Según cifras del Ministerio Público, en los últimos desde 2018 a 2024 se han interpuesto más de 150 denuncias contra jueces, 91 denuncias contra jueces de Letras, 10 contra jueces de Paz, 26 contra magistrados y magistradas, y 22 contra otros operadores de justicia
Tegucigalpa, Honduras. –El Ministerio Público informó sobre un caso de corrupción en el que se investiga a un alto funcionario del Poder Ejecutivo, un funcionario del Poder Judicial y un abogado privado.
El caso, denominado “Mensaje en el papel amarillo”, busca esclarecer posibles irregularidades que habrían conectado a estas figuras en acciones cuestionables dentro de sus respectivas funciones.
Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, precisó que esta investigación es encabezada por la Fiscalía para el Enjuiciamiento de Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ). En un breve pronunciamiento, señaló que por el momento no se puedan dar detalles de las pericias, para no entorpecer el proceso.
Este caso no es un hecho aislado en el sistema judicial hondureño. Según un informe del Ministerio Público, en los últimos cinco años al menos 299 integrantes del Poder Judicial, entre jueces, magistrados y otros operadores de justicia, han sido denunciados por diversos delitos.
En julio de 2024, Criterio.hn solicitó al ente acusador cuántos funcionarios judiciales enfrentan procesos o requerimientos fiscales, hasta ese momento eran 299 denuncias contra jueces (de Letras y de Paz) y magistrados.
De estos procesos cinco se tradujeron en requerimientos fiscales contra empleados del Poder Judicial.
Entre los delitos más comunes se encuentran el abuso de autoridad, la violación a los deberes de los funcionarios y el prevaricato. Estas acusaciones señalan a jueces y magistrados que, según los reportes, habrían emitido resoluciones arbitrarias o tomado decisiones orientadas a favorecer intereses personales o de terceros.
“VAMOS DESENMASCARAR JUECES CORRUPTOS”
Pero esta no es la primera vez que se habla sobre corrupción o mal proceder de funcionarios del Poder Judicial. El pasado 17 de agosto de 2024, el fiscal general Johel Zelaya ordenó la detención del exjuez y excoordinador del Juzgado con Jurisdicción Nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción, Marco Vallecillo, por extorsionar a personas que están siendo investigadas por delitos de corrupción
En esa ocasión el Zelaya advirtió que evidenciarían el proceder de jueces y magistrados corruptos e “indignos” de llamarse jueces. “Vamos a desenmarañar a más servidores del Poder Judicial, a quienes los exhibiremos frente al pueblo y los pondremos ante la justicia hondureña”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).
El proceso judicial contra el exjuez Marco Vallecillo no es un caso aislado, ya que en 2023 el Ministerio Público promovió acciones contra 43 empleados judiciales. Mientras que hasta septiembre de 2024 se interpusieron 39 denuncias.
El año con mayor número de procesos contra empleados judiciales fue el 2021 con 58 denuncias, seguido por el 2022 con 54 y en tercer lugar por el 2019 con 50 denuncias.
De acuerdo, a las cifras proporcionadas por la Fiscalía de la República en los últimos cinco años se han interpuesto 150 denuncias contra jueces, 91 denuncias contra jueces de Letras, 10 contra jueces de Paz, 26 contra magistrados y magistradas, y 22 contra otros operadores de justicia.
Entre estos, destaca el antejuicio presentado contra la jueza de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, Irisabel Lucía Miranda Hernández, acusada de prevaricato judicial continuado en perjuicio de la administración de justicia.
De acuerdo con la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), el caso de Irisabel Miranda Hernández está relacionado con una resolución arbitral internacional emitida por el Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) en septiembre de 2009. En dicha resolución, se condenó al Estado hondureño a pagar más de 51 millones de dólares (equivalentes a 1,258 millones de lempiras) a la empresa DRS INC, tras un proceso considerado irregular.
En este caso también se involucra a otros funcionarios judiciales, como el juez del Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán, Raymundo Esaú Grádiz Vilorio, y los magistrados Conan Argueta Bourdeth e Ingrid Evelinda Monzón López, quienes, según la Procuraduría General de la República (PGR) y la Uferco, tuvieron participación en las irregularidades denunciadas.
Hasta noviembre de 2023, solo se habían admitido los antejuicios contra Miranda Hernández y Grádiz Vilorio, mientras que los procesos contra Argueta y Monzón permanecían pendientes. La Uferco anunció que continuará promoviendo acciones para garantizar que los involucrados enfrenten la justicia.
Estos hechos reflejan un patrón de corrupción judicial que ha generado graves pérdidas económicas al Estado hondureño. Según expertos en derecho, los casos de prevaricato y abuso de poder evidencian la necesidad de reformas profundas en el sistema judicial para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
A pesar de los avances en algunos procesos, la falta de celeridad en las acciones judiciales y las dificultades para admitir antejuicios han generado críticas hacia la efectividad del sistema judicial y el compromiso real de combatir la corrupción.
