delictivos para garantizar su seguridad y la continuidad de sus operaciones. Esta situación pone genera cuestionamientos hacia las autoridades, debido a que implementaron el uso de una herramienta constitucional, sin tener identificado cómo literalmente resolverían el problema.
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SIN AVANCES
Bajo este contexto, sin profundizar en que incluso miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) han sido procesados por abusos en el marco de los poderes extraordinarios que les otorga el estado de excepción, es legítimo que políticos opositores y organizaciones de sociedad civil cuestionen la eficacia de una estrategia de seguridad cuyos resultados tangibles siguen sin materializarse. Aunque los datos oficiales reflejan una reducción de homicidios, el clima de criminalidad persiste en el país.
Gonzalo Sánchez, criminólogo y catedrático en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), considera que, más allá de insistir en una medida de seguridad sujeta a constantes cuestionamientos, el gobierno debe plantear un plan integral que involucre no solo a los cuerpos de seguridad, sino también al Ministerio Público y al Poder Judicial.
“El estado de excepción ha dado resultados, lo podemos ver en la reducción de homicidios que presenta la Policía. Pero, para abandonar esta medida, deben diseñar un plan integral que fortalezca la labor del Ministerio Público y el Poder Judicial. Solo así se pueden lograr resultados más efectivos y dar golpes certeros a los grupos criminales”, sostuvo.
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Un enfoque integral permitiría mejorar la efectividad en las capturas y su posterior judicialización. Actualmente, muchas de las personas detenidas quedan en libertad en menos de 24 horas debido a que la Policía Nacional no presenta pruebas suficientes para sostener su vinculación con estructuras criminales o su participación en delitos. Esta debilidad en el andamiaje legal evidencia la necesidad de reformar el Código Penal y el Código Procesal Penal, cambios que el gobierno propuso con el fin de calificar como terroristas a individuos ligados a maras, pandillas y bandas del crimen organizado.
Además, se busca imponer la prisión preventiva a los acusados de estos delitos. Estas reformas fueron presentadas el 14 de junio de 2024 por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) y reflejan un intento por endurecer las sanciones contra el crimen organizado.
