Tegucigalpa, Honduras.- Entre el 1 y el 19 de enero de 2025, Honduras ha registrado 106 homicidios, lo que equivale a un promedio diario de 6 (5.6) muertes violentas. Este dato evidencia la persistencia de la violencia y la criminalidad, cuestionando la efectividad del estado de excepción, cuya extensión hasta febrero de este año carece de legalidad al no haber sido ratificada por el Congreso Nacional, como lo establece la Constitución de la República.
Lo anterior, según el registro de datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), que tras ser cotejado por Criterio.hn, permitió identificar dos patrones: durante estos 19 días, las edades más frecuentes entre las víctimas de homicidios oscilaban entre 22 y 30 años. Aunque la mayoría eran hombres, se observa un incremento significativo en el número de mujeres asesinadas en comparación con años anteriores.
Además, la dinámica de los primeros días de 2025 presenta un cambio respecto a 2024: Francisco Morazán lidera como la zona más violenta del país, concentrando el 17.5% de los homicidios registrados. En segundo lugar, de manera inesperada, se encuentra Yoro, seguido por Olancho, Cortés y, en la quinta posición, el sureño departamento de Choluteca.
Históricamente, Cortés y Francisco Morazán han mantenido altos índices de violencia, consolidándose no solo como las zonas más peligrosas de Honduras, sino también de la región. Sin embargo, esta tendencia podría modificarse en los próximos días, considerando que los datos analizados corresponden únicamente a los primeros 19 días de enero de 2025 y la proyección es que las principales zonas productivas del país (Cortés) vuelvan a repuntar, a pesar que varios de sus municipios se mantienen sitiados por elementos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Los datos analizados hasta ahora reflejan un panorama que podría variar conforme avance el año, dado que los índices de violencia son dinámicos y están sujetos a múltiples factores. La concentración de homicidios en departamentos específicos sugiere una posible redistribución de las zonas más afectadas, dejando abierto el análisis para entender cómo evolucionará esta problemática en el contexto actual.
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¿PODRÍA CAMBIAR LA DINAMICA ESTE AÑO BAJO EL ESTADO DE EXCEPCIÓN?
Para Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la dinámica difícilmente cambiará hacia un rumbo favorable debido a los antecedentes. Honduras se encuentra bajo un estado de excepción cuestionado por su inconstitucionalidad, al no haber sido ratificado por el Congreso Nacional.
Esta medida, establecida en el artículo 187 de la Constitución, no ha demostrado ser efectiva en años anteriores, cuando la violencia y criminalidad ya dominaban el panorama nacional, aun sin la implementación de esta herramienta.
“La situación en temas de seguridad difícilmente cambiará durante 2025, ya que se siguen aplicando las mismas estrategias. El estado de excepción ha sido manejado más como un modelo de seguridad que como una medida constitucional destinada a resolver una problemática grave de seguridad nacional. Su ampliación desmedida resulta cuestionable, ya que no ha logrado los resultados esperados en materia de extorsión, que fue el motivo de su implementación”, afirmó Castañeda en declaraciones a este medio.
El análisis del abogado Castañeda se alinea con la realidad que enfrenta Honduras. Aunque los homicidios en 2024 registraron una reducción histórica, en 2025 se observa nuevamente una escalada. Al margen de este dato, que resulta central por implicar la pérdida de vidas humanas, persisten otros fenómenos criminales como la extorsión y la delincuencia común, que afectan tanto a comercios formales como informales en todo el país. Esta situación genera mayores cuestionamientos hacia las autoridades, ya que el estado de excepción no ha producido resultados tangibles frente a estos problemas.
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“Además de eso, Además, el Ejecutivo, al seguirlo prolongando, pretende obviar la ratificación del Congreso, lo cual es preocupante en un año electoral con una sociedad convulsionada y altamente politizada. Hay un riesgo de que esta medida sea usada como herramienta de persecución contra opositores, líderes políticos, periodistas y ciudadanos críticos del gobierno. Esto genera serias implicaciones para los derechos y garantías constitucionales”, valoró.
