El incendio ocurrido la noche del 27 de marzo de 2023, dejó un saldo devastador de 40 migrantes fallecidos originarios de El Salvador, Guatemala, Honduras (6), Colombia y Venezuela; además, 27 heridos y 15 mujeres con secuelas psicoemocionales
Tegucigalpa, Honduras. – A poco de cumplirse dos años del incendio enla Estancia Provisional de Ciudad Juárez que resultó en la muerte de 40 personas migrantes, más de 100 organizaciones de la sociedad civil exigen justicia efectiva y la destitución inmediata de Francisco Garduño Yañez, Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM).
En una carta dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, las organizaciones denunciaron intentos del comisionado por eludir su responsabilidad penal y pidieron una investigación imparcial sobre el incendio, así como reformas profundas en el INM para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes.
El incendio ocurrido la noche del 27 de marzo de 2023, dejó un saldo devastador de 40 migrantes fallecidos originarios de El Salvador, Guatemala, Honduras (6), Colombia y Venezuela; además, 27 heridos y 15 mujeres con secuelas psicoemocionales.
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IRREGULARIDADES EN EL PROCESO PENAL
La participación de Francisco Garduño Yañez en el manejo del INM ha sido objeto de severas críticas tras el incendio en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez.
Las organizaciones de la sociedad civil han señalado que Garduño ha intentado eludir su responsabilidad penal al solicitar, por tercera vez, una suspensión condicional del proceso judicial, lo que se interpreta como un intento de evitar las consecuencias de su gestión.
Además, Garduño ha propuesto pagar sólo los daños materiales del inmueble sin considerar la reparación integral a las familias de las víctimas, lo que refleja una falta de compromiso con la justicia.
La presión para su renuncia se intensifica debido a la percepción de que su permanencia en el cargo podría enviar un mensaje de impunidad, tanto a nivel nacional como internacional.
Durante su gestión, se ha denunciado un aumento en la violencia y violaciones a los derechos humanos contra migrantes, así como una política de contención y militarización que ha contribuido a un entorno hostil para esta población vulnerable.
Las organizaciones exigen que Garduño sea removido para garantizar una investigación imparcial y efectiva sobre el incendio y para asegurar que las víctimas y sus familias obtengan justicia y verdad.
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CIFRAS DE DENUNCIAS POR DELITOS CONTRA PERSONAS MIGRANTES
Las cifras proporcionadas por la Secretaría de Gobernación revelan un alarmante incremento en las denuncias de delitos cometidos contra personas migrantes en México. En 2020, sólo 177 personas privadas de libertad en estaciones migratorias reportaron haber sido víctimas de delitos, pero esta cifra se disparó a 1,136 en 2022, con un desglose que incluye 406 mujeres y 145 menores de edad.
Esta escalofriante tendencia se complementa con el informe de Human Rights First, que documentó 1,544 casos públicos de migrantes que sufrieron secuestros, asesinatos, torturas, violaciones y otros ataques violentos, perpetrados por agentes migratorios, policías y miembros del crimen organizado.
Estas estadísticas no sólo evidencian la creciente violencia y la falta de protección en el sistema migratorio mexicano, sino que también subrayan la urgencia de reformas estructurales dentro del INM para salvaguardar los derechos humanos de una población cada vez más vulnerable.
