Tegucigalpa, Honduras.– Aunque el artículo 187 de la Constitución de la República establece el estado de excepción como un mecanismo para garantizar la seguridad en crisis que van desde disturbios graves hasta epidemias, su aplicación en el actual contexto carece de justificación.
A menos de 15 días de las elecciones primarias, Honduras sigue bajo un estado de excepción que, desde el miércoles 19 de febrero, mantiene facultades extraordinarias para las fuerzas de seguridad pública (Policía Nacional y Fuerzas Armadas), instituciones con un historial de denuncias por abuso de autoridad. Ante este escenario, surge la interrogante: ¿esta medida realmente refuerza la seguridad en el proceso electoral o, por el contrario, compromete su transparencia e imparcialidad?
La Policía Nacional defiende la ampliación de esta medida bajo el argumento que busca exclusivamente garantizar la seguridad durante el proceso electoral en el que se medirán los precandidatos de los partidos políticos tradicionales. Además, asegura que la suspensión de seis derechos fundamentales, establecidos en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99 de la Constitución, no interferirá en el desarrollo de los comicios.
“El día de las elecciones seremos garantes para evitar que grupos de partidos políticos de la oposición impidan que las personas ejerzan su derecho al voto sin contratiempos. El estado de excepción no afectará ninguna actuación policial ni impondrá restricciones al sufragio”, declaró a medios de comunicación el jefe de operaciones de la Policía, Miguel Pérez Suazo.
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Sin embargo, la vigencia de esta medida en un proceso electoral no solo genera cuestionamientos, sino que expone los riesgos de otorgar un poder desproporcionado a las fuerzas de seguridad, históricamente señaladas por reprimir la protesta y actuar con parcialidad en momentos clave de la política hondureña. Bajo el argumento de garantizar el orden, el estado de excepción amplía las facultades de instituciones que han sido protagonistas de crisis democráticas en el pasado, lo que abre la posibilidad de que su aplicación trascienda el ámbito de la seguridad y termine incidiendo en la dinámica electoral.
En un contexto donde las Fuerzas Armadas están bajo el mando de una precandidata oficialista y la Policía Nacional ha reforzado su presencia en territorios estratégicos, la continuidad de esta medida despierta sospechas sobre su verdadero propósito. La suspensión de garantías fundamentales, en lugar de fortalecer la transparencia del proceso electoral, podría generar un entorno propicio para la intimidación de sectores opositores, la restricción de la movilización de votantes y la discrecionalidad en la aplicación de la ley, elementos que podrían comprometer la imparcialidad de los comicios.
Lejos de ser una herramienta exclusivamente orientada a la seguridad, el estado de excepción se ha convertido en un factor que redefine las condiciones en las que se desarrollará la contienda electoral. En este escenario, la preocupación no radica únicamente en la ejecución de la medida, sino en el precedente que sienta para futuras elecciones, donde la militarización del proceso podría normalizarse como una estrategia política bajo el argumento de mantener el orden público.
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SUSPENCIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
De acuerdo con el abogado y especialista en derechos humanos Joaquín Mejía, la celebración de elecciones en un contexto de suspensión de derechos fundamentales no solo debilita la transparencia, sino que afecta el ejercicio pleno de los derechos políticos de la ciudadanía. La restricción de libertades como la circulación y la reunión impide la movilización de votantes y la fiscalización del proceso, lo que puede derivar en una reducción de la participación electoral y en un control discrecional de la seguridad el día de los comicios.
Además, está la advertencia que la militarización de un proceso electoral plantea serias dudas sobre la imparcialidad de las fuerzas del orden, especialmente cuando la institución castrense ha mostrado afinidad con el oficialismo. La ampliación de sus facultades sin contrapesos institucionales puede propiciar escenarios de represión o intimidación política, afectando la equidad en la contienda.
El uso prolongado del estado de excepción también sienta un precedente peligroso en la administración del poder, ya que normaliza la suspensión de derechos y debilita el control civil sobre las fuerzas de seguridad. Más allá de la coyuntura electoral, Mejía subraya que este tipo de medidas pueden consolidar un modelo de gobierno basado en el autoritarismo, donde la seguridad se instrumentaliza para mantener el control político, limitando el debate democrático y erosionando las garantías ciudadanas.
En este sentido, la continuidad del estado de excepción hasta el proceso electoral del 9 de marzo se percibe como un recurso que favorece al partido en el poder, al generar un clima de incertidumbre que dificulta la organización de sectores opositores. Bajo este esquema, la línea entre seguridad y control político se difumina, dejando en evidencia que la supuesta lucha contra la criminalidad puede estar siendo utilizada como un mecanismo de manipulación en un momento clave para el futuro del país.
