De cara a las elecciones primarias del próximo 9 de marzo de 2025, políticos del bipartidismo, sedientos de poder y del control de los presupuestos públicos, buscan captar votos imitando el icónico baile de Donald Trump al ritmo de YMCA de Village People y adoptando parte de su discurso. Esto, a pesar de que, en pocos días de haber asumido la presidencia, sus decisiones ya han impactado negativamente la economía y la migración hondureña
Tegucigalpa, Honduras. – Que figuras de los conservadores partidos Nacional y Liberal adopten la línea ideológica de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, e incluso imiten gestos simbólicos como su baile al ritmo de Village People con la canción YMCA, durante su campaña proselitista, refleja cómo ciertos sectores del poder continúan promoviendo un modelo que ya ha tenido diversas repercusiones económicas y migratorias en el país.
A pesar que en pocos días de gobierno Donald Trump ha impulsado medidas que impactan a Honduras y a varios países del continente, actores como el precandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, y el precandidato a alcalde del Distrito Central por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, continúan respaldando su discurso, sin considerar las implicaciones que estas decisiones tienen sobre la economía, la migración y las relaciones diplomáticas.
Dejando de lado el discurso de los representantes del bipartidismo hondureño, estos han buscado captar la atención de la población recurriendo incluso a la imitación del baile de Donald Trump, viralizado en redes sociales durante su campaña electoral.
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El exsecretario de Transparencia, Edmundo Orellana, ha señalado que cualquier hondureño que promueva la sumisión de Honduras a una potencia extranjera, como en el caso de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), incurre en el delito de traición a la patria. Las ZEDE fueron aprobadas en 2013, durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), y promovidas por la administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022). Estas zonas, concebidas como áreas autónomas dentro del territorio hondureño con sus propias leyes y sistemas administrativos, generaron controversia por considerarse una cesión de soberanía nacional.
Edmundo Orellana, primero fiscal general en la historia hondureña, remarcó que en procesos electorales es crucial que la población se informe de las estrategias que están adoptando los políticos para conseguir votos.
Orellana lamenta que el Ministerio Público (MP) aún no haya actuado contra los diputados que aprobaron la legislación de las ZEDE y los magistrados que, en su momento, las declararon constitucionales. El 23 de enero de 2013, el Congreso Nacional reformó los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución para permitir la creación de las ZEDE.
Sin embargo, en septiembre de 2024, durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dirigida la abogada Rebeca Ráquel Obando, declaró inconstitucionales estos decretos, argumentando que vulneraban artículos pétreos de la Constitución.
El exfiscal general enfatiza que el MP, dirigido por el abogado Johel Zelaya, tiene la obligación de restaurar el honor de la República, ya que estos actos dañan la esencia misma de la. La inacción ante tales situaciones compromete la integridad y soberanía de Honduras, aspectos fundamentales para la identidad y autonomía del país.
Edmundo Orellana señaló que, de acuerdo con el Artículo 555 del Código Penal de Honduras, cualquier hondureño que promueva la sumisión del país a una potencia extranjera debe ser procesado de oficio por el Ministerio Público y condenado con no menos de 15 años de prisión por el delito de traición a la patria.
Lo expuesto tiene sentido. El Artículo 555 del Código Penal de Honduras tipifica el delito de traición a la patria, estableciendo que cualquier hondureño que realice actos destinados a menoscabar la integridad territorial de la República, someterla total o parcialmente al dominio extranjero, comprometer su soberanía o atentar contra la unidad del Estado, será sancionado con penas de prisión de quince (15) a veinte (20) años e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena.
En este contexto penal y bajo los cuestionamientos expuesto por el doctor Orellana, el Ministerio Público (MP) tiene la obligación de actuar de oficio contra cualquier ciudadano que promueva la sumisión de Honduras a una potencia extranjera, como Estados Unidos. Dicha conducta podría ser interpretada como una vulneración a la soberanía nacional, encuadrando en el delito de traición a la patria según lo estipulado en el mencionado artículo.
¿QUÉ HA HECHO TRUMP EN SU NUEVA PRESIDENCIA?
Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 2025, su administración ha implementado una serie de medidas que afectan directamente a Honduras y otros países centroamericanos. Una de las acciones más significativas ha sido la suspensión de la ayuda financiera proporcionada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), lo que representa una pérdida anual de 180 millones de dólares para Honduras (aproximadamente). Esta decisión impacta principalmente a organizaciones de la sociedad civil y fundaciones que dependían de estos fondos para sus operaciones.
En el ámbito migratorio, la administración Trump ha intensificado las deportaciones de inmigrantes indocumentados. A través de negociaciones diplomáticas y amenazas de sanciones, Estados Unidos ha logrado que países como Honduras, Guatemala, El Salvador, México, Colombia, Ecuador e India acepten el retorno de sus ciudadanos deportados. Esta política ha resultado en un aumento significativo de vuelos de deportación desde ciudades fronterizas estadounidenses.
En consecuencia, el gobierno hondureño implementó el programa «Hermano, hermana, vuelve a casa», ofreciendo un bono de 100 dólares y apoyo para emprendimientos a migrantes retornados. No obstante, la limitada capacidad del país para su reinserción genera dudas sobre la efectividad de la medida.
Además, el gobierno de Trump ha decidido revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 300,000 venezolanos en Estados Unidos, argumentando mejoras en las condiciones de Venezuela. Aunque esta medida no afecta directamente a los migrantes de Honduras, genera preocupación sobre posibles futuras revocaciones del TPS para ciudadanos de otros países centroamericanos, incluyendo Honduras.
