Tegucigalpa, Honduras. Hace 20 días, la Secretaría de Seguridad lanzó la Operación Navidad Segura a nivel nacional, una estrategia que buscaba frenar el aumento de criminalidad que suele registrarse en el cierre de año, impulsado por el incremento en la actividad económica debido a las compras navideñas. Esta iniciativa prometía resultados distintos, respaldada por el estado de excepción vigente, implementado precisamente para combatir los altos índices delictivos en el país.
“Hoy hemos lanzado a nivel nacional la Operación Navidad Segura para brindar protección. Un total de 21,500 hombres y mujeres se encargaron de prevenir, controlar y disuadir cualquier tipo de delito que pudiera surgir debido al alto flujo de efectivo”, mencionó el general Gustavo Sánchez el 3 de diciembre en la Plaza Los Dolores, ubicada en Tegucigalpa, durante el inicio del plan que prometía una disminución en la criminalidad.
Sánchez, quien asumió el cargo tras sustituir a Ramón Sabillón luego de la masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), se limitó a presentar el esquema de despliegue de la estrategia, pero destacó que priorizarán las zonas del país con mayor incidencia criminal, como las principales ciudades: Tegucigalpa y Comayagüela, que conforman el Distrito Central, y San Pedro Sula, en el norteño departamento de Cortés.
Además, señaló que, de forma paralela, continuará la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en áreas donde la criminalidad ha persistido durante el año sin experimentar reducciones. Entre estas zonas se encuentra Catacamas, en el departamento de Olancho, que lleva varias semanas sitiada por las autoridades tras un enfrentamiento armado con un grupo de civiles que portaban armas largas y cortas y desafiaron a los uniformados.
Desde el primer trimestre de 2023 las autoridades comenzaron a intervenir varios departamentos del país en el marco del Plan Solución Contra el Crimen Organizado.
“En el sector de Catacamas, el director de la Policía (Juan Manuel Aguilar Godoy) está liderando las operaciones debido al incidente en el que un grupo de personas enfrentó y retó a la autoridad. Este tipo de intervenciones las realizamos para abordar problemáticas específicas. En el caso de Catacamas, la operación durará el tiempo que sea necesario, al igual que en otras zonas conflictivas del país”, explicó Sánchez.
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ALZA EN CRIMINALIDAD
Lejos de la retórica que ha caracterizado al general Gustavo Sánchez, el criminólogo Gonzalo Sánchez afirmó que la criminalidad asociada a las fiestas decembrinas tampoco pudo ser controlada este año. De hecho, indicó que actualmente ha aumentado la extorsión al comercio formal e informal, a pesar de que en el país está vigente un estado de excepción implementado el 6 de diciembre de 2021, bajo la promesa de erradicar ese delito y otros conexos.
“En estos dos últimos años se esperaba que en el ocaso no se volviera a registrar la ola de criminalidad que años atrás se vivía. Sin embargo, aunque la Policía y las Fuerzas Armadas implementen estrategias, el ambiente de criminalidad persiste e incluso ha incrementado. Actualmente, no solo el transporte urbano, sino varios comercios en la capital están pagando más en cuotas de extorsión”, valoró el criminólogo en una entrevista con este medio de comunicación.
La dirigencia del rubro del transporte urbano proyecta que al concluir diciembre entregarán alrededor de 300 millones de lempiras.
Lo expuesto por Gonzalo Sánchez sobre el aumento de la criminalidad tiene sentido. Criterio.hn, en el artículo titulado “Falta de operativos policiales permanentes impulsa el aumento de la criminalidad en la capital”, señaló que, aunque la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público desplieguen estrategias como la mencionada, no hay efectividad debido a que los operativos no son permanentes y, en algunas zonas de mayor incidencia, ni siquiera hay presencia de los cuerpos de seguridad pública.
Por ejemplo, en la primera y segunda avenida de Comayagüela, en la capital hondureña, donde los criminales han cometido más fechorías durante estos 23 días de diciembre. Inicialmente, comenzaron asaltando unidades de transporte urbano, un hecho que se repite a diario hasta 15 veces o más durante el día, según denuncias de los transportistas. De igual modo, está en auge el cobro de extorsión a los vendedores, no solo en esa zona, sino también en barrios y colonias donde pequeños comercios amplían su inventario en estas fechas.
En ese sentido, cuando Sánchez, quien es docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), mencionó que para este cierre de año la criminalidad no debía ser un problema, es porque el país, desde el 6 de diciembre de 2022, está bajo un estado de excepción parcial que, además de suspender seis garantías constitucionales, prometía erradicar todo lo relacionado con la violencia y la criminalidad. Sin embargo, a más de dos años y con millonarios presupuestos, este sigue siendo un problema sin resolver.
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“A estas alturas, el país no debería estar en esta situación de inseguridad. Tras dos años de estar bajo un estado de excepción, podemos concluir que hay resultados, pero mínimos. Sin embargo, esos resultados positivos no deben atribuirse al estado de excepción, sino al trabajo cotidiano policial. Hay que reconocer que ha habido una disminución en la tasa de homicidios”, reconoció el criminólogo.
