Este viernes 6 de diciembre, el estado de excepción cumple dos años de haber sido implementado por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, con la promesa de combatir de manera efectiva la extorsión y los delitos relacionados
Sin embargo, tras 24 meses, las extorsiones pandilleras han aumentado, al igual que el desplazamiento forzado y la delincuencia común. Esto ha llevado a que las autoridades reflexionen sobre posibles alternativas, en caso de que esta medida no sea prorrogada nuevamente por el Poder Ejecutivo después del 5 de enero de 2025, fecha en que finaliza la última extensión
Tegucigalpa, Honduras.– El Congreso Nacional, liderado por el diputado oficialista Luis Redondo, del Partido Libertad y Refundación (Libre), ratificó el pasado 27 de noviembre, casi de manera desapercibida, la última prórroga al estado de excepción, vigente del 21 de noviembre de 2024 al 5 de enero de 2025.
La bancada oficialista logró ratificar esta última prórroga con el apoyo mayoritario de diputados del Partido Liberal (PL) y algunos del Partido Salvador de Honduras (PSH), alcanzando un total de 67 votos a favor, apenas dos más del mínimo requerido. Por su parte, la bancada nacionalista y otros congresistas del PSH, como Fátima Mena y Suyapa Figueroa, votaron en contra, argumentando ineficiencia en la medida y reiteradas violaciones a los derechos humanos.
Por ejemplo, la diputada Fátima Mena ha reiterado que no volverá a respaldar una ratificación del estado de excepción, argumentando que esta medida únicamente ha evidenciado abusos de autoridad por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, a través de la Policía Militar del Orden Público. Según la legisladora, estas instituciones han aprovechado las facultades otorgadas para cometer actos ilícitos, lo que ha derivado en procesos judiciales contra algunos uniformados.
“Esta medida solo ha permitido violaciones a los derechos humanos de la población. Además, no puede ser una estrategia permanente. Por ello, no volveré a apoyar una ratificación en el Congreso. Se deben investigar los procedimientos policiales, ya que la mayoría de denuncias apuntan a abusos de autoridad y violaciones que incluso han provocado desplazamientos forzados”, expresó Mena en declaraciones a medios de comunicación.
Más sobre le tema: Ocho de cada diez capturados han sido liberados en Honduras durante estado de excepción
Lo expuesto por Mena coincide con datos documentados. Criterio.hn ha detallado en diversos artículos cómo los uniformados han utilizado el estado de excepción como pretexto para cometer delitos.
Según registros del Ministerio Público, durante el periodo en que esta medida ha estado vigente, se han recibido alrededor de 900 denuncias contra policías y militares por diversos delitos contra la ciudadanía en el ejercicio de sus funciones. Estas denuncias incluyen desde la implantación de pruebas falsas hasta abuso sexual y vínculos con el crimen organizado.
De acuerdo con la información publicada por el Poder Legislativo en redes sociales, la justificación para ratificar la prórroga se basó en que 66 municipios no registraron homicidios y se destacó una reducción en los índices de asesinatos comparados con años anteriores.
Le puede interesar: Cuestionan la continuidad del estado de excepción en año electoral
¿ES LA ÚLTIMA PRORROGA AL ESTADO DE EXCEPICÓN?
Aunque no se ha oficializado desde el Poder Ejecutivo, esta podría ser la última extensión al estado de excepción, debido al aumento de cuestionamientos por su ineficacia e ilegalidad, lo que ha llevado a las autoridades de la Policía Nacional a considerar si solicitarán una nueva prórroga o buscarán alternativas a esta medida.
Lo anterior fue declarado por el director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy, en un foro televisivo, donde aseguró que, de no aprobarse una nueva prórroga del estado de excepción, ya cuentan con alternativas de seguridad listas para implementar.
“¿Van a quitar el estado de excepción? Está perfecto. Nosotros ya tenemos nuestras salidas legales; ya elaboramos nuestro plan para que, cuando quiten el estado de excepción, la Policía no deje de trabajar y seamos aún más eficientes. Si quitan el estado de excepción, la Policía no va a dejar de funcionar”, declaró Aguilar Godoy.
Con lo expresado por el director de la Policía Nacional, la suspensión literal del estado de excepción permitiría restablecer las garantías constitucionales, como la libre circulación, la libertad de asociación y reunión. Esto significaría que las autoridades no podrían realizar arrestos ni allanamientos únicamente basados en sospechas de actividad delictiva. En su lugar, sería obligatorio contar con el acompañamiento de fiscales del Ministerio Público y la autorización previa de un juez, siguiendo los procedimientos legales correspondientes.
En conclusión, para el director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Javier Acevedo, la suspensión del estado de excepción aún es una utopía, ya que no ha sido formalizada, y su continuidad se definirá hasta el 5 de enero del próximo año.
Sin embargo, se perfila como un escenario probable debido a factores como el abuso de autoridad que permite esta medida y las posibles implicaciones legales que podrían derivar en demandas internacionales contra Honduras.
“Este estado de excepción ha evidenciado cómo operan las autoridades. Hemos observado abusos de autoridad en contra de la población; personas afectadas injustamente, acusadas como miembros de agrupaciones criminales mediante pruebas falsificadas, según quejas recibidas. Aunque también hay aspectos positivos, como la reducción de homicidios”, comentó Acevedo.
