Tegucigalpa, Honduras.- A pesar que el estado de excepción, posiblemente en su última prórroga que concluye el 5 de enero de 2025, estuvo vigente durante todo 2023, las quejas por desplazamiento forzado, principalmente por extorsiones vinculadas a pandillas, aumentaron en comparación con 2022, año en el que esta medida solo estuvo en vigor durante los últimos 25 días, que fue oficializada por el gobierno de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
De acuerdo con información que Criterio.hn solicitó al Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh), en 2023 se registraron 1,699 quejas por desplazamiento forzado. Paradójicamente 282 más que las 1,417 contabilizadas en 2022, lo que equivale a un aumento del 20 %, a pesar de la vigencia de esta herramienta establecida en la Constitución de la República.
Además, de las 1,699 quejas presentadas únicamente en 2023, el 62 %, equivalente a 1,053, informaron que, a pesar de estar en riesgo, no habían abandonado su vivienda. Mientras tanto, el 38 %, es decir, 646 personas, fueron víctimas de desplazamiento forzado a manos de agrupaciones criminales, según datos de Conadeh.
El principal grupo afectado por este flagelo son los comerciantes, sector históricamente golpeado por las agrupaciones criminales tradicionales y emergentes que se dedican al cobro de extorsiones. En términos absolutos, el 45 % del total (1,699), es decir, 764 casos, corresponde a comerciantes, seguidos por amas de casa y personas dedicadas a otros oficios y profesiones.
Le puede interesar: Muerte de perro a manos de uniformado desnuda la realidad violenta de la Policía
LEMPIRA REGISTRÓ LAS PRIMERAS DENUNCIAS POR ESE MOTIVO EN 2023
Aunque, como es habitual, Francisco Morazán y Cortés siguen siendo los principales departamentos que concentran y registran la mayor parte de los hechos vinculados con criminalidad organizada y narcotráfico, en 2023 ocurrió algo inusual: el Conadeh recibió las primeras quejas por desplazamiento forzado provenientes de Lempira, una región ubicada en el noroccidente de Honduras. Entre 2019 y 2022 no se había reportado ninguna denuncia, pero en 2023 se registraron siete, todas provenientes de comerciantes.
En términos simples, Francisco Morazán registró en 2023 un total de 841 quejas, mientras que Cortés acumuló 364, concentrando la mayoría de casos de desplazamiento forzado. Las principales ciudades afectadas son Tegucigalpa y Comayagüela, que conforman el Distrito Central, así como San Pedro Sula, ubicada en el norte de Honduras.
Paradójicamente, en estas zonas del país, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF. AA), a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), han intervenido varios barrios y colonias como parte de las distintas fases del Plan Solución Contra el Crimen, una estrategia integrada al estado de excepción. Sin embargo, pese a estas acciones, la criminalidad continúa en aumento afectado a estos grupos vulnerables de la sociedad.
Entre 2023 y 2024, la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público han realizado múltiples intervenciones en barrios y colonias conflictivas de la capital y otras zonas clave del país. Sin embargo, a pesar del despliegue de cientos de agentes, la criminalidad no ha disminuido. Prueba de ello son los casos de desplazamiento forzado registrados el año pasado y las proyecciones para 2024, que sugieren una posible reducción en el número de denuncias debido al temor de las víctimas a reportar estos hechos.
La expansión de delitos como el desplazamiento forzado, junto con otros como la extorsión, se observa en departamentos como Comayagua, Choluteca, Colón y Atlántida. Estas zonas han sido intervenidas en múltiples ocasiones, no tanto por las denuncias de desplazamiento forzado, sino por el incremento en la violencia registrada en esos territorios.
En este contexto, se cuestiona la efectividad de las estrategias implementadas, ya que no se han logrado resolver las causas estructurales de la violencia ni disminuir los índices de criminalidad en las zonas intervenidas.
Lea: Extorsión se extiende en departamentos hondureños, pese a intervenciones policiales y militares
¿POR QUÉ HAY REDUCCIÓN EN QUEJAS POR DESPLAZAMIENTO FORZADO?
Aunque el Conadeh no ha oficializado el número de quejas por desplazamiento forzado durante 2024, las proyecciones indican una disminución. Sin embargo, esta reducción no estaría relacionada con la efectividad de las estrategias policiales, sino con un incremento del temor en la población afectada, que evita denunciar por posibles represalias. Además, la desconfianza hacia los cuerpos de seguridad, exacerbada por los abusos de poder evidenciados durante el estado de excepción, ha contribuido al silencio de las víctimas.
“Este año hay una disminución, pero eso no significa que en el país haya disminuido la problemática. Muchas de las víctimas ya no quieren interponer la denuncia; no quieren ningún tipo de asistencia por temor y porque lo único que buscar es salir de país por el temor y solicitar asilo en otros países”, mencionó la coordinadora de la Defensoría de la Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes en pláticas con Criterio.hn.
Por lo anterior, Reyes cuestionó la efectividad de las estrategias implementadas, ya que no se han logrado resolver las causas estructurales de la violencia ni disminuir los índices de criminalidad. En pocas palabras, parece no haber voluntad de la actual administración para mitigar estos flagelos que cobran vidas de forma silenciosa.
