La decisión de no clasificar los delitos relacionados con el asesinato de Isy Obed Murillo como crímenes de lesa humanidad genera preocupación sobre la impunidad en Honduras, según la Coalición Contra la Impunidad
Tegucigalpa, Honduras. – El Ministerio Público de Honduras ha sido cuestionado tras su decisión de no calificar los delitos en el requerimiento fiscal contra Romeo Vázquez Velásquez y otros dos generales en condición de retiro de las Fuerzas Armadas como crímenes de lesa humanidad, en relación con el asesinato de Isy Obed Murillo.
En ese sentido, la Coalición Contra la Impunidad (CCI), exige que los casos relacionados con el golpe de Estado de 2009, sean tratados no sólo como asuntos penales, sino también desde la perspectiva del derecho internacional de derechos humanos, considerando que los crímenes cometidos durante esta ruptura del orden constitucional deben ser considerados como delitos de lesa humanidad.
Para el doctor en derechos humanos Joaquín Mejía el no calificar adecuadamente los delitos relacionados con el golpe de Estado podría llevar a una impunidad aún mayor. “Los delitos deben ser tratados con la seriedad que merecen”, demandó, señalando que la falta de acción, también podría resultar en una revictimización de quienes han sufrido las consecuencias de estos actos como la familia de Isy Obed Murillo y las demás víctimas.
Además, expresó su preocupación por la falta de atención y justicia respecto a los crímenes cometidos durante el golpe de Estado de 2009 y en las crisis políticas que han seguido. Mejía reprochó los “desafortunados comentarios” de la clase política que minimizan la gravedad de estos eventos y afectan la percepción pública sobre la justicia.
“Cuando hay este tipo de comentarios en contra de las víctimas o las organizaciones que las apoyan, reflejan la incapacidad del Estado para reparar el daño causado”, lamentó, el defensor de derechos humanos y miembro de la Coalición Contra la Impunidad.
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LA IMPUNIDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA
Honduras ha atravesado momentos históricos críticos que han involucrado a sus Fuerzas Armadas, marcando el rumbo político y social del país. La crisis de los años 80, caracterizada por la represión militar y violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil y la lucha contra movimientos insurgentes; el golpe de Estado en 2009, donde los militares jugaron un papel decisivo al derrocar al presidente Manuel Zelaya, un evento que desató una profunda crisis política y social y la crisis electoral de 2017, con la reelección de Juan Orlando Hernández que también estuvo marcada por la violencia y el uso de la fuerza militar para reprimir protestas, evidenciando la persistente injerencia de los militares en la política hondureña. Estos tres momentos reflejan un patrón de militarización y violaciones sistemáticas que aún están en la búsqueda de justicia y verdad en el país.
Joaquín Mejía destacó la gravedad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Honduras, señalando que las ejecuciones arbitrarias y las torturas han marcado los tres períodos críticos: los años 80, el golpe de Estado de 2009 y la crisis post electoral de 2017.
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A razón de ello, Joaquín Mejía subrayó que es fundamental recordar el impacto del golpe de Estado, no sólo para las víctimas directas sino para toda la sociedad. “Hacemos un llamado a que se castiguen estos graves crímenes porque se encuentran impunidad”.
Afirmó que estos crímenes están suficientemente documentados, como lo evidencian los informes “Los hechos hablan por sí mismos; el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y el informe del Alto Comisionado para los derechos humanos.
El papel del Ministerio Público es crucial, de acuerdo con Mejía. “Es necesario que aborden estos crímenes como crímenes de lesa humanidad y no como simples delitos comunes”, enfatizó. La calificación inadecuada de los delitos, como homicidios simples, ha llevado a decisiones judiciales cuestionables, incluyendo la concesión de medidas sustitutivas para Romeo Vásquez Velázquez y los demás acusados quienes se defenderán con medidas diferentes a la prisión.
De igual manera la CCI enfatiza que los responsables de los hechos deben ser investigados y sancionados independientemente de su jerarquía, dado que su posición les hace responsables por no haber prevenido ni investigado adecuadamente las violaciones cometidas por sus subordinados.
