El analista en temas internacionales Graco Pérez advirtió que la eliminación del tratado de extradición podría llevar a que Honduras sea catalogado como un país que no está alineado con los esfuerzos internacionales para combatir el terrorismo
Tegucigalpa, Honduras. – El tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, denunciado por la presidenta Xiomara Castro el 28 de agosto de 2024, dejará de estar vigente el próximo 28 de febrero de 2025, tras cumplirse los seis meses desde su anuncio.
La decisión ha generado un fuerte rechazo en la población hondureña, ya que este tratado ha sido uno de los principales mecanismos de presión contra los narcotraficantes en Honduras y el continente. Su cancelación plantea el riesgo de un incremento del narcotráfico en el país, que podría operar con mayor impunidad.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro justificó esta medida argumentando la necesidad de preservar la soberanía nacional y la independencia en la toma de decisiones. Aunque hasta ahora la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, ha respetado esta decisión, se anticipa que, con la llegada de la nueva administración estadounidense, liderada por Donald Trump, el desacuerdo con esta medida podría aumentar.
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HONDURAS PODRÍA ENTRAR EN RIEGO INTERNACIONAL
El analista en temas internacionales Graco Pérez advirtió que, si el próximo 28 de febrero el Ejecutivo no revierte la decisión de cancelar el tratado de extradición, podrían generarse tensiones entre el gobierno de Honduras y la nueva administración de Donald Trump en Estados Unidos.
Según Pérez, la medida tomada por el gobierno hondureño podría tener graves repercusiones, ya que Trump ha anunciado políticas más estrictas contra los narcotraficantes, a quienes ha llegado a calificar como “organizaciones terroristas internacionales”.
“En su momento, senadores y congresistas estadounidenses, que ahora ocupan posiciones clave, se pronunciaron sobre este tema. Esto demuestra que están al tanto de la situación. Si la decisión se concreta, colocará a Honduras en una posición difícil, enviando el mensaje de que no tiene interés en combatir el crimen organizado. En el peor escenario, Honduras podría ser incluida en una lista de países que no luchan contra el terrorismo internacional”, explicó Pérez en una entrevista con Criterio.hn.
La cancelación del tratado podría llevar a que Honduras sea catalogada como un país que no combate el terrorismo, lo que afectaría sus relaciones internacionales, al no alinearse con la política de seguridad de Estados Unidos, el país podría enfrentar consecuencias económicas y comerciales.
En el ámbito comercial, Estados Unidos es el principal socio de Honduras, y en el económico, podría suspenderse la ayuda financiera, como se anunció ayer 20 de enero, cuando el gobierno estadounidense decidió detener por 90 días la asistencia a países que no se alinean con su política exterior.
El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, se refirió a la detención de ayudas y señaló que esta decisión forma parte de políticas más estrictas adoptadas por el país, las cuales responden a su soberanía.
Además, destacó la importancia de la cooperación internacional y explicó que la presidenta ha fortalecido los lazos con Estados Unidos, mientras trabaja en el establecimiento de relaciones más estrechas con otras naciones, como China.
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HONDURAS ENVÍA ADVERTENCIA A ESTADOS UNIDOS
La cancelación del tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos es solo uno de los puntos de tensión que han marcado las relaciones entre ambos países.
Otro ejemplo de estas diferencias se dio el 1 de enero de 2024, cuando la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, lanzó una advertencia al gobierno de Estados Unidos antes de que Donald Trump asumiera la presidencia.
“Esperamos que la nueva administración norteamericana, liderada por el presidente democráticamente electo Donald Trump, sea receptiva al diálogo constructivo y amistoso. También confiamos en que no tome represalias innecesarias contra nuestros migrantes, quienes contribuyen significativamente a la economía de Estados Unidos. En caso de una postura hostil, como la expulsión masiva de nuestros compatriotas, nos veríamos obligados a reconsiderar nuestras políticas de cooperación con ese país”, declaró la mandataria.
Además, en referencia al ámbito militar, Castro señaló: “Estados Unidos ha mantenido bases en nuestro territorio durante décadas sin pagar un centavo. Si persiste una actitud hostil, estas instalaciones perderían toda razón de existir en Honduras”
El analista y expresidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Martín Barahona, afirmó que la advertencia sobre la posible cancelación de la base militar estadounidense, emitida después de la suspensión del tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, genera dudas sobre las verdaderas intenciones detrás de ello.
En cuanto a las posibles repercusiones económicas de estas diferencias, Barahona consideró que Honduras cuenta con tratados de libre comercio y una arquitectura financiera internacional que ayudan a minimizar los riesgos.
También subrayó que parte de la oposición ha expresado su respaldo a la base militar como una forma de mostrar alineación con Estados Unidos, sin embargo, Barahona señaló que esta instalación militar responde principalmente a los intereses geopolíticos de Estados Unidos y no a los de Honduras.
Sobre la reversión de tratado de extradición lo único que se ha mencionado es que se puede renovar en 2026 bajo una nueva administración, sin embargo, profesionales del derecho han explicado que llevaría tiempo y trámite para su instalación.
Tras el anuncio de la cancelación del tratado de extradición, las autoridades hondureñas han intentado demostrar que el gobierno puede combatir eficazmente el narcotráfico. Un ejemplo de ello es la investigación ¿Dónde está la coca?: Cifras de incautación de cocaína no cuadran en Honduras, realizada por Criterio.hn en enero de 2025, que revela un aumento en las incautaciones de droga desde la cancelación del tratado.
No obstante, la investigación destaca una irregularidad preocupante: existen discrepancias significativas entre los registros de las instituciones encargadas del control antidrogas. Esto sugiere la posibilidad de que parte de la droga incautada esté siendo sustraída por las mismas autoridades.
