El asalto armado, que coincide con el tercer aniversario del gobierno de Xiomara Castro, evidencia la colaboración entre grupos criminales y agroindustriales en un contexto de creciente violencia y despojo
Tegucigalpa, Honduras. – El asentamiento campesino Tranvío, ubicado en Tocoa, Colón, ha sido escenario de un nuevo ataque armado, presuntamente llevado a cabo por el grupo criminal conocido como “Los Cachos”.
Este ataque se suma a una serie de actos violentos que han afectado a la región del Bajo Aguán, donde el conflicto agrario ha dejado una huella profunda en la vida de las comunidades campesinas.
La mañana de este lunes 27 de enero, justo cuando el gobierno de la presidenta Xiomara Castro cumple tres años en el poder, la cooperativa Tranvío denunciaron la alarmante llegada de un grupo armado a las tierras en proceso de recuperación, en un video que circula en redes sociales se escuchan las detonaciones y la desesperación de las personas amenazadas.
Se informó que al menos unas 100 familias fueron desplazadas de manera violenta por el grupo criminal ligado a la Corporación Dinant.
Leonel Geroge, regidor de la municipalidad de Tocoa, denunció que las familias campesinas de la Cooperativa Tranvío y la Cooperativa Chile están siendo atacadas con el mismo objetivo de desalojo extrajudicial que se observó anteriormente en la Cooperativa Camarones y en Santa Rosa de Aguán que desde hace dos años están siendo atacadas.
Este ataque no es un hecho aislado. “Los Cachos”, un grupo que ha estado vinculado a diversas actividades criminales en la región, ya había sido señalado como responsable del desalojo violento del grupo campesino Camarones en vísperas de navidad en 2024. La violencia en esta zona ha sido alimentada por la lucha por la tierra y el control de recursos naturales por parte de los agroindustriales, exacerbada por la presencia de organizaciones criminales que operan con impunidad.
COLABORACIÓN ENTRE CORPORACIÓN DINANT Y GRUPOS CRIMINALES EN EL BAJO AGUÁN
Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria, ha denunciado la alarmante colaboración entre la Corporación Dinant y grupos criminales en el Bajo Aguán, afirmando que estos últimos están siendo utilizados para llevar a cabo actos de violencia y desplazamiento forzado contra los campesinos. Rivas subrayó que, a través de estas maniobras, Dinant busca despojar a las comunidades de sus tierras, utilizando tácticas intimidatorias y amenazas directas.
“Están pagando hasta 3 mil lempiras diarios por colgarse una AK-47 y R15 para desplazar a las familias organizadas”, afirmó Rivas. Esta situación ha llevado a una escalada de violencia en el área, donde los campesinos luchan por su derecho a la tierra.
Rivas explicó que desde 1998 se ha estado llevando a cabo un proceso judicial para recuperar estas tierras, pero lamentó que las familias más influyentes del país, como los Facussé, han logrado manipular el sistema judicial en su favor. “Los que dicen ser dueños de la tierra a través de fraude en el Aguán también han sido dueños del Poder Judicial” afirmó Rivas.
FALSOS POSITIVOS ESTRATEGIA DE CRIMINALIZACIÓN
Yoni Rivas ha señalado que en el Bajo Aguán se ha implementado una estrategia sistemática para culpar a la Plataforma Agraria mediante la creación de falsos positivos, un patrón que no es nuevo en la región.
«No es la primera vez que ocurren estos hechos en el Valle del Aguán; primero criminalizan y luego asesinan a las personas para culpar a otros», advirtió Rivas, enfatizando la necesidad de que las autoridades judiciales y los cuerpos de investigación intervengan para desmantelar esta táctica utilizada por grupos criminales.
La situación exige una respuesta contundente para garantizar la soberanía de las comunidades campesinas, quienes enfrentan no solo la violencia física, sino también una campaña de deslegitimación que pone en riesgo su lucha por la tierra y sus derechos fundamentales.
Las familias de la Cooperativa Tranvío, en el Bajo Aguán, han sido víctimas de un ataque armado que pone en riesgo su modelo de desarrollo autónomo y sostenible. Víctor Fernández, coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad, destacó el esfuerzo de estas familias que crían ganado, aves y cultivan diversos productos, generando así un impacto positivo en su comunidad.
De acuerdo con Fernández, la cooperativa no solo nutre el mercado local, sino que también ha establecido una escuela para cerca de 100 niños. Sin embargo, este admirable ejemplo de soberanía se ve amenazado por la violencia y la intimidación.
Ante esta crisis, Fernández hace un llamado urgente al Estado y al gobierno para que asuman su responsabilidad en la protección de las familias campesinas. «Es tiempo de actuar con firmeza contra el crimen y garantizar la seguridad de quienes luchan por su dignidad y justicia», afirmó
La situación en el Bajo Aguán es un reflejo del profundo conflicto agrario que persiste en Honduras, donde miles de campesinos siguen luchando por sus derechos frente al acaparamiento y la violencia sistemática.
