El Juzgado de Letras con competencia en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción ordenó reiniciar las actuaciones en el caso contra el exalcalde Nasry Asfura. Su abogado, Dagoberto Aspra, informó que el caso será remitido a la Corte Suprema de Justicia para ser conocido por un juez natural
Según explicó un abogado penalista, la acción no significa una absolución, sino que el juicio continúa pero en otra instancia.
Tegucigalpa, Honduras. – El Juzgado de Letras con competencia en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción emitió una resolución de segunda instancia judicial, ordenando reiniciar las actuaciones promovidas por el Ministerio Público (MP) en el caso contra el exalcalde y precandidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, según informó su defensa.
Dagoberto Aspra, el abogado de Nasry Asfura, informó a los medios de comunicación que el juez ha decidido remitir el caso a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que sea conocido por un juez natural, ya que involucra a siete personas más.
Además, Aspras señaló que la orden del juez también incluye la devolución del dinero pagado por la fianza en septiembre de 2024, así como los medios de prueba, y la revocación de las medidas cautelares, incluyendo la prohibición de salir del país.
El abogado German Licona explicó que ahora será responsabilidad de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Obando, designar a un juez natural para que conozca el caso y emita un fallo, que podría ser una sentencia absolutoria o condenatoria.
En tanto, el abogado penalista, Alex Navas, aclaró que el recurso dicta el traslado de las diligencias sobre corrupción y lavado de activos a un juez especial (Magistrado de la CSJ) debido a que entre los imputados se encuentra una diputada electa por el Parlamento Centroamericano, razón por la cual el juicio debe continuar pero en otra instancia.
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CELEBRA FALLO
El fallo anunciado el 4 de diciembre de 2024, ya había sido anticipado por Asfura y su defensa. Asfura llegaba victorioso a cada audiencia, acompañado de activistas del Partido Nacional.
En tanto Aspra, defendía que estaban preparados para el juicio, asegurando que era la tercera vez que llevaba a su cliente por el mismo caso, lo que constituirá un doble juzgamiento, versión que sigue sosteniendo.
De su lado, el jefe de la Unidad Fiscal Contra las Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, justificó la acción que lideró en 2024, argumentando que los procesos anteriores fueron antejuicios y que ninguno de los funcionarios había sido llevado a un juicio formal, por lo que descarta la aseveración de un doble juzgamiento.
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HISTÓRICAS ACUSACIONES
El caso que no fue cerrado sino remitido a una segunda instancia judicial, ordenando reiniciar las actuaciones, se trata de la malversación de fondos públicos durante la gestión de Asfura.
Según investigaciones de la fiscalía, el desvío supuestamente se realizó mediante la emisión de 32 cheques mediante funcionarios municipales habrían conformado un esquema de lavado de dinero, desviando 28,559,062.20 millones de lempiras que resultaron en beneficio de Asfura, de familiares y para campañas políticas.
Pero en esta ocasión no es la primera vez que Asfura es acusado de cometer actos de corrupción, ya que, en octubre de 2020, la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) presentó una solicitud de antejuicio contra el exalcalde Nasry Asfura y la regidora Nilvia Castillo por el desvío de más de 28 millones de lempiras.
Fueron acusados de varios delitos, incluyendo malversación y lavado de activos. Sin embargo, en diciembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia concedió una acción de amparo que impidió acciones penales en su contra.
En septiembre de 2023, el Poder Judicial declaró sin lugar la privación de dominio sobre seis bienes inmuebles, debido a un informe forense incompleto presentado por el Ministerio Público.
De igual forma, en 2021, Asfura el actual precandidato presidencial por el Partido Nacional, fue implicado en la investigación internacional «Pandora Papers». Esta investigación vincula a políticos corruptos de todo el mundo con la creación de empresas en paraísos fiscales como Panamá e Islas Vírgenes Británicas.
