Desde diciembre de 2024, la violencia y los asesinatos en el Bajo Aguán se han intensificado debido a la lucha por la recuperación de las tierras, sin embargo, fue hasta ayer que las autoridades hondureñas ordenaron una intervención militar y policial en la zona
Tegucigalpa, Honduras. – Hoy, viernes 7 de febrero de 2025, se cumple una semana desde que más de 60 organizaciones defensoras de derechos humanos y del medioambiente declararon emergencia ante el aumento de asesinatos y hechos de violencia contra los pobladores del Bajo Aguán, en Colón, zona norte de Honduras.
El clamor de las organizaciones y de las comunidades afectadas obligó a las autoridades a prestar atención a este conflicto por la tenencia de tierras, el cual, según defensores del medioambiente, ha sido históricamente desatendido, incluso durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
Tras la alerta emitida por diversas organizaciones, que responsabilizaron al gobierno de Castro por su inacción ante la violencia en el Bajo Aguán, las autoridades comenzaron a implementar algunas medidas en la zona, como la intervención.
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ACCIÓN TARDÍA
La secretaria de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, informó ayer, jueves 6 de febrero, que varias instituciones, entre ellas la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la República (PGR), intervendrían en el conflicto.
Sin embargo, el fin de semana del 1 y 2 de febrero de 2025, apenas un día después de que las organizaciones declararan la emergencia, Álvarez se encontraba en Choluteca participando en un mitin político de la precandidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, por lo que Álvarez no se pronunció sobre el tema.
No fue hasta esta semana que la funcionaria declaró a los medios haber sostenido reuniones con la Plataforma Agraria para buscar soluciones conjuntas. Además, el martes 4 de febrero de 2025, a través de su cuenta en X, instó al Ministerio Público a investigar los hechos de violencia y asesinato para deducir responsabilidades.
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INTERVENCIÓN DEL BAJO AGÚAN
La mañana del pasado viernes se confirmó el despliegue de al menos 500 policías en el Bajo Aguán y zonas aledañas, como parte de la intervención, y para reforzar la seguridad en el departamento de Colón. Hasta el cierre de esta publicación, los operativos dejaron como resultado la captura de seis personas.
Como parte de la intervención, se intensificaron los patrullajes y se utilizaron vehículos y armamento pesado, según informaron pobladores de la zona a los medios de comunicación.
Según Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), la intervención en el Bajo Aguán no es una medida nueva, recordó que, en años anteriores, como en 2006, durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, se implementaron acciones similares, sin lograr una solución definitiva.
Maldonado señaló que el conflicto persiste debido a los intereses oscuros que lo rodean, lo que ha impedido resolverlo, “detrás de este conflicto hay intereses del narcotráfico, el crimen organizado y políticos inescrupulosos que lo utilizan para su beneficio. Esto afecta la inversión y el desarrollo del país”, declaró.
Ante este panorama, considera que cualquier comisión que se implemente debe garantizar el respeto a los derechos humanos y estar integrada por un equipo de alto nivel.
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GOBIERNO DE XIOMARA CASTRO SIGUE SIN RESOLVER CRISIS AGRARIA EN EL BAJO AGUÁN
A casi tres años de gobierno, Xiomara Castro sigue sin cumplir sus compromisos con las comunidades campesinas del Bajo Aguán, según un análisis del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad)., publicado en 4 de febrero del presente año.
En 2022, el gobierno firmó un convenio para proteger 13 cooperativas de desalojos, investigar el despojo de tierras y crear una Comisión Tripartita para esclarecer violaciones a derechos humanos, sin embargo, la comisión no se ha instalado y la violencia continúa.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) reportó que entre 2022 y 2023, al menos cinco defensores campesinos fueron asesinados en el marco del conflicto agrario, pese a que 2023 se creó la Comisión de Seguridad Agraria, las reformas siguen sin aplicarse.
REVIVE CRISIS EN BAJO AGUÁN
Desde diciembre de 2024, la violencia en el Bajo Aguán ha escalado con ataques armados contra cooperativas campesinas, perpetrados por los grupos criminales “Los Cachos” y “Los Canechos”, vinculados, según denuncias, a la empresa agroindustrial DINANT.
Estos ataques han causado asesinatos, secuestros, desplazamientos forzados y enfrentamientos con la Policía Nacional, evidenciando la impunidad con la que operan estas estructuras.
