Tegucigalpa, Honduras.- El engranaje judicial e investigación procesó recientemente a integrantes de las fuerzas de seguridad por hechos vinculados a abuso de poder y delitos graves contra ciudadanos, uno registrado en el marco del actual estado de excepción. Dos comunicados emitidos por el Ministerio Público y el Poder Judicial detallan casos separados que involucran a elementos de la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
En el primer caso, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos logró una sentencia condenatoria contra cuatro agentes de la Policía Nacional acusados de detención ilegal y vejámenes contra dos jóvenes hermanos durante el periodo de pandemia en 2020. Los condenados son el subcomisario Krishna Anubis Vaquiz Bonilla, sentenciado por detención ilegal y vejámenes, y los agentes Víctor Gabriel Valladares Saravia, Juan José Hernández Miranda y Lezman Alexis Baca Carranza, culpables del delito de vejámenes.
El incidente ocurrió en el municipio de Campamento, Olancho, cuando los hermanos fueron detenidos bajo el pretexto de incumplir restricciones de movilidad impuestas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER). Según el expediente judicial, los agentes agredieron física y verbalmente a los detenidos, obligándolos además a firmar un acta de compromiso que buscaba impedir cualquier denuncia penal en su contra.
En el segundo caso, seis elementos de la PMOP fueron presentados ante un juzgado de jurisdicción nacional en San Pedro Sula, Cortés, por su implicación en la muerte de un ciudadano que no se detuvo en un retén militar el 19 de mayo de 2024. La acción penal incluye a Juan Carlos Mejía Paz, acusado del delito de homicidio, y a otros cinco efectivos, Selvin Albino Galdámez, Darlin Amialel Cruz Lara, Luis Fernando Guillén, José Jazmín Sosa Sosa y Noé Emmanuel García, señalados por encubrimiento.
De acuerdo con la información proporcionada, el ciudadano recibió un disparo mientras intentaba evadir el retén. Aunque fue trasladado a un hospital cercano, falleció posteriormente. En este caso, los imputados enfrentan medidas cautelares sustitutivas que incluyen la prohibición de salir del país y de comunicarse con testigos o familiares de la víctima.
Ambos procesos reflejan un enfoque judicial que busca abordar, de alguna manera, las irregularidades dentro de las fuerzas de seguridad. En el caso de los agentes policiales, se dictó la suspensión de sus cargos, mientras que el caso de los militares está en etapa de investigación inicial.
Los dos procesos continúan bajo seguimiento, marcando un precedente sobre el tratamiento de casos relacionados con violaciones a los derechos humanos y delitos graves perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad, que evidentemente han incrementado con el vigente estado de excepción implementado por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro el 6 de diciembre de 2022 y estará vigente hasta febrero de 2025.
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danielBUENO, ¿PERO QUÉ REFLEJA ESTA SITUACIÓN?
La reciente imputación de policías y militares por abusos de poder y delitos graves pone de manifiesto una problemática estructural: la falta de preparación de estas fuerzas para interactuar adecuadamente con la sociedad civil. El abogado constitucionalista Joaquín Mejía en reiteradas ocasiones ha señalado que tanto la Policía Nacional como la Policía Militar del Orden Público carecen de la formación necesaria para convivir con la ciudadanía, lo que se traduce en acciones que vulneran los derechos humanos.
Esta situación se ha visto exacerbada por la implementación del estado de excepción vigente desde diciembre de 2022. Por ejemplo, entre diciembre de 2022 y mayo de 2024 se presentaron 90 denuncias contra militares por diversos delitos, de las cuales solo el 23% resultaron en requerimientos fiscales. Este bajo porcentaje refleja una deficiencia en la respuesta institucional ante las irregularidades cometidas por las fuerzas de seguridad.
La militarización de la seguridad pública, lejos de resolver los problemas de criminalidad, ha generado un incremento en las denuncias por violaciones a los derechos humanos. Joaquín Mejía ha expresado que la presencia de militares en tareas de seguridad ciudadana no es una prioridad en Honduras y que este enfoque no ha demostrado ser efectivo para garantizar la seguridad de la población.
Además, la falta de rendición de cuentas y la impunidad en casos de abusos por parte de las fuerzas de seguridad debilitan la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de protegerla. La escasa proporción de requerimientos fiscales emitidos en relación con las denuncias presentadas sugiere la carencia en mecanismos de control y supervisión sobre las acciones de policías y militares.
En palabras de Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), es fundamental reconsiderar las estrategias de seguridad implementadas en el país, priorizando la formación adecuada de las fuerzas del orden en derechos humanos y en procedimientos que promuevan una convivencia pacífica con la sociedad civil.
“La desmilitarización de la seguridad pública y el fortalecimiento de instituciones civiles podrían contribuir a una mejor relación entre las fuerzas de seguridad y la ciudadanía, reduciendo así las violaciones a los derechos humanos y mejorando la eficacia en la lucha contra la criminalidad”, opinó en pláticas con Criterio.hn.
En conclusión, los casos recientes de abusos cometidos por policías y militares reflejan carencias en la preparación y actuación de estas fuerzas en su interacción con la sociedad. La implementación del estado de excepción ha evidenciado y, en algunos casos, agravado estas deficiencias, subrayando la necesidad de replantear las políticas de seguridad y de fortalecer los mecanismos de control y formación de las fuerzas del orden en Honduras.
