La eliminación del decreto podría abrir la puerta a procesos judiciales contra legisladores que han sido señalados por presuntos actos de corrupción o mal manejo de fondos públicos
El decreto 117-2019, mejor conocido como inmunidad parlamentaria, protege a las y los diputados de ser sancionados o responsabilizados penal, civil y administrativamente por acciones que se deriven de la función legislativa.
Tegucigalpa, Honduras. – La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ministerio Público en 2019, el cual busca eliminar la inmunidad parlamentaria que protege a las y los diputados de ser sancionados penal, civil y administrativamente por acciones derivadas de sus funciones legislativas.
El recurso fue interpuesto en 2019 por la abogada Susy Cuello García, en su calidad de agente de tribunales del Ministerio Público y adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución. Según argumentó la fiscal, la inmunidad parlamentaria ha sido utilizada como un escudo para evadir la justicia, particularmente en casos relacionados con el mal manejo de fondos públicos.
En ese momento, la Fiscalía de la República argumentó que mediante la aplicación de los párrafos finales del artículo 10-A del decreto se deja en suspenso cualquier tipo de acción penal que se haya incoado, previamente o a partir de su entrada en vigor, para deducir responsabilidad pena, administrativa y civil a los diputados que pudiesen cometer ilícitos en el desempeño de su función legislativa.
El tema ha generado un amplio debate en la sociedad hondureña, ya que está directamente vinculado a decreto 116-2019, mejor conocido como Fondo Departamental, un mecanismo de asignación de recursos públicos que ha sido objeto de denuncias por corrupción. La eliminación de la inmunidad parlamentaria podría permitir que los legisladores sean investigados y sancionados sin restricciones especiales.
A pesar de la admisión del recurso, la votación en la Sala de lo Constitucional no habría alcanzado la unanimidad, por lo que el caso deberá ser sometido al pleno de magistrados de la CSJ para una decisión definitiva. Se espera que esta votación sea reñida, pues el tema ha generado posturas encontradas entre los distintos sectores políticos y jurídicos del país.
La eliminación del decreto podría abrir la puerta a procesos judiciales contra legisladores que han sido señalados por presuntos actos de corrupción o mal manejo de fondos públicos. Esto fortalecería el sistema de justicia y reforzaría la lucha contra la impunidad en el país.
El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá pronunciarse sobre la eliminación del decreto en las próximas semanas. Se espera que la votación sea reñida, dado que el tema ha generado opiniones divididas entre los diferentes sectores políticos y jurídicos del país.
De ser derogado, este cambio representaría un avance significativo en la lucha por la transparencia y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en Honduras.
Para el exfiscal general y exsecretario de Transparencia, Edmundo Orellana, un fallo que declare la inconstitucionalidad de la inmunidad parlamentaria enviaría un fuerte mensaje en la lucha contra la corrupción y la impunidad. En su criterio, la nulidad del decreto 117-2019 representaría un avance en la rendición de cuentas y el fortalecimiento del Estado de derecho en Honduras.
En una entrevista brindada a Criterio.hn el abogado externó que la inmunidad parlamentaria ha sido un obstáculo para la judicialización de casos de corrupción en el país.
Además, la eliminación de la inmunidad parlamentaria abriría la puerta a procesos judiciales contra legisladores que han sido señalados por actos de corrupción, algunos de los cuales actualmente enfrentan investigaciones en curso.
ONU RECOMENDO DEROGAR LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA
La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha solicitado la derogación de este decreto como parte de los requisitos para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH). La creación de esta comisión fue una de las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro, pero hasta la fecha no se ha concretado.
Durante administración del Partido Nacional, con Mauricio Oliva al frente del Congreso Nacional, se aprobó la reforma al artículo 10-A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, estableciendo de forma literal que los diputados no pueden ser responsabilizados civil, penal o administrativamente por acciones y conductas derivadas de sus funciones como diputados.
El decreto cuenta con dos artículos, en los cuales se establece que el Congreso Nacional es el único órgano competente que debe valorar cada caso en concreto, y las consecuencias de la infracción.
El 18 de octubre de 2019 entró en vigor dicha modificación, pero la misma ha sido cuestionada en reiteradas ocasiones por sociedad civil y lo ha catalogado como un “pacto de impunidad” que protege a las y los diputados.
Entre 2022 y 2024 se presentaron dos decretos, uno promovido por el diputado Yahvé Sabillón y el otro por el congresista Jari Dixon Herrera, sin embargo, estos no fueron sometidos ante el pleno del Congreso Nacional.
En las próximas semanas, el pleno de magistrados de la CSJ deberá pronunciarse sobre la eliminación del decreto. Se espera que la discusión sea intensa, ya que el fallo podría sentar un precedente en la lucha contra la corrupción en el país.
Si bien la admisión del recurso no implica una decisión final, sí representa un avance en el proceso legal para evaluar la constitucionalidad del decreto 117-2019. El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CJS) deberá analizar si este mecanismo es compatible con los principios de justicia y rendición de cuentas establecidos en la Constitución de la República.
Si la Corte falla a favor del recurso presentado por el Ministerio Público, las y los diputados perderían un privilegio que por años les ha permitido evitar sanciones por actos irregulares. Sin embargo, aún queda por verse si la decisión final del pleno de magistrados irá en esa dirección o si, por el contrario, se mantendrá la protección parlamentaria.
