La violencia contra integrantes de las cooperativas campesinas en el Bajo Aguán se agudizó el viernes, con el asesinato de José Luis Hernández, socio de la cooperativa Gregorio Chávez, y su pareja Suyapa Guillén
Ante la intensificación de agresiones, piden a la presidenta de Honduras tomar medidas urgentes para proteger a las comunidades campesinas en el Bajo Aguán y a sus liderazgos.
Urgen la desarticulación e intervención de las empresas que proporcionan la seguridad privada a Corporación Dinant.
Tegucigalpa, Honduras. –– Más de 60 organizaciones defensoras de derechos humanos urgen al gobierno de la presidenta Xiomara Castro a tomar medidas urgentes para garantizar la justicia y la protección de las y los campesinos en el Bajo Aguán.
Esta solicitud fue realizada ante la intensificación de agresiones contra comunidades campesinas en el Bajo Aguán, denunciada por la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA).
A través de una carta pública, mediante la cual se encuentran recolectando firmas, las organizaciones manifiestan intranquilidad ante “la crítica situación que enfrenta el Bajo Aguán, un territorio históricamente afectado por la violencia, el despojo y la persecución contra quienes defienden el derecho a la tierra y la vida”.
La misiva, dirigida a la presidenta Xiomara Castro, señala cómo la presencia de un grupo criminal empleado por la seguridad privada de Corporación Dinant ha realizado desalojos violentos contra las y los integrantes y las familias de al menos dos cooperativas campesinas.
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Señalan que la Plataforma Agraria y sus liderazgos actualmente enfrentan una campaña de odio coordinada y planificada a partir del desplazamiento forzado de la cooperativa Camarones. Además, hacen mención del papel que ha desempeñado la región del Bajo Aguán como un centro de operaciones de inteligencia militar para promover campañas de desinformación para beneficiar los intereses agroindustriales.
Las más de 60 organizaciones que impulsan la firma de la carta dirigida a la presidenta Castro señalan con preocupación el alto riesgo al que están expuestas las personas campesinas a causa de la estrategia que incluye “campañas de odio, diseñadas para criminalizar a defensores y defensoras de derechos humanos”.
El escrito contiene peticiones, en las que se incluye la implementación inmediata y efectiva de mecanismo que protejan a las personas defensoras, el reconocimiento público de la Plataforma Agraria como una organización defensora de la vida y los derechos humanos, la desarticulación e intervención de las empresas que proporcionan la seguridad privada a la empresa agroindustrial Corporación Dinant.
Pidieron se garantice el retorno seguro a la posesión de las tierras de las que fueron desplazados las y los integrantes de las cooperativas Camarones y Tranvío, asimismo que se judicialice a los actores involucrados en los ataques armados que causaron el desplazamiento forzado.
Con relación a la comisión de la verdad, que se origina tras la firma del acuerdo tripartito entre el Estado, organizaciones campesinas y la OACNUDH en febrero 2022, las organizaciones pidieron la aprobación de este mediante decreto ejecutivo con el objetivo que investigue las violaciones a los derechos humanos en el Bajo Aguán.
Santos Roberto Martínez, presidente de la Cooperativa Tranvío, denunció, ayer jueves 30 de enero en Radio Progreso, que la justicia solo abarca a los multimillonarios de Honduras, dejando desprotegidos a quienes “producen y labran la tierra”. Declaró que más de cien familias campesinas se encuentran rodeadas por al menos 60 personas armadas.
“Miramos niños llorando, madres llorando. Es una zozobra que estamos viviendo”, relató. Declaró que, si bien hay presencia policial en la zona, estos no están haciendo nada para contrarrestar la presencia paramilitar tanto en la Cooperativa Tranvío como en la Cooperativa El Chile.
Pese a la fuerte presencia militar y la prohibición para la portación de armas, el Bajo Aguán es escenario de conflictos armados por parte de grupos paramilitares contra liderazgos campesinos que reivindican el derecho a la tierra.
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Este nuevo episodio de ataques armados y desplazamiento forzado inició en la víspera de Navidad, 24 de diciembre, del año pasado, cuando dos grupos armados emboscaron y atacaron a familias campesinas de la Cooperativa Camarones. Desde entonces las acciones violentas se han incrementado y se han extendido a otras cooperativas como la Tranvío y El Chile, dejando personas campesinas heridas y amenazadas.
