Instan a eliminar o reducir el uso de tribunales ISDS, que permiten a multinacionales atacar decisiones legítimas de gobiernos y exigir sumas excesivas a los contribuyentes como la demanda ante el CIADI de Próspera por USD 10,775 millones contra el Estado de Honduras
Tegucigalpa, Honduras.– Más de 30 congresistas estadounidenses, entre ellos tres senadores, enviaron una carta a la representante de Comercio de los Estados Unidos, Katherine Tai, urgiendo la eliminación o reducción del uso de los arbitrajes de inversor Estado (ISDS por sus siglas en inglés) por parte de multinacionales en contra de Estados soberanos.
“Le animamos encarecidamente a que actúe con urgencia para eliminar o reducir drásticamente la capacidad de las empresas multinacionales para utilizar los tribunales ISDS como una herramienta para atacar las acciones legítimas del gobierno y extraer sumas ilimitadas de los contribuyentes de los países sobre las leyes, acciones o resoluciones judiciales de las naciones soberanas que las empresas afirman que entran en conflicto con sus derechos y privilegios especiales ISDS”, lee parte de la misiva enviada el pasado jueves, 19 de diciembre.
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ARBITRAJES PRIORIZAN INTERESES CORPORATIVOS A EXPENSAS DE LA POBLACIÓN
Los treinta y siete congresistas democratas afirmaron que escriben en respuesta a informes que la oficina de Tai estudia medidas para abordar los ISDS incluidos en Tratados de Libre Comercio de Estados Unidos. Señalando que estos mecanismos permiten que empresas recurran a estos “tribunales”, priorizando intereses corporativos a expensas de la población y el ambiente de estos países.
Ejemplifican este extremo con la demanda presentada por inversionistas de la recientemente declarada inconstitucional Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) Próspera, quienes demandaron a Honduras por USD 10,775 millones, pese a que la “compensación’ equivale a más de 100 veces lo que la empresa declara públicamente que ha invertido”, a la vez que descarta las decisiones del Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia de Honduras.
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Otro ejemplo es la demanda presentada por empresas mineras estadounidense y canadiense contra el Estado de Colombia, por un título minero que quedó sin efecto al encontrarse en el parque nacional Yaigogé Apaporis. Pese a haber invertido USD 11 millones en preparaciones relacionadas a la minería, la compañía reclama la compensación por USD 16,500 millones en daños alegando que esta cifra representa lo que hipotéticamente podrían haber ganado de haber extraído el oro y hierro en dicho territorio.
El relator de la ONU sobre el derecho al desarrollo, Surya Deva, expresó en noviembre a Criterio.hn que los inversores extranjeros incurren en irresponsabilidad al demandar al Estado cuando este decide proteger derechos, ambiente y a pueblos indígenas.
¿SOLICITUD EXTEMPORÁNEA?
Los congresistas democratas instaron a la embajadora Tai a trabajar con socios comerciales dispuestos a poner fin a los ISDS. Proponen lograrlo a través de la firma de acuerdos ejecutivos bilaterales o que las partes retiren el consentimiento al arbitraje inversor-Estado de los existentes Tratados de Libre Comercio, a través de un intercambio de cartas oficiales.
Con la juramentación de Donald Trump el próximo 20 de enero de 2025 como el 47° presidente de los Estados Unidos, muchos podrían analizar la solicitud como extemporánea, considerando que la adminitración de Joe Biden esta de salida.
Los congresistas democratas recordaron que la eliminación del arbitraje inversor-Estado ya fue logrado durante la primera administración de Trump. Esto ocurrió en el marco del TLC entre Estados Unidos, Canadá y México, los primeros dos países antes mencionados eliminaron la autoridad de los tribunales ISDS en sus respectivos territorios.
Tras el golpe de Estado de 2009, Honduras enfrenta 15 demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), las cuales podrían significar un perjuicio económico de al menos 14 mil millones de dólares, según estimaciones reflejadas en el informe “Las inversiones Mafiosas contra Honduras”.
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La carta dirigida a la representante de Comercio de los Estados Unidos fue encabezada por los representantes Lloyd Dogget y Rosa Delauro así como el senador Sheldon Whitehouse. Otros reconocidos congresistas que firmaron la misiva son los senadores Elizabeth Warren y Bernard Sanders, además de los representantes Rashida Tlaib, Cory Bush, Jesus G. “Chuy” Garcia, Raúl M. Grijalba, Henry C. “Hank” Johnson Jr., Jan Schakowsky, Delia C. Ramírez, Jill Tokuda, Nydia M. Velásquez, Alexandria Ocasio-Cortéz y Verónica Escobar, entre otros.
