De los 22 aspirantes a diputados que fueron sancionados por la Unidad de Política Limpia por no presentar informes de gasto de campaña, 10 pertenecen al Partido Libertad y Refundación (Libre); siete son del Partido Liberal y cinco del Partido Nacional
Tegucigalpa, Honduras. –Un total de 22 aspirantes a diputados que participarán en las elecciones primarias e internas del 9 de marzo, no cumplieron con la presentación de su Informe Financiero de Gastos de Campaña del proceso de Elecciones Generales de 2021.
De acuerdo a una solicitud de información realizada por Criterio.hn a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), 478 candidatos a diputados fueron sancionados por no rendir cuentas tras su participación, sin embargo, esto no ha detenido a 22 de ellos vuelvan a postularse con la intención de obtener un escaño en el Congreso Nacional.
De los 22 aspirantes sancionados por la Unidad de Política Limpia, 10 pertenecen al Partido Libertad y Refundación (Libre), siete son del Partido Liberal y cinco del Partido Nacional.
Entre los aspirantes a diputados por el Partido Libre que no presentaron sus informes de rendición de cuentas está Mario Suazo Lara, quien se desempeña como subdirector del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP).
Otro precandidato a diputado que parece estar peleado con la rendición de cuentas es Mauro Antonio Romero Carías, quien busca representar al departamento de Colón en el Congreso Nacional 2026-2030, por el Partido Liberal en el movimiento Todos por Honduras de la aspirante presidencial, Maribel Espinoza.
Romero Carías no solo no rinde cuentas, también fue acusado por el delito de lavado de activos. En septiembre de 2021, el Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal contra el aspirante a diputado y su esposa Angélica Roxana Girón Hernández, por suponerlos responsables de ese ilícito.
Sin embargo, un mes antes de celebrarse las elecciones generales un Juzgado de Letras dictó medidas distintas a la prisión a favor del precandidato liberal y su esposa.
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SANCIONES SON INSUFICIENTES
La Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos establece que todos los aspirantes deben presentar un informe detallado sobre el origen y uso de los fondos utilizados en sus campañas políticas, con el objetivo de garantizar la transparencia en el financiamiento electoral y evitar el ingreso de recursos ilícitos en la política.
El artículo 56 señala que si, en el plazo establecido, no presentaren los estados financieros anuales y los correspondientes a cada proceso electoral, se debe aplicar una multa equivalente a quince salarios mínimos para el candidato a la Presidencia, diez salarios mínimos para los candidatos a diputados, y cinco salarios mínimos para los candidatos a cargos en las corporaciones municipales, sin perjuicio de la obligación de presentarlos dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición de la multa.
Sin embargo, la verificación del pago de estas multas no está en manos de la Unidad de Política Limpia, sino del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Por otro lado, analistas señalan que la reincidencia de estos candidatos en la política sin haber cumplido con sus obligaciones fiscales genera dudas sobre la efectividad de las sanciones aplicadas y la capacidad de los organismos de control para hacer cumplir las normativas establecidas.
Lester Ramírez, abogado y exdirector de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), las sanciones y el accionar de la Unidad de Política Limpia son insuficientes
Asimismo, advirtió que permitir la postulación de estos aspirantes sin haber rendido cuentas debilita la confianza de la ciudadanía en el proceso electoral y en los partidos políticos que los respaldan.
De acuerdo a un informe del Observatorio de la Democracia de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), señala que el 76% de las aportaciones del Partido Liberal, el 40.7% del Partido Libertad y Refundación y el 50.5% del Partido Nacional son de origen desconocido.
La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos surgió como una respuesta a los constantes señalamientos del ingreso de dinero proveniente del narcotráfico y del crimen organizado en las campañas políticas, sin embargo, el accionar de esta institución ha sido cuestionado por la poca o nula efectividad en la fiscalización de los gastos de los partidos políticos.
